Quién es Carlos Stornelli, el fiscal que va por el derecho a la protesta

Redacción Canal Abierto | Es el responsable del armado de la causa a los manifestantes contra la Ley de Bases, a quienes acusa de la comisión de delitos tales como “sedición”, “atentado contra el orden constitucional y la vida democrática” y “acciones terroristas”. Por esto, solicitó que todos los acusados transiten el proceso en prisión, incluso a 14 de las 17 personas liberadas por la Juez Federal Servini.

Pero, ¿quién es Carlos Ernesto Stornelli, el fiscal que va por el derecho a la protesta en la Argentina?

Nació el 1 de febrero de 1960 en el seno de una familia católica del barrio porteño de Flores. Su padre, el teniente coronel del ejército Atilio Stornelli fue quien encabezó la intervención de la ex Radio Belgrano durante la última dictadura.

Durante aquellos trágicos para la gran mayoría de los argentinos conoció a quien se convertiría en la madre de sus hijos. Hija de Llamil Reston, general de divisón del Ejército y ministro de Trabajo durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, Claudia Reston también hizo carrera como abogada y llegó a dirigir la Asesoría Técnica de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación desde la década del 90 hasta el 2008.

Desde hace más de tres décadas, Stornelli encabeza la Fiscalía Federal N° 4 porteña. Fue nombrado en 1993 gracias al padrinazgo de Carlos Corach, por entonces secretario de Legal y Técnica de Carlos Menem. Unos nueve años más tarde, ya con la caída en desgracia del menemismo, su nombre estuvo en todos los medios por pedir la detención domiciliaria del ex presidente en el marco de la causa por contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

Luego de tramitar una serie de causas resonantes, como el caso Skanska, en el que investigó el pago de coimas para la construcción de dos gasoductos, en 2007 asumió como ministro de Seguridad bonaerense del recién asumido gobernador Daniel Scioli.

Un paso accidentado por la provincia

Su gestión se caracterizó por la marcha atrás a las reformas iniciadas por su antecesor en el cargo, León Arslanián, quien había avanzado en la descentralización y purgado de La Bonaerense. Su paso por el Ejecutio provincial estuvo signado por varios escandalos, como fue la desaparición de los Pomar. Hasta que no fueron allados los cuerpos, 25 días tras el accidente, el entonces ministro intentó plantar pistas y teorías falsas sobre un supuesto secuestro a manos del padre de la familia.

Por aquellos años ocurrió la desaparición seguida de muerte de Luciano Arruga, a manos de uniformados a sus órdenes, a quienes Stornelli intentó proteger en medios de comunicación y juzgados. Vanesa, hermana de la víctima, contó en su momento que durante una reunión, el ministro los maltrató cuando plantearon lo que finalmente comprobaría la justicia: a Luciano lo mataron porque se negó a robar para la policía.

Estos traspiés al mando de la cartera de Seguridad y varias protestas tras una serie de violentos asaltos precipitaron su renuncia en mayo de 2010.

De vuelta a Comodoro Py y la Bonbonera

Tras una incómoda salida del gabinete provincial, repartió su tiempo entre juzgados federales y el mundo del fútbol, siempre con aceitados vínculos con la política.

Fue miembro de la Comisión Directiva y la Comisión de Seguridad de Boca Juniors, primero con Mauricio Macri al mando del club y luego con el operador político de este en Tribunales, Daniel Angelici. Allí cosechó una amistad con el entonces jefe de la barra xeneize, Rafa Di Zeo, quien en entrevistas televisivas se jactaba de aquel vínculo mientras defendía su derecho a los “negocios lícitos e ilícitos” en una Bombonera a la que tenía prohibido el ingreso.

Con el kirchnerismo en franca retirada y fiel a la histórica tradición acomodaticia con el poder de turno de Comodoro Py, se convirtió en uno de los principales opositores a Cristina Fernández de Kirchner con investigaciones resonantes como la Causa Hotesur (2014) y la Causa de los cuadernos (2018).

Como derivación de este última causa surgió el escándalo D’Alessio, donde se acusa a Stornelli de participar de una asociación ilícita con el fin de extorsionar a empresarios para que no fueran incluidos en las investigaciones. Por este motivo fue imputado por la presunta comisión de ocho hechos delictivos por el juez Alejo Ramos Padilla y declarado en “rebeldía” tras ignorar seis llamados a declarar. A diferencia de cualquier ciudadano de a pie, el fiscal federal no sufrió ninguna consecuencia.

Casualmente, recién en marzo de este año resultó sobreseído por cuatro hechos de presunta extorsión y espionaje ilegal en los que estaba involucrado.

Otra decisión que pinta de cuerpo enter su accionar es que en enero de 2023 -en plena feria judicial- haya dictaminado a favor de archivar una denuncia contra el ministro porteño Marcelo D’Alessandro y el funcionario de la Corte Suprema Silvio Robles por los chats que los involucraban en supuestos delitos. Lo curioso es que lo hizo pese a que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner le había advertido que también el elemento que disparó aquel expediente había sido fruto de una ilegalidad.