Basureros del fracking: reponen un embargo por 7 millones de dólares por contaminación y fraude

Redacción Canal Abierto | La Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (COMARSA) se instaló en 2014 en un predio cedido por la provincia en el Parque Industrial Neuquén para disponer allí una planta de tratamiento de residuos de la actividad extractiva de hidrocarburos por fractura hidráulica. Eso terminó siendo un “basurero del fracking” en el que acumularon millones de metros cúbicos de material de descarte a cielo abierto y sin ningún tratamiento, proveniente de las perforaciones de Vaca Muerta.

En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentaron una denuncia penal por contaminación ambiental contra la empresa.

Comarsa es acusada de contaminar el ambiente y poner en peligro la salud de la población, en violación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y el Código Penal. Los imputados enfrentan cargos por contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal) y administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal).

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En febrero de 2024, luego de la instrucción de la causa, la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales de Neuquén, a cargo del fiscal Maximiliano Breide Obeid, acusó por los delitos mencionados a Juan Manuel Luis, fundador y director de la empresa, Héctor Basilotta, director suplente entre abril de 2014 y enero de 2021; y Federico Ponce, gerente general y responsable técnico de la firma entre 2013 y septiembre de 2016.

A solicitud del ministerio público el juez de Garantías Mauricio Zabala ordenó el embargo por 7 millones de dólares de las cuentas del dueño y del ex director suplente de la empresa, dispuso la prohibición de salir del país sin previa autorización a los imputados y declaró la inhibición general de bienes de la empresa. El embargo afecta a los bienes de Comarsa y las cuentas bancarias y billeteras virtuales de ambos.

El 14 de marzo, un pronunciamiento dictado por el Tribunal de Impugnación limitó el embargo al monto correspondiente a las multas vigentes por contaminación según la legislación específica. Con fecha 5 de julio de 2024, un nuevo dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, con la firma de los jueces Alfredo Larumbe y Evaldo Moya, restauró el embargo original. En el mismo disponen que, de forma inmediata, se concreten los embargos y las inhibiciones de bienes dispuestas originalmente y hace cargo de las costas del proceso judicial a los imputados.

Un freno a la impunidad

“En el corazón de Vaca Muerta, un tribunal falló en favor del recurso que presentamos como AAdeAA -junto a la APDH y la Fiscalía de Delitos Ambientales local- que tuvo por objetivo restaurar los embargos millonarios contra la empresa y sus principales socios. También ratifica una mirada política en relación a los crímenes ambientales, considerados como delitos de los poderosos, delitos de cuello blanco”, sostiene en diálogo con Canal Abierto Rafael Colombo, abogado querellante en representación de los Abogados Ambientalistas. “Finalmente, se abre la oportunidad para que los costos de la recomposición del colosal pasivo ambiental producido sobre tierras públicas, sea pagado por Comarsa, los empresarios imputados y, especialmente, las corporaciones petroleras que generan estos residuos provenientes del fracking”.

“Este fallo pone un freno al estado de impunidad que favorece a la industria fósil y que predomina en Vaca Muerta desde hace más de 10 años, transformando provincias  habitadas por comunidades campesinas e indígenas, en territorios de sacrificio”, concluye Colombo.

Fuente: https://canalabierto.com.ar