¿Qué dice el proyecto sobre baja de edad de punibilidad que ya ingresó a Diputados?

Redacción Canal Abierto |  Con las firmas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos y del Presidente Javier Milei, finalmente el lunes ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley para bajar la edad de punibilidad a 13 años.

De acuerdo a un documento elaborado por el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), entre los aspectos más preocupantes, el proyecto habilita para esos adolescentes penas de hasta 20 años de prisión.

Además, crea un sistema para los menores de 13 años  “que reproduce el Patronato, derogado en 2005 mediante la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sin límite de edad”. Concretamente, los no punibles “quedan en manos de un juez penal hasta que ya no estén en riesgo o no sean riesgosos”.

Como señala el proyecto en su artículo 25, el magistrado incluso podrá evaluar el caso y en ciertas instancias “disponer la internación del adolescente en un instituto especial, separado de los detenidos”.

¿Institutos especializados?

El artículo 11 habla de medidas alternativas para cuando la pena prevista sea de entre 3 y 6 años de prisión, y cuando se den algunas circunstancias, como que no haya muerte de la víctima, ni una grave violencia física o psíquica sobre las personas. Sin embargo, al enumerar las sanciones posibles, en su punto “h” vuelve a incluir la pena privativa.

En otros casos, como ya se señaló, las penas pueden ser de hasta 20 años, lo que significa un aumento de las escalas penales máximas para los adolescentes, que hasta hoy llegan a los 15 años.  Así lo explicaba Santiago Amilcar Tovario, de la Asociación Pensamiento Penal, en un artículo titulado “El fin del sistema penal juvenil resocializador”

Sobre los lugares de alojamiento, el artículo 28 dispone que “el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención”, pero también permite que se los reciba en una “sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario”, a lo que agrega que debe ser “adecuada para el tratamiento de adolescentes”.

Como señala Tovario, en la práctica, “se suprime la obligatoriedad de centros de detención especializados y centralizados únicamente en adolescentes”.

“Mentiras y falacias”

Para el CEPOC, el proyecto parte de una serie de falacias o mentiras, y quizás la más mediática tiene que ver con la supuesta gran incidencia de los delitos cometidos por niños y adolescentes.

“El gobierno necesita hacer creer que la criminalidad juvenil es un problema gravísimo, y que bajar la edad a los 13 años resolverá en algo ese estado de cosas”, dice el CEPOC . “Para fundamentar eso –apunta-  presenta algunas cifras, omitiendo otras (que es un modo de mentir) y las analiza de modo falaz”.

Las cifras que en efecto se presentan en el fundamento del proyecto de ley son las de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que muestran la cantidad de procedimientos penales iniciados en la Justicia Nacional de Menores de Ciudad de Buenos Aires. En esos datos, se observan aumentos del 22% en 2021, del 10% en 2022 y del 9% en 2023, cuando el total de casos llego a 986.

De ese total, aclara el CEPOC, solo el 32% de los casos corresponden a menores de 16 años, o sea los actuales no punibles. Además, no se trata de delitos gravísimos: el 84,5% fueron contra la propiedad, “lo que incluye tanto el robo de una manzana en una verdulería, hasta un celular”. “Ese tipo de delitos, obviamente, está vinculado con las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes que los cometen”, alerta el informe.

El proyecto también cita un documento de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), con cifras que muestran el aumento de la presencia de adolescentes en dispositivos especializados, pero solo desde 2021. Ese año, el total fue de 1929 y en 2023, los casos llegaron a 2407.

“Si miramos un poco más atrás, por ejemplo 2015, vemos una notoria baja de casos: en 2015 el número de personas menores de 18 años sometidos a algún tipo de intervención penal era de 3908. Es decir, bajó, desde 2015, al primer semestre de 2023, en un número absoluto de 1501 personas. Esa disminución no se toma en consideración”.

¿Qué soluciona?

En diálogo con Radio Estación Sur, Claudia Cesaroni del CEPOC, explicó que “un pibe que comete delitos también es niño, por lo que es necesario que cada país establezca una edad a partir de la cual si comete delitos va a ser introducido en un sistema penal que tiene que ser distinto que si fuera un adulto”. Y aclaró: “No decimos que son niños porque somos garantistas, zaffaronistas o tarados, si no porque se estableció a nivel internacional que todas las personas menores de 18 años son consideradas niños”.

En tanto, advirtió que si bien el Gobierno cuestiona que la edad de punibilidad sea alta en Argentina en relación a otros países –en los fundamentos dice que esto responde a un “ordenamiento legal desactualizado”-, es algo que en verdad es elogiado por todos los organismos internacionales.

“¿Por qué?”, se pregunta. “Porque saben que introducir niños y adolescentes a edad temprana en el sistema penal no previene el delito, porque saben que no es un problema que requiere esa respuesta y que en la mayoría de los casos sirve para estigmatizar aún más a ese niño,  introducirlo en una carrera delictiva y porque dificulta su integración social”, afirmó la especialista.

En el fondo, para Cesaroni lo que hay es más de un modelo que “dinamita el Estado social” y “ensancha el Estado penal”.

El texto completo del proyecto: