Partimos de esta base: si un niño tiene una inconducta, es un problema, así sea uno o cien mil. Para el caso, es lo mismo: debemos proteger la niñez. No solo porque debemos respetar las convenciones internacionales, a las que adherimos porque están incorporadas a nuestra Constitución. El sentido común nos indica que, si nosotros no atendemos a nuestra niñez, mal podremos hablar de la juventud y, menos, de la población en general.

Yendo al tema de fondo, que es la edad de imputabilidad: para mí, la discusión, tal como está planteada, es estéril. Porque, más allá de la edad, esa persona se irá a acostar sin comprender la criminalidad de sus actos. A la mañana siguiente despertará y, por arte de magia, descubrirá el mundo de las penalidades. Me parece algo ridículo.

En otros países existen, desde hace cientos de años, otros sistemas en que lo que interesa es, primero, determinar en qué estado de su desarrollo se encuentra el menor de edad. A partir de ahí se determinará cómo lo vamos a juzgar.

Me parece que el Gobierno necesita dar respuestas rápidas a la población. Lo hizo en términos económicos, con medidas drásticas que redundarán, según ellos, en la baja de la inflación. Ahora, en aquello que tiene que ver con lo punitivo, esto sería una respuesta rápida a la sociedad en términos de represión a la producción y comisión de un delito.

Sin embargo, con esto no se soluciona el problema. Porque, en definitiva, antes de castigar a un menor de trece años de edad, deberíamos hacernos un montón de preguntas: ¿dónde lo vamos a colocar?, ¿quién lo va a asistir?, ¿qué pasará con ese niño y su entorno?, ¿cómo evolucionará esa persona?, ¿no estaremos creando un monstruo en diez años? Todas esas cosas no creo que estén contempladas dentro del proyecto de ley.

Más allá de cifras y urgencias

Desconozco las cifras estadísticas de los delitos cometidos por menores de trece años. Pero sí puedo decir que el número de delitos es bajo. Lo que ocurre es que todo delito cometido por menores de trece años de edad golpea mucho a la sociedad. Primero, porque nos duele que un chico nos robe. Y, segundo, porque nos interpela como sociedad en cuanto a lo que deberíamos haber hecho por ese chico y no hicimos.

El problema es serio y necesita un abordaje. Pero, para tener un abordaje, debe ser tratado por varios sectores. Se necesitan diversas opiniones y de esa discusión sacaremos una nueva conclusión. Eso no se puede hacer de un día para el otro. Mi opinión es que el respeto a las etapas madurativas es esencial. Pero también es esencial definir qué tipo de abordajes haremos con el menor.

Muchos proyectos fracasaron porque les dieron una intervención penal, guardándolos en institutos de menores. Estos institutos eran como «minicárceles» para niños donde, en definitiva, pasaban dos cosas: el menor se escapaba o se calificaba para mejores actividades delictivas.

Eso tiene que cambiar. Los operadores de ese tipo de lugares tienen que ser otros. La finalidad y los objetivos también tienen que ser otros.

*Juez del Tribunal Criminal N° 4 de La Matanza.