EL DNU DE MILEI PONE EN RIESGO LA REPUBLICA Y LA VIDA EN DEMOCRACIA.
Consideraciones Generales
Las y los Socialistas estamos dispuestos a debatir las reformas que el Estado necesita, la eliminación de los privilegios y todas aquellas propuestas que el Poder Ejecutivo quiera enviar al Congreso de manera democrática. Con la coherencia de lo dicho y de lo hecho, nuestra voluntad de diálogo y consenso se mantiene, siempre que no existan condicionamientos o extorsiones, y los debates se realicen en el marco de la ley.
Ante ello, debemos decir que rechazamos el DNU lanzado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, ya que la Constitución Nacional le prohíbe legislar por decreto, y sólo el Congreso tiene esa atribución en una democracia republicana como la nuestra. Así como la Constitución Nacional le ha asignado determinadas facultades de gobierno al Poder Ejecutivo, le ha atribuido también al Parlamento la responsabilidad de dictar las leyes que rigen nuestra vida. Los DNU en general y el 70/2023 dictado por Milei en especial, contrarían el principio de división de poderes que hace al corazón mismo del sistema republicano de gobierno.
Nuestro diseño institucional, desde 1853, busca asegurar un esquema de frenos y contrapesos entre las diversas ramas del Estado, con el fin de evitar excesos que pongan en riesgo derechos y libertades. Cuando se soslaya al Congreso de sus competencias específicas, no sólo se está afectando el principio de legalidad sino al corazón mismo del sistema democrático, que exige deliberación pública y consensos.
El uso y abuso de los DNU por parte de los presidentes, generalmente fundados en razones de emergencia y estado de necesidad confusamente expuestas e invocadas, dio lugar a que se los limitara en la reforma constitucional de 1994, en la que nuestro compañero Guillermo Estévez Boero se manifestó directamente en contra de otorgarle esta facultad al Poder Ejecutivo.
En 2006 se (mal) reglamentó esta facultad mediante la ley N° 26.122. El entonces partido de gobierno en lugar de limitar, amplió las facultades del Poder Ejecutivo en esta materia. En el debate en el recinto, el diputado socialista Hermes Binner se opuso a la redacción propuesta por la mayoría, proponiendo que para que un DNU sea válido debía ser aprobado expresamente por ambas Cámaras del Congreso. Muy distinta sería hoy la realidad si el gobierno kirchnerista de entonces hubiera receptado la postura democrática del socialismo.
Como lo vienen sosteniendo casi unánimemente todos los constitucionalistas (excepto el nuevo Procurador del Tesoro designado por el actual gobierno y quien fuera integrante de la Corte de la mayoría automática del menemismo) el DNU de Milei es incompatible con la Constitución. Ni de sus fundamentos genéricos ni de las explicaciones del Presidente, voceros y funcionarios, surge la adecuación del decreto a los requisitos de excepcionalidad exigidos por la propia Constitución y por los estándares impuestos por la Corte Suprema.
A 40 años de la democracia, el deterioro social, político y económico de nuestro país es evidente. Desde el socialismo consideramos que la salida a esta acuciante situación es con mayor nivel de participación activa, diálogo institucional y consenso político. No hay margen ni virtud en los atropellos y limitaciones a la ley máxima que nos rige como Nación. Sostenemos nuestra predisposición a recorrer un camino desde el plano legislativo para pensar un Estado a la altura de las necesidades de las y los argentinos, aunque no de esta arbitraria e incoherente manera.
