Procesamiento y persecución a líderes sociales

Redacción Canal Abierto | El juez Sebastián Casanello dispuso el procesamiento del dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni por administración fraudulenta por supuestos desvíos de fondos del programa Potenciar Trabajo. La misma medida recibieron otros 12 militantes de la organización.

Y el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, pidió el llamado a indagatoria Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita y ex Secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, requisitoria que fue denegada por Casanello.

Desde el Polo Obrero emitieron un comunicado en el que adelanta que apelarán y se pedirá la anulación de los procesamientos a los que califican de “vergonzantes” y convocan a una conferencia de prensa mañana a las 10 en Monteagudo 730.

El magistrado funda su decisión en base a elementos que probarían la existencia de facturas truchas a la Editorial Rumbos, a la que califica como “empresa fantasma”. Según las premisas de la acusación, la secretaría facilitaba los fondos, la organización justificaba los gastos a través de la editorial presentando facturas que el Estado no controlaba.

También que la contraprestación laboral que el programa exige no era efectuada por los destinatarios, sino que la organización les imponía la asistencia a las movilizaciones y acampes.

A través de un comunicado, el Polo Obrero denuncia que el procesamiento viola el derecho a la defensa, al negar la ampliación de indagatoria de Eduardo Belliboni y María «Tango» Dotti, “que fueron presentados antes de la feria judicial y que solicitaron presentar más pruebas refutando las acusaciones”.

“La construcción del juez es una amalgama de mentiras que ignora la realidad y las pruebas presentadas con el objetivo de avanzar en la persecución y criminalización del Polo Obrero, por el rol que ha jugado en la organización y la movilización de los barrios más explotados del país”, advierte el texto.

Y sugiere que Casanello actúa respondiendo a exigencias del ejecutivo para montar un mecanismo de persecución contra la organización, que fue la responsable de la primera movilización contra el Gobierno, el 20 de diciembre de 2023. Como indicio, recuerda que no se le permitió a los imputados tener acceso a las pruebas antes de la indagatoria.

“Ahora, se dictan los procesamientos antes de que se realice la pericia sobre las cámaras de la sede de la asociación civil, donde se va a mostrar que se realizó en forma irregular, sin testigos que entraran a tiempo y apagando las cámaras. Barriendo estas pruebas debajo de la alfombra, el Juez avanza en falsificaciones que ignoran totalmente las pruebas presentadas”.

Uno de los puntos en los que se basará la apelación es la existencia y solvencia de la editor Rumbos, en base a ediciones publicadas y participación en la Feria del Libro. “El Polo Obrero reclamó justamente ampliar la declaración indagatoria para mostrar las pruebas de las compras realizadas, presentando certificaciones de escribano que las acreditan. Solamente ignorando los hechos se puede sostener que no existieron las compras de folletos de formación, papel, ropa de trabajo y maquinaria que se usó masivamente en todo el país”, señala el comunicado.

Y detalla: “el Juez lleva esta falsificación al extremo cuando pone en duda la existencia de una impresora Heidelberg que está instalada en la sede central de la asociación, incluso está en los registros del allanamiento. Contra la mentira de la malversación de fondos, el Polo Obrero está certificando toda la maquinaria y equipos que están instalados en todo el país mediante escribano público”.

Al respecto, el Polo Obrero plantea: “que una editorial tenga posiciones políticas es parte de la vida normal y habitual de las editoriales, pero cuando el Juez establece que una editorial es una «caja política« encubre un ataque velado tanto a la libertad de prensa como el régimen de partidos, porque con esos argumentos podría sostenerse que cualquier medio de difusión que levante posiciones o le dé voz a dirigentes políticos de fuerzas políticas actúa como un agente de los partidos”.

También tachan de falsa la acusación del magistrado según la cual el Polo Obrero no rindió desembolsos de los convenios y afirman que el 97,3% de los proyectos fue rendido y “el restante marginal fue obstaculizado justamente por la inhibición de cuentas dictada por el juzgado”.

Respecto de la acusación que indica que las contraprestaciones laborales no se cumplían, la organización afirma que “solamente en el comedor Mariano Ferreyra de Bajo Flores se cocinaba todos los días para 600 familias. ¿Quién cocinaba? Se construyeron casi 50 sedes en todo el país de las cuales se aportaron fotos y pueden ser visitadas y en varios casos se terminaron aportando fondos solidarios ante la falta de otorgamiento de los fondos oficiales ¿Quién las construyó? Se realizaron cientos de cursos y talleres en todo el país, se realizaron capacitaciones para formación laboral en el rubro gráfico, textil, sublimado, talleres culturales, periodismo comunitario entre otros rubros”.

Y respecto de la obligación de concurrir a las medidas de fuerza, responden que “la necesidad de movilizarse no surgía de ninguna “coacción” de la organización sino de la necesidad de arrancarle al Estado los reclamos que nunca iba a satisfacer si no era bajo la presión de la lucha organizada”.

«La lucha contra esta causa entra en una nueva etapa y vamos a darla como parte de la gran lucha contra el hambre y por las libertades democráticas y el derecho a la protesta que quieren pisotear tanto Bullrich y Milei como todo el poder judicial», concluye el comunicado.