Un respiro para el monte chaqueño: Una cautelar suspende los desmontes
Un juzgado federal de Resistencia hizo lugar a la cautelar interpuesta por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas junto a la denuncia penal contra un entramado de funcionarios, empresarios y firmas que lucra con la destrucción del bosque nativo.
Redacción Canal Abierto | En el marco de la denuncia penal contra la “Mafia del Desmonte” en Chaco promovida por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), la jueza federal Zunilda Niremperger, responsable del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, acaba de dictar una medida cautelar que suspende los desmontes en toda la provincia por el término de tres meses, con posibilidad de que ese plazo sea extendido.
La resolución judicial ordena al poder ejecutivo provincial, específicamente al Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, “la suspensión de los desmontes, tanto los que hubieren sido autorizados y aún no se han ejecutado, como así, el otorgamiento de nuevos permisos para ello, en el territorio de la provincia del Chaco; debiendo adoptar las medidas pertinentes a los efectos de supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento de la misma”, según reza el texto procesal.
La medida dispuesta fue solicitada por la organización ambiental junto a la denuncia de la trama de corrupción que une a funcionarios y empresarios en el otorgamiento de permisos de desmonte irregulares y la modificación de normas protectoras que en pocos años provocará el exterminio del bosque nativo.
La denuncia penal, y la posterior acusación del fiscal federal Patricio Sabadini, es contra Hernán Halavacs, gestor forestal, actual ministro de Producción de Chaco; Miguel Ángel López, ex director de Bosques de la provincia, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, ex subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del ministerio mencionado; Atlanto Honcheruk, empresario forestal y diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo; y Hernán Miguel Brunswig, exministro de Ambiente, imputados en la instrucción por “Abuso de autoridad e incumplimineto de deberes de funcionario público”, “Tráfico de influencias”, “Negociaciones incompatibles con la función pública”, “Malversación de caudales públicos” y “Asociación ilícita”.
Un respiro para el monte chaqueño
“Lo que hicimos fue juntar un montón de información, tomarnos el trabajo de ponerlo en una denuncia penal y llevarlo a la justicia federal”, explica Enrique Viale, abogado referente de la AAdeAA. “Lo que intentamos fue poner nombre y apellido a los dueños del desmonte: Hernán Halavacs, hoy ministro y antes desmontador récord como gestor cuando Luciano Olivares -al frente de Desarrollo Forestal- le otorgaba los permisos; el diputado Atlanto Honcheruk, millonario, dueño de la principal empresa de transporte forestal de la provincia; (Miguel Ángel) López, dueño de los aserraderos más grandes de la provincia y durante más de una década (director de Bosques de la provincia) el que decía dónde se desmontaba y dónde no…”.
Chaco es la provincia con mayor superficie desmontada del país. También a nivel internacional es una de las regiones donde más se arrasó con el bosque nativo, y esto se condice con los mayores niveles de pobreza del país. “Porque el desmonte es pobreza”, sostiene Viale, “la destrucción ambiental es pobreza”.
“Esta decisión judicial es un respiro para el monte chaqueño y su gente. Vamos a seguir adelante hasta desarticular a la Mafia del Desmonte”, declaró el abogado y destacó el trabajo en conjunto con la organización chaqueña Somos Monte.
La causa
A fines de abril, con tratamiento exprés, la legislatura de Chaco votó la ley 4005 R modificando el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). La norma reduce la protección y permite el avance de las topadoras sobre el monte nativo, territorios habitados por campesinos e indígenas y hogar de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Esta ley provincial es absolutamente inconstitucional y su sanción, en la madrugada del 30 de abril, tuvo graves irregularidades.
La nueva ley además permite seguir ampliando los negocios ilegales en beneficio de un puñado de empresarios, funcionarios y políticos que van cambiando del lado del mostrador pero siempre salen ganando.
La denuncia de la AAdeAA va contra los empresarios y funcionarios previamente mencionados pero debido a la gravedad de los actos el fiscal solicitó también la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas ampliando la investigación a empresas como Vicentin; Las Guindas; Establecimiento Monterrey; Cuenca del Salado; Grupo Buratovich Hermanos; MSU; Triad; Alejandro Hayes Coni, Ricardo Shihon y Jerilderie; CIGRA; y La Nueva Pirámide, entre otras. Estas firmas habían sido señaladas en la documentada denuncia de la AAdeAA.
Fuente: https://canalabierto.com.ar
