De la jornada participaron monseñor Eduardo García, obispo de San Justo, y monseñor Oscar Ojea, obispo de San isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Asimismo, referentes de la comunidad expusieron las necesidades de los barrios más humildes y las duras historias de vida con que tratan a diario.

El acceso a la Justicia como herramienta indispensable

“Hace más de 50 años, vecinos fueron situados en este lugar con la promesa de vivienda, futuro y urbanización, algo que nunca se cumplió. Hay una realidad de casas precarias, sin cloacas ni acceso a servicios, que viven padres, sus hijos y sus nietos. Este lugar tan alejado y en situación de vulnerabilidad fue y es el marco propicio para que la droga comience a instalarse de modo sistemático”, expresó monseñor García.

En este contexto, lamentó la ausencia del Estado pero destacó las “ganas de salir adelante” de los miembros de la comunidad, quienes crearon espacios de contención y acompañamiento en los barrios. “Se han puesto la realidad al hombro, tal como viene. Esto permite que los chicos tengan un lugar donde crecer, porque sabemos que la calle es el peor lugar”, agregó García.

Actualmente, hay más de 1.500 Hogares de Cristo donde residen grandes y chicos, impulsados y administrados por vecinos de las comunidades. A pesar de este compromiso de la comunidad organizada, las necesidades aún persisten. “Sentimos una soledad e indefensión muy grande porque los barrios están atravesados por el narcotráfico y trabajamos con el riesgo de nuestra vida”, consideró.

Asimismo, reclamó de la Justicia un acompañamiento “real” que permita juzgar lo que ocurre. “No necesitamos un acompañamiento de escritorio ni de expediente. Nosotros ponemos lo nuestro para acompañar en orden afectivo, pero necesitamos un acceso real a la Justicia”, manifestó el obispo de San Justo.

La dura realidad de quienes trabajan en territorio

Durante la jornada, integrantes de diversos hogares matanceros tomaron la palabra para dar a conocer las historias diarias de lucha. Entre ellos, Cristian, referente de la casa Virgen de Itatí, lamentó que el espacio recibe a chicos con sus derechos vulnerados. “Nosotros queremos devolverles la justicia social, lo que se traduce en oportunidades. Garantizamos un acceso a la educación y al juego”, comentó.

En este contexto, Rosana, quien se desempeña en la cooperativa El Pan Nuestro de Cada Día, expresó su intención de transformar la realidad. “Nosotros peleamos desde acá para que la sociedad pueda cambiar. Tenemos esperanzas, se puede, pero necesitamos que la Justicia nos acompañe porque juntos somos más”, indicó.

Cabe recordar que en los Hogares de Cristo residen aproximadamente 1.600 niños, jóvenes, adultos, ancianos y personas con discapacidad. Son 1.100 los alumnos que se educan en escuelas primarias y 800 en escuelas secundarias, 2.200 los adultos que se capacitan en centros profesionales y 1.400 los niños que asisten a jardines de infantes.

En esa misma línea, el Dr. Daniel Martínez, Rector de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), recordó sus inicios en escuelas rurales y destacó la labor de los referentes que mitigan las necesidades de los niños. “Lamentablemente, hay un Estado ausente que se olvida de los más necesitados y no administra los bienes que posee. Pero siempre aparece la sociedad para trabajar las problemáticas”, expuso.

Diálogo entre funcionarios y la comunidad

En diálogo con El1, Julio Conte-Grand, procurador de la Provincia de Buenos Aires, celebró el trabajo de los referentes barriales. “Lo hacen de una manera fantástica para resolver problemas muy profundos de la gente y generando mecanismos comunitarios donde la Justicia tiene mucho por aportar. Nosotros nos ponemos a disposición para colaborar en todo lo que sea necesario”, expresó.

Además, consideró que existen cuestiones en las que “hay que intercambiar y aportar información”. “Me llevo la convicción de que hay un núcleo constitutivo de comunidad y cuidado común de la gente, elemento sustancial para que se salga de las dificultades a nivel individual o colectivo. Uno de ellos es el aporte de la justicia mediante canales de acceso”, agregó.

Por su parte, Ángela Ledesma, jueza de Casación Federal, expresó su rechazo a la pena perpetua a los menores de edad y se solidarizó con las situaciones de vulnerabilidad que atraviesa la comunidad. “Estamos atentos al acompañamiento, por eso es importante el abrazo que ustedes dan, mientras que las instituciones tienen que servir de garantes”, señaló.

También estuvieron presentes el vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, Facundo Tignanelli, quien consideró a los espacios de asistencia social “un orgullo”, y la defensora de los Derechos de Niños y Adolescente de la Nación, Marisa Grahan, quien criticó que el acceso a la Justicia “es selectivo”.

En tanto, el presidente del Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, Roberto Gallardo, señaló la necesidad de “unir el Poder Judicial” para trabajar las problemáticas vecinales.

Para concluir, monseñor Ojea agradeció la exposición de las problemáticas que atraviesan vecinos de La Matanza. “Esta reunión fue fruto de la inquietud de magistrados, un deseo vocacional de servir a través de la Justicia. Tomaron contacto cercano con lugares donde, verdaderamente, se vive en forma profunda la vulnerabilidad. Hoy escuchamos un pedido de acompañamiento”, cerró.