Delito juvenil: “No tenemos un problema grave pero hay que empezar a poner un ojo”

Redacción Canal Abierto | Este miércoles continúa  en la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto del Gobierno de Javier Milei para crear un nuevo Régimen Penal Juvenil. Entre otras cuestiones, el texto que ayer fue fuertemente rechazado por el Papa Francisco, abre la posibilidad de aplicar penas privativas de la libertad de hasta 20 años a chicos desde los 13, y permite que se los aloje en cárceles comunes, aunque en módulos especiales.

Para Mora López, que coordina el Programa para la Prevención del Delito Adolescente en el municipio de Avellaneda, la propuesta del Ejecutivo es “tan delirante” que cree que muchos aspectos no van a prosperar. Sin embargo, advierte que la baja de la edad de punibilidad a 13 años sí es una cuestión que peligra, incluso por la falta de consensos dentro de Unión por la Patria.

La militante territorial además cuestiona que se proponga reformar una ley nacional para una problemática que está centralizada en el AMBA. Al respecto, detalla: “Nosotros tenemos un problema con el delito adolescente. No es no es un problema mayoritario, no estamos en El Salvador, pero hay algo que la sociedad y que incluso los barrios que decimos representar nos están diciendo hace años”.

Ante esto, “me parece que es un buen momento para debatir”. Pero al mismo tiempo, “hay sectores que sabiendo esto agarran el tema y plantean que hay que ir por más cárcel, por más punitivismo”. “Es lo que nos viene pasando hace mucho tiempo: como nosotros no debatimos seguridad la derecha rancia toma la posta, incluso hacia adentro de nuestros espacios”, plantea.

Sobre el proyecto del Ejecutivo, en tanto, destaca cuatro puntos preocupantes:

1. Que no otorga un trato particular a niños y adolescentes, por ejemplo, a la hora de revisar las penas al cumplir 18 años.

2. Que el criterio para disponer de la pena privativa de la libertad es arbitrario. Así, el artículo 11 establece que para delitos de entre 3 y 6 años se pueden prever penas alternativas, pero si no se causó la muerte de otra persona o si no se generó un “daño psíquico”, algo que para López es un concepto totalmente impreciso.

3. Otro problema es que no especifica delitos, por lo que se amplía la incumbencia del sistema penal a casi toda la órbita de los diferentes conflictos que se pueden desarrollar en la adolescencia. “Te peleaste en la escuela: lesiones. Le sacaste el auto a tu papá: robo”, ejemplifica la especialista.

4. Que abre la posibilidad para que se institucionalice a los que el proyecto de ley considera no punibles, o sea, a los menores de 13 años. Así, por ejemplo, “si una maestra hace un informe porque un chico de nueve años le pegó a un compañero en el patio, se podría hacer una causa por lesiones, entonces (el juez) lo puede internar”.  

“Esa ambigüedad me preocupa un montón, porque básicamente es terminar con todo el Sistema de Promoción y de Protección de Derechos que se construyó en estos años, y con el que efectivamente se ha logrado que el sistema penal sea lo último que agarre a los pibes”, subraya la también militante de Patria Grande. En ese sentido, destaca que hoy en la provincia hay 2000 chicos con medidas en territorio y unos 500 con medidas privativas.

¿Cómo encarar el debate?

López es tajante: para ella, abordar la problemática con la histórica frase de “los pibes no son peligrosos” no es la salida. “Como militantes políticos no nos podemos quedar en la consigna de reclamar más Estado social y menos Estado penal. Tenemos que poder llenarlo de contenido, porque evidentemente hay una falla, tenemos un problema con los pibes”.

En ese sentido, señala que la primera tarea es caracterizar la problemática, “porque no es lo mismo el pibe que robaba en los 90, que el pibe que roba hoy”, para luego responder con propuestas creativas. “Nosotros no nos podemos quedar en cosas estancas. Si en 2012 o 2015 poner un programa en el medio de un barrio era una novedad, hoy seguro que no lo es”.

Y aclara: “No por el programa en sí, sino por el lugar que ocupa en el barrio. Si el pibe está ahí hasta las 4, a las 5 ya está en la esquina, y en la esquina a las 5 no hay nadie”. Entonces, “¿qué hacemos?”, plantea.

Otro ejemplo: “Hay algo de la nocturnidad en los territorios. Están los pibes y están los adultos que no los pueden contener, y el único actor que está hoy es la policía. Bueno, evidentemente tenemos que hacer algo. ¿Cómo ocupamos ese lugar?”.

Por eso, ante el debate que plantea el Gobierno sobre la reforma del sistema penal juvenil, para la trabajadora lo primero es oponerse a que puedan encarcelar a los pibes de 13 años. Pero en paralelo, hay que “llenar de contenido los conceptos: ¿de qué hablamos cuando hablamos de sistemas proteccionales o de políticas sociales’”. La clave, sintetiza, es “que yo hoy pueda ir a un barrio y discutir con la señora que quiere que se lleven preso al chico de 13 años, y decirle que no, porque yo le ofrezco una alternativa”.

 “En tiempos de crisis que te roben un celular se vuelve un tema complejo”

El otro tema que subyace es la dificultad para hablar de seguridad desde una perspectiva de derechos. “Nosotros militamos y habitamos barrios en donde la gente quiere vivir segura, que no está mal porque aparte es un concepto que si no lo tomamos se lo regalamos a la derecha. Y vivir seguro es vivir tranquilo, que no tengas que dar 120 vueltas con el auto para ver si entras”, afirma la trabajadora.

Además, “en situaciones de crisis como esta, que te roben el celular no es solamente pasar un mal momento, es tu economía, porque hace dos años lo podías reponer y ahora es un sueldo”. Entonces, “el delito menor, como lo llaman, en los territorios se vuelve complejo. Y cuando la respuesta no la da la política, la da el territorio, y surgen un montón de linchamientos y de situaciones muy complejas con los pibes”.

En esa línea, sostiene que el programa de Prevención del Delito Adolescente que coordina puede ser un ejemplo, pero porque se sostuvo en el tiempo -ya lleva dos décadas- y porque se dio en el marco de un programa integral de seguridad ciudadana, con una perspectiva de derechos, en el que se intenta evitar la vulneración penal, “que vendría a ser que el pibe termine en una medida restrictiva”.

Fuente: https://canalabierto.com.ar