La relación costo/beneficio no aplica a la salud

En Argentina desde hace 30 años se inventaron las prepagas, una propuesta única, que no existe
en ningún otro país y que tienen como objetivo comercializar diversos planes de salud que brindan
prestaciones médicas asistenciales, un sistema creado con un buen fin, que propone que una
persona pague una cuota mensual y el privado tome ese dinero y lo vaya administrando, con ese
volumen de pago, (que son muchos por mes y pocos los que lo usan), se socializa el esfuerzo, y
ante un evento de salud o gravedad el costo de esa atención lo asume la empresa.
Reconozco que en momentos de responder ante la emergencia las grandes prepagas cumplen lo
pactado, siendo serios y legales en sus funciones porque el problema acá no son las prepagos, el
problema acá es el rol del Estado.

La salud en nuestro país está muy fragmentada, con muchos sistemas, nacional, provincial,
municipal, obras sociales, privada, etc. Y es cada vez más un comercio y no un derecho.
Por ejemplo, en algunos negocios donde pagas 200 a 300 dólares durante 30 años te dan una
montaña de dinero, acá pagas exactamente lo mismo en ese periodo de tiempo y están
esperando que te mueras o te vayas, esto sucede porque en definitiva la lógica de maximizar
ganancias y someterse solamente a la relación costo / beneficio que es lo que plantea la iniciativa
privada, no aplica a la salud, la salud está mucho más en la esfera de la condición humana, es más
compleja que la ecuación de la relación costo-beneficio de un privado. Es allí, donde el Estado
debe intervenir y debe ordenar mecanismos para que una persona o grupo de personas que pagan
ese dinero durante 30 años al final del camino no se conviertan en una carga para el empresario.
Es por esto, que si el Estado no puede cumplir con esa garantía de la salud, debería arbitrar
organizaciones de carácter solidario sin fines de lucro, que sean las encargadas de llevar adelante
este tipo de acciones. que tengan criterio de accesibilidad, que la gente lo pueda pagar, pero
además debe reglarse que la primera condición es la LEGITIMIDAD DE SERVIR.
Estas organizaciones sin fines de lucro deben compartir la misma mirada de bien común que tiene
el Estado, con estructuras que brinden espacios para la sociedad civil y cuenten con la
representación de miembros de colegios, clubes, grupos religiosos y de la comunidad en general,
que puedan tomar decisiones en conjunto generando un mix entre lo público y lo privado sin estar
bajo la órbita del Estado pero compartiendo un mismo fin, donde la financiación y la
administración serían igual que en el sector privado, pero la cabeza de conducción contendría de
una manera más atractiva las necesidades en materia de salud.

Una mirada que comparte la Casa de Auxilio de Ramos Mejía, donde buscamos la participación
activa de la sociedad civil para que sean protagonistas de la toma de decisiones en pro de
garantizar un servicio distintivo, que destaque no solo en la calidad de sus prestaciones y su
accesibilidad, sino en la atención humanizada para todos los miembros de la localidad.
Por esto, el Estado necesita establecer las reglas de juego, la ley está mal y en consecuencia
entender que la salud no se debería manejar como si se tratase de un negocio, como poner una
pizzería por ejemplo, no se le puede pedir a alguien que quiere poner un emprendimiento privado
que busca maximizar sus ganancias que asuma ese rol, por el contrario debería transferirse a
instituciones sin fines de lucro que asuman el compromiso de servir hasta las últimas
consecuencias, hasta el último minuto de sus vidas garantizando las mejores prestaciones por un
criterio de bien común.
No está legislado lo que estoy diciendo, habría que pensarlo, como encauzarlo, porque no es
correcto que un empresario que hace 30 años atrás vio un nicho de mercado y encontró un
negocio que es legal y el que no crítico esté esperando que me muera o que me vaya cuando no
cumplo con su lógica de rentabilidad. Esto debe modificarse, porque sencillamente ese
pensamiento NO ES HUMANO.