Para los ricos, todo; para universidades y jubilaciones, nada
Un análisis de la UBA demuestra que el presupuesto para financiar el sistema universitario y científico equivale a lo otorgado por Milei a los sectores más adinerados que dejaron de pagar Bienes Personales. Plata hay, pero es para unos pocos.
Redacción Canal Abierto | Como sucediera con la fórmula de movilidad aprobada en el Congreso, Javier Milei anticipó que también vetará el financiamiento universitario que tratará el Senado en las próximas horas.
La excusa es siempre la misma (“no hay plata”), al igual que la desacreditación como estrategia: “los legisladores son degenerados fiscales que aprueban nuevos gastos para reventar el superávit fiscal y desestabiliza el Gobierno, tienen que decir de dónde sacamos los recursos”.
Los números, sin embargo, son un problema para este relato y ya casi mantra oficialista. Un informe del Centro de Estudios para la Recuperación de Argentina (Centro RA) de la Facultad de Económicas de la UBA reveló que el recorte sobre el sistema universitario es equivalente al beneficio impositivo que obtuvieron los sectores más pudientes del país con la reciente baja del impuesto a los Bienes Personales, estipulada en la Ley Bases y el Paquete Fiscal.
Es un esfuerzo fiscal de 0,14% del PBI con el que las casas de altos estudios financiarían sus gastos, además de hospitales, la actualización de los fondos de ciencia y técnica y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
El informe agrega también que ese dinero ni siquiera se aproxima a los 0,22% del PBI aportados desde el Estado para el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, que en los hechos beneficia a unos pocos empresarios. Entre ellos, Nicky Caputo, primo del ministro de Economía y amigo íntimo del ex mandatario Mauricio Macri.
Según el Centro RA, del análisis se desprende que la política económica de Milei “evidencia que la inversión en educación superior y ciencia queda relegada ante los intereses de los sectores más ricos” y “revela una discrepancia alarmante en las prioridades del Estado”.
