Transparencia Impositiva: ¿Por Qué No Informar al Ciudadano Sobre los Impuestos en Cada Producto?

Por Juan Severo

En los últimos tiempos, ha surgido una creciente polémica acerca de algunos  municipios de la Provincia de Buenos Aires cobran hasta un 6 % de impuestos sobre los servicios públicos, lo que ha generado debate en torno a la carga tributaria que recae sobre los ciudadanos. Este porcentaje, sumado a los impuestos provinciales y nacionales, aumenta considerablemente el costo de los servicios, sin que muchas veces el consumidor sepa cuánto está pagando realmente en concepto de impuestos y cuánto corresponde al valor del producto o servicio en sí.

Este debate me lleva a una reflexión interesante: ¿por qué no aplicar en los productos y servicios un sistema similar al de las etiquetas negras de los alimentos? Así como estas etiquetas nos informan sobre el contenido de grasas, azúcares y otros componentes perjudiciales para la salud, habría que exigir a los gobiernos, a través de una ley, que se indique claramente en cada producto o servicio cuánto se paga en impuestos y cuál es el porcentaje de ganancia del empresario.

La implementación de una medida así proporcionaría a los ciudadanos una mayor transparencia y permitiría que seamos conscientes de qué parte del costo corresponde a la materia prima, qué parte a impuestos y cuál es la ganancia empresarial. De esta manera, se podría observar con claridad la carga impositiva que soportamos en cada compra o servicio.

Este nivel de transparencia no solo empoderaría al consumidor, sino que también podría estimular un debate más informado sobre el sistema tributario en general. ¿Qué estamos financiando con estos impuestos? ¿Son justos los porcentajes que se aplican en cada nivel de gobierno? ¿Cuánto están ganando los empresarios? Estas son preguntas legítimas que los ciudadanos deberían poder responder con facilidad.

En países con economías complejas y con altos niveles de presión tributaria, como en Argentina, donde a menudo se siente que los impuestos se acumulan sin un retorno visible en servicios públicos, esta medida podría aportar claridad y generar confianza en el sistema. Además, obligaría a los distintos niveles de gobierno y a las empresas a ser más transparentes con sus operaciones y a justificar de manera más clara las razones detrás de ciertos precios.

El conocimiento es poder, y en este caso, permitiría a los ciudadanos tener una visión más clara de cómo se estructura el precio de lo que consumimos diariamente. Al final del día, la transparencia no solo es un derecho, sino que también es una herramienta fundamental para el control y la mejora de los sistemas impositivos y empresariales. ¿No sería justo que, así como controlamos lo que comemos, tengamos el derecho de saber exactamente a qué destinamos nuestro dinero cada vez que pagamos un producto o servicio?