La segunda Marcha Federal Universitaria fue tan contundente como la primera y se desarrolló a solo diez meses de gestión libertaria. Desde el Gobierno, se intentó frenar la multitudinaria convocatoria para evitar el costo político que pudiera tener, por lo que ofreció un aumento salarial de 6,8 por ciento para el sector en octubre, lo que fue rechazado por “insuficiente”.

En un comunicado conjunto, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestaron que la situación es “dramática en materia salarial”. “Un porcentaje enorme de docentes y no docentes perciben un salario debajo de la línea de pobreza, cuando no de indigencia”, alertaron.

“Lo que meses atrás era una profunda preocupación por el ajuste presupuestario para toda la comunidad estudiantil, hoy, es una emergencia que pone en riesgo la esencia misma de la educación pública argentina”, alertaron, y aseveraron: “El acceso y la permanencia para hijos e hijas de familias trabajadoras se convierten en una realidad cada vez más lejana”.

“Esta ley aprobada por el Congreso en un acto de responsabilidad y compromiso le da al sistema universitario previsibilidad presupuestaria”, afirmaron, al tiempo que exigieron que se “reconsidere el proyecto de Presupuesto 2025”. De la marcha participaron miles de personas, entre funcionarios, legisladores, sindicalistas y diversas asociaciones.