Cacerolazo internacional en rechazo a la Ley Ómnibus
A las centrales obreras y sindicatos de distintos puntos del globo, ahora ciudadanos argentinos que viven en el exterior se suman con iniciativas en solidaridad al paro del 24. La Red Argentina No Se Vende convoca a actos en más de 16 capitales.
Redacción Canal Abierto | El DNU 70/2023 de desregulación de la economía y el proyecto de Ley Ómnibus siguen despertando rechazos alrededor del planeta. Luego de los llamados a la acción de sindicatos y centrales obreras, ahora también toman protagonismo los residentes argentinos en el exterior.
Entre ellos, los nucleados en la Red Internacional Argentina No Se Vende, espacio que reúne a organizaciones migrantes, autoconvocados, agrupaciones de izquierda y peronistas, entre otras, presentes en Europa, América latina y Estados Unidos.
Para este miércoles 24, llaman a manifestarse frente a las embajadas argentinas de cada país. Hasta el momento, hay protestas previstas en: Londres, Ámsterdam, Berlín, Malmö (Suecia), Bruselas, Paris, Ginebra, Toulouse, Barcelona, Roma, Valencia, Madrid, Montevideo, Santiago de Chile, Ciudad de México y Nueva York.
En comunicación con Canal Abierto, Ludmila, que es parte de Argentinos en Lucha de Paris, se refirió a los motivos de la protesta y señaló que tanto el mega DNU como la Ley Ómnibus son “anticonstitucionales” y “antidemocráticas”. “Buscan llevarse años de luchas, años de derechos adquiridos, en aéreas como educación, salud, tecnología, género, ecología y muchos otros”, denunció.
También contó que la Red se sigue expandiendo. “Llamamos a que se organicen no solo frente a la avanzada del gobierno de Javier Milei sino también ante la avanzada de la ultraderecha en el mundo, que entendemos que buscar ir en contra de valores de solidaridad y de lo colectivo”, manifestó.
Desde Berlín, Lucena, integrante de la Asamblea en Solidaridad con Argentina -organización impulsora de la Red Internacional- contó que “la idea de este 24 de enero es que nos podamos sumar al paro general en Argentina y que podamos demostrar desde diferentes partes de Europa y el mundo nuestro descontento”.
“Estas medidas ya se han implementado en otros lugares de Latinoamérica y claramente podemos ver las consecuencias, como puede ser Ecuador”, advirtió. “No queremos que en nuestro territorio gobierne el terror, el miedo y la desidia. Estamos convencides de que juntes podemos frenar estar locura que quiere hacer La Libertad Avanza”, subrayó.
El apoyo de las centrales obreras
Mientras la Cámara Baja recibe el nuevo texto de la Ley Ómnibus negociado con la oposición light, se siguen sumando expresiones de solidaridad de centrales, sindicatos y organizaciones de distintos lugares del mundo.
Luego los apoyos que brindaron la Federación sindical IndustriALL, presente en 140 países de todo el mundo, y la asociación ambientalista Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, también se manifestaron la Intersindical francesa y la Confederación Sindical (CCOO) de Madrid, que además anunciaron que movilizarán a sus respectivas embajadas argentinas.
También se suman y llaman a la acción la PIT-CNTI de Uruguay, el sindicalismo de Brasil y el italiano (UIL-CGIL), y organizaciones de Bolivia como Argentinxs Migrantes, sindicatos y organizaciones de México, y Acción Global Feminista en Chile, entre otros.
La intersindical francesa difundió además un comunicado titulado “¡En Argentina, la democracia y los derechos fundamentales están amenazados!”. “A finales de diciembre, el presidente argentino presentó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la Ley Ómnibus, que atacan más de 300 disposiciones que afectan a la base de los derechos individuales y colectivos. Estas medidas cuestionan los fundamentos democráticos del país, rompen con la separación de poderes y violan la Constitución argentina”, expresaron en el texto.
Y advirtieron que “el decreto también pretende desmantelar los servicios públicos y la protección social, con el despido ya de miles de funcionarios argentinos, e implantar una austeridad que devastará el modelo social argentino y los derechos e intereses de los trabajadores y las trabajadoras de Argentina”.
Asimismo, cuestionaron el protocolo antiprotestas de Bullrich, por permitir “el uso indiscriminado de la represión estatal contra todas las formas de lucha”, y el ataque a los derechos laborales.
Las reformas –denunciaban- tienen “la voluntad de eliminar la justicia laboral, el menoscabo de la libertad sindical y del derecho a afiliarse o no a un sindicato, el refuerzo de las prerrogativas de los empresarios para reprimir diariamente la actividad sindical, la introducción de un periodo de prueba de 10 meses, la eliminación en práctica del derecho de huelga y la supresión del derecho a indemnización por despido sin causa real y grave”.
