Bibliotecas, ¿para qué?

Por Federico Giménez* | Pasadas las fiestas y el año nuevo, el espectáculo cultural de los primeros días de enero no fue ni en la costa marplatense ni en la tradicional ciudad cordobesa de Carlos Paz. Fue un masivo cacerolazo cultural en la Plaza del Congreso, replicado en más de treinta ciudades del país contra las amputaciones sobre las industrias culturales y creativas que el oficialismo pretende aprobar con la antidemocrática e inconstitucional Ley Ómnibus. “Encendemos la lucha para que no apaguen la cultura”, fue la consigna que reunió en la protesta a la multisectorial Unidxs por la Cultura el pasado 10 de enero. La manifestación resultó un paso importante en la articulación del amplio y diverso sector artístico y cultural, que organizó el día 20 de este mes una extraordinaria asamblea cultural y una feria de libros en la Plaza del Congreso, de cara al paro nacional y movilización convocado por las centrales obreras y movimientos sociales para este miércoles 24 de enero.

Alerta por desfinanciamiento

Las manifestaciones contra el “apagón cultural” comenzaron durante el gobierno de Cambiemos, y no fue hasta finales de octubre de 2022 que la movilización logró rebatir en el Parlamento el desfinanciamiento previsto por la gestión macrista. Fue al momento de exigir la extensión de las asignaciones específicas para la cultura, proveniente de gravámenes recaudados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Lotería Nacional. En dicha ocasión, el Congreso anuló la modificatoria a la ley 27.432, votada en diciembre de 2017, que suspendía esos fondos especiales destinados a financiar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de la Música (INAMU), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y Radio Televisión Argentina (RTA), a partir del 1 de enero de 2023. Pero dos meses antes, en octubre de 2022, el Congreso Nacional ratificó la prórroga de esas asignaciones por cincuenta años más y frenó un inminente apagón, que ahora vuelve al acecho con el plan libertario.

El proyecto del oficialismo intenta desregular hasta las actividades socioculturales y educativas más elementales, como las que promueven las bibliotecas populares, instituciones ejemplares en organización comunitaria, federalismo y participación ciudadana. Las bibliotecas populares, constituidas como asociaciones civiles, son organizaciones territoriales sin fines de lucro, que además de promover incansablemente el derecho a la lectura y el acceso al libro, sostienen innumerables acciones, tareas y servicios sociales, desde apoyo escolar, talleres, cursos y actividades culturales, hasta la gestión de medios comunitarios, bachilleratos populares, comedores y juegotecas entre otros tantos derechos esenciales e inalienables de las comunidades.

La eliminación de las partidas específicas pone en serio peligro la supervivencia de este genuino movimiento sociocultural, único en la región y el mundo.

Son más de treinta mil trabajadores, profesionales y voluntarios, que atienden y resguardan más de veinte millones de ejemplares de libros y otros materiales bibliográficos para más de cuatro millones de socios y usuarios en todo el país, según datos del Ministerio de Cultura de septiembre de 2022.

Alpargatas sí, libros también

En la Argentina existen más de mil quinientas bibliotecas populares que conforman una auténtica red federal en casi mil doscientas ciudades, pueblos y parajes rurales, alentada y protegida por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), primera política cultural nacional. Fundada en 1870 por el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento, la CONABIP fomenta desde sus inicios la creación y el fortalecimiento de las bibliotecas populares como organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo comunitario, cultural, social e histórico, con aportes auxiliares del Tesoro Nacional. Sin embargo, para ese entonces estos aportes no eran más que para comprar materiales bibliográficos determinados por la Comisión.

Más de un siglo después, en 1986, al calor del retorno democrático, se sancionó la Ley 23.351 de Bibliotecas Populares, por la cual se establecieron los mecanismos de reglamentación, funciones y beneficios, bajo la órbita de la CONABIP como autoridad de aplicación. La Comisión se compone de un presidente, un secretario y cinco vocales, más una Junta Representativa como organismo técnico asesor y consultivo de carácter federal, integrada por un representante de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a la sostenibilidad, la ley crea el Fondo Especial para Bibliotecas Populares, que se constituye de un gravamen sobre los impuestos que se cobran a los premios efectivamente pagados en juegos de azar. Además, la ley descentraliza la función exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional e integra a las gobernaciones provinciales y municipales en la creación de nuevos subsidios específicos para las bibliotecas, dentro de sus esquemas de políticas culturales y desarrollo local.

Veinte años después, en 2006, Néstor Kirchner incluyó por primera vez a las bibliotecas populares dentro del Presupuesto Nacional, lo que representó una mayor distribución de recursos. Un año antes, en 2005, el entonces presidente participó del Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares realizado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires de ese año. En esa ocasión, el mandatario leyó el poema Quisiera que me recuerden, del militante desaparecido Joaquín Areta, obra incluida posteriormente en la antología Palabra Viva con textos de escritoras y escritores desaparecidos editada por la CONABIP y la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA). Fue el segundo presidente de la historia argentina en participar de un encuentro nacional de bibliotecas. El primero fue Juan Domingo Perón, en 1954, en el cierre del Primer Congreso Argentino de Bibliotecas Populares celebrado en el Teatro Cervantes. Allí propuso, en una elocuente intervención, que “leer es un medio; el fin es la cultura”. Además, Perón impulsó el Estatuto del Bibliotecario y estableció por Decreto Nº 17650/54 que el 13 de septiembre sea el Día del Bibliotecario a nivel nacional (fecha ya elegida en el congreso de bibliotecarios de Santiago del Estero, de 1942, en homenaje a la fundación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, creada en esa misma fecha de 1810 por Mariano Moreno).

Cultura para la integración

En más de 150 años, la CONABIP desarrolló numerosos programas y acciones conjuntas con las bibliotecas. Se destaca en el último tiempo el Plan Nacional de Lectura, destinado a la adquisición y distribución de material bibliográfico y multimedia orientado a la promoción del pensamiento nacional y latinoamericano, y la cultura popular. También el Programa Libro %, subsidio que permite a las bibliotecas populares de todo el país, integradas a la red de CONABIP, viajar y adquirir material bibliográfico con el 50% de descuento en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Además, cuenta con Planes Nacionales de Lectura y de Capacitación en Bibliotecas Populares, las comunidades de lectura Juana Manso y las bibliomóviles, vehículos equipados con bibliotecas itinerantes para el montaje de actividades públicas, abiertas y gratuitas, que se transforman en pequeños centros culturales ambulantes.

Para el 152° aniversario de la creación de la CONABIP, su entonces presidenta, María del Carmen Bianchi, titular de la entidad en tres ocasiones (2003, 2011 y 2019), declaró que “las bibliotecas populares son un mundo extraordinario que contiene la pluralidad de la cultura argentina, que no es única, sino diversa y plural”. En ese sentido, Bianchi remarcó que es necesario considerar que una biblioteca popular “está gestionada fundamentalmente por grupos voluntarios que son su dirigencia, que es local, y lo que quiere hacer es dar a otros la oportunidad que han tenido de leer, conocer, acceder a la información que hacen a sus derechos, poder asistir a una función de teatro, de cine, a un taller de escritura, todas las cosas que hacen al mundo cultural y comunitario y que está repartido muy desigualmente en la Argentina no solo económicamente sino también geográficamente, aunque muchas veces lo olvidemos”.

Para la especialista en bibliotecas y animación cultural Ana Dobra, la biblioteca “es una institución pública básica y esencial que se proyecta a su comunidad en sus prácticas de extensión cultural. Sea brindar talleres o prestar unas horas de wifi a quien no dispone de la necesaria conectividad de estos tiempos, las bibliotecas constituyen una verdadera fuerza de integración social. Almacenan, organizan, difunden y prestan una amplia gama de materiales que potencian el acceso a la información y a la cultura. Pero, en esencia, ayudan a su comunidad a descubrir inquietudes, estimular su educación y capacitación, en definitiva, a mejorar su calidad de vida. Cuando una “biblio” abre sus puertas, sus rincones de lectura se convierten en espacios de curiosidad, de maravilla y de belleza, donde pueden descubrirse la aventura, el conocimiento y la fantasía”.

¿Audacia destructiva o inédita ignorancia?

La Ley Ómnibus atenta contra la cultura del libro en su totalidad, ya que también intenta derogar la ley de defensa de la actividad librera 25.542, la cual ofrece un marco regulatorio justo por el cual quien edita o importa es quien fija un precio único al libro.

Esta normativa debe respetarse en cualquier espacio o plataforma de venta, por más grande o chica que fuera. El Precio de Venta al Público (PVP), único para todas las tiendas, es la piedra angular de una reglamentación que alienta al desarrollo editorial nacional, porque ofrece una condición de igualdad a las librerías, actores fundamentales de una larga cadena de mediaciones que tejen el camino del autor al lector. Su derogación sólo fomenta la concentración del mercado, el empobrecimiento de contenidos y pulveriza la rentabilidad de la empresa micro, pequeña y mediana de la industria editorial y librera, ya amenazada por la concentración oligopólica de su insumo básico, el papel.

Desde su sanción en 2001, la Ley del Libro alentó un exponencial crecimiento del sector. Según datos de la Cámara Argentina del Libro, en 2023 se publicaron alrededor de 34.000 nuevos títulos. Esto redunda en la aparición de más autores, creadores, mayor producción y diversidad en géneros y temáticas literarias que se traducen en aumento de empleo y desarrollo comercial con la apertura de más librerías, pero también de más bibliotecas y centros culturales en todo el país. Por todo esto, es fundamental la continuidad de estas normativas, que no solo cuidan al sector, sino, fundamentalmente, protege a sus lectores y al conjunto de la ciudadanía argentina.

Como alertan diversas entidades del sector, este atropello de la Ley Ómnibus elimina el aporte de los fondos a la cultura, pero no los gravámenes. El propósito de los fondos es que, en vez de ir a una renta general, vayan a determinadas áreas como política de Estado, de modo que el suministro de recursos no dependa de la voluntad del gobierno de turno. Pero esta ley deja que un simple funcionario defina a dónde van esos fondos desde un escritorio, en vez de tener, como hasta ahora, un mecanismo autónomo de asignación, con participación comunitaria y representación federal, puesto que, ante todo, las bibliotecas populares son instituciones culturales autónomas. Como resultado, lo que se pretende con este proyecto es quitarle a los institutos culturales su autonomía y disminuir la representación del sector, es decir, debilita la institucionalidad de estos organismos.

La eliminación del Fondo Especial destruye nuestro patrimonio cultural y propicia el cierre de muchas bibliotecas al afectar su sostenibilidad.

En el mejor de los casos, significa recargar a los grupos particulares y a organizaciones sociales independientes el esfuerzo público de fomentar el derecho a leer, pilar indispensable para forjar una sociedad democrática, plural y participativa.

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Federico Augusto Giménez es periodista y editor de Ediciones CICCUS