El Gobierno apuesta al apriete y las amenazas para apurar la Ley Ómnibus
Tras una reunión de gabinete, Javier Milei apuntó contra las organizaciones que paran este 24 de enero y el Congreso: “si el proyecto no se aprueba, va a ser peor para todos”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, ya había amenazado con ajustar aún más a las provincias que no apoyen al oficialismo.
Redacción Canal Abierto | Desde que asumió, el gobierno de Javier Milei adoptó la descalificación, los aprietes y amenazas como estrategia para apurar la aprobación de la Ley Ómnibus, el megaproyecto con el que busca modificar o derogar centenares de leyes.
A las acusaciones mediáticas sobre supuestos pedidos de coima por parte de legisladores, ahora el presidente retomó su embestida contra el Congreso: “si no se aprueba, va a ser peor para todos”.
En la misma línea se había pronunciado días atrás su vocero, Manuel Adorni, cuando responsabilizó al parlamento por la suba en las cotizaciones de los dólares financieros de los últimos días: “es una muestra gratis”.
“Depende del Congreso evitar el desastre” fue el apriete en aquella oportunidad.
En su habitual conferencia matutina, el ex periodista de La Nación + y hoy funcionario volvió a la carga con los gobernadores como destinatarios. En concreto, aseguró que, si no se aprueba el proyecto del Ejecutivo, el Gobierno va a “revisar cada una de las partidas que transfiere a las diferentes provincias sin tener ningún tipo de contemplación”.
Así, el vocero presidencial escaló con la campaña del miedo que viene caracterizando al Ejecutivo, con declaraciones del propio Milei en las que califica de “idiotas útiles” a los que cuestionan las formas del DNU.
A pesar de los cambios que aceptó el Gobierno, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal trataban de acordar un dictamen común para proponer modificaciones al texto oficialista en el recinto. Sin esos apoyos para los libertarios, el dictamen de Unión por la Patria, en rechazo al proyecto de ley, podría convertirse en el de mayoría.
Lo cierto es que mientras el palacio negocia y debate para asegurar una versión moderada del brutal paquete legislativo, las centrales sindicales y organizaciones sociales convocan un paro general con movilizaciones para el 24 de enero. Por lo pronto, el lugar central que viene dándole el Ejecutivo y la amenaza de aplicación del protocolo antiprotesta anticipan la contundencia y masividad de la protesta.
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