2024, año de “la Defensa de la Vida”, la quema de bosques y la destrucción de glaciares
El nuevo texto del proyecto de ley Ómnibus consensuado en Diputados fue analizado por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas. “Como especialistas en materia socioambiental, las modificaciones introducidas son altamente preocupantes, inadmisibles por lo profundamente regresivas”, sostienen.
Redacción Canal Abierto | A través del decreto 55/2024, publicado el viernes 19 de enero en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional declaró al año 2024 como el de “la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad”. La norma dispone que toda la documentación oficial de la administración pública nacional y de los entes autárquicos dependientes deberán llevar la leyenda mencionada.
Mientras dispone esto, el Ejecutivo apura el tratamiento y la aprobación en la Cámara de Diputados del nuevo dictamen del proyecto de Ley Ómnibus que entre tantos otros derechos afectados avanza sobre la legislación de protección ambiental vigente y acuerdos internacionales que la Argentina ha suscripto previamente. La pregunta que cabe hacerse es ¿de qué vida están hablando?
“Consideramos que este dictamen, aún con las modificaciones propuestas, sigue representando una clara regresión ambiental y una amenaza seria para el estado democrático de derecho y los principios fundamentales de justicia republicana que son parte”, sostiene desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), en una carta enviada a diputadas y diputados nacionales.
Desde la AAdeAA se señala la afectación de:
- La Ley de Glaciares (ley 26639, aprobada en 2010): en el texto del nuevo dictamen del proyecto de ley Ómnibus dejan de estar protegidos los glaciares y ambientes periglaciares y podrían ser destruidos. “Las modificaciones propuestas allí para cambiar las definiciones de glaciar y ambiente periglaciar tienen un claro objetivo de reducir notoriamente el área protegida. Esta regresión de proyección ambiental será utilizada para avanzar con actividades extractivistas (megaminería fundamentalmente) sobre estos ecosistemas”.
- Se desfinancia la Ley de Bosques y varios cambios impuestos en el dictamen amenazan “la preservación de nuestros bosques, comprometiendo la biodiversidad y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas”.
- Ley de Manejo del Fuego: se deroga la prohibición de cambio de uso del suelo después de un incendio. “Los humedales, pastizales y bosques serán los principales perjudicados que, además, fueron los protagonistas de los últimos grandes incendios intencionales para cambios de uso de suelos”.
- Autorización de Quema: el nuevo texto aumenta de 30 a 90 días el plazo necesario para obtener la autorización de quema de la Autoridad de Aplicación. “Esto representa, de manera tácita, la aprobación y la desregulación de las quemas en todo el territorio nacional. Este cambio sigue siendo erróneo ya que nunca debiera haber una actividad de quema sin autorización expresa de autoridad competente”, sostienen desde la AAdeAA.
“Esta ley Ómnibus tiene nombre y apellido: Eduardo Elsztain (dueño del Hotel donde se alojó Javier Milei durante los últimos meses). Es dueño de Cresud, el mayor terrateniente de la Argentina, casi 1 millón de hectáreas tiene. Es el que pide que se cambie la Ley de Bosques a su medida, y ya desmontó 120 mil hectáreas, seis veces la ciudad de Buenos Aires”, sostuvo el abogado ambientalista Enrique Viale en el debate sobre la ley propuesta por el Gobierno Argentino. Recordemos que Elsztain también preside IRSA, dueña de shoppings y de innumerables propiedades en la ciudad de Buenos Aires, y del Banco Hipotecario entre otras compañías.
En la misma oportunidad señaló a otros beneficiarios directos: Mauricio Macri, Luis Caputo y la Barrick Gold Corporation, “empresa que hace años pide el cambio de la ley de glaciares que fue escrito por los abogados” de la trasnacional minera.
“Para nosotros, tanto el proyecto de la ley ómnibus como el DNU, son inconstitucionales. Hasta hace poco debatíamos si salía la ley de Humedales y ahora debatimos sobre viejos temas, como la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley de Bosque Nativo) o la Ley de Protección de Glaciares; estamos discutiendo cosas básica”, señaló Viale en un testimonio ampliamente difundido.
Rechazo al texto maquillado
Si bien YPF y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (empresa que opera las centrales nucleares Atucha I y II y Embalse para generar energía eléctrica) ya no aparecen en el listado de empresas públicas sujetas a privatización en este proyecto, desde la AAdeAA señalan que “la privatización de las empresas públicas del sector energético, tanto nacionales como provinciales, intensificará y profundizará la dependencia en materia energética, en todas las etapas. Esto no solamente tiene un impacto social debido al valor de la tarifa energética, generando mayor pobreza energética, sino que también ocasiona desbalances macroeconómicos al afectar la balanza de pagos. Todo esto posterga y demora innecesariamente el inicio de una transición energética, a la cual el mundo se dirige inexorablemente y que Argentina precisa poner en su propia esfera, como un ámbito estratégico”.
La organización ambientalista también destaca entre otros hechos preocupantes: la privatización de la Administración General de Puertos que consolida las políticas de privatización de los ríos, en particular, el Paraná; la creciente desregulación del sector minero y la desregulación sobre la propiedad de las semillas, aspectos que comprometerían la soberanía nacional y la salud de las comunidades.
“Exhortamos a cada uno de ustedes a considerar la gravedad de las implicancias de este proyecto y a votar en contra del mismo. Cada voto en contra de estas iniciativas debe ser un acto de defensa de la soberanía, de la salud de nuestras comunidades y de respeto al ambiente y la Naturaleza”, concluye el informe enviado a los legisladores.
