Acorralado por la Corte, Kicillof apura la reforma del Bapro y la oposición pone límites

Tras la audiencia en el Salón de Acuerdos de Verano de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y las presiones del gremio La Bancaria, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reflotará en los próximos días el proyecto de reforma previsional del Banco Provincia que en 2022 cayó en saco roto ante el rechazo opositor.

En las últimas horas, la Corte bonaerense convocó a una audiencia informativa entre los distintos sectores políticos que componen la Legislatura bonaerense para que se consensue un proyecto de ley que le brinde una solución definitiva al régimen jubilatorio del Bapro, establecido por la Ley 15.008 durante la gestión de María Eugenia Vidal, que atraviesa un largo proceso judicial con planteos de inconstitucionalidad.

Se trata de una modificación que viene pidiendo la Justicia del artículo 41 de la Ley 15.008 que fijó la actualización de los haberes jubilatorios del Banco Provincia conforme a la variación del índice de movilidad establecido en la Ley Nacional 26417, y sus modificatorias, que se aplica a las Prestaciones del Régimen Previsional Público, con la periodicidad que determina dicha norma.

Al conclave, que encabezó el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCBA), Daniel Fernando Soria, la Vicepresidenta Hilda Kogan, el Ministro Sergio Torres y el Procurador General Julio Conte Grand, sólo asistieron los senadores María Rosa Martínez (UxP), Marcelo Leguizamón (PRO) y Agustín Máspoli (UCR). Por lo que, sorprendió la falta de representación de diputados y la ausencia de sectores políticos clave para que el proyecto llegue a los recintos de la Legislatura bonaerense.

Asimismo, formaron parte del encuentro el Asesor General de Gobierno provincial Santiago Pérez Teruel; el Subsecretario de Hacienda y la Subsecretaria Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Jaquelina Laurencena y Fernando Álvarez, respectivamente; el Presidente del Banco Provincia Juan Miguel Cuattromo; y los representantes de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal de la entidad, Facundo Pablo Bocco Proietti y Bruno Salomone.

Durante la reunión, Santiago López Teruel anunció que el gobernador Kicillof está pronto a girar a la Legislatura bonaerense, el mismo proyecto que en 2022 tuvo el visto bueno en comisiones, pero se cayó por falta de acuerdo con la oposición, en particular con el PRO que se negó a votar una iniciativa que derogue la ley impulsada por la exgobernadora Vidal.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio, Soria le abría preguntado al funcionario si era el mismo texto que cayó en saco roto y Teruel confirmó que, efectivamente, es el mismo. Por estas horas, se especula que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo viene haciendo valer la mayoría automática con complicidad de sectores de la oposición. Aunque en Senadores las negociaciones le vienen siendo esquivas a la gestión de Kicillof.

“La Corte no tiene más margen y si comienza a fallar la Provincia va a tener que afrontar costos millonarios”, consignaron fuentes parlamentarias en diálogo con Diputados Bonaerenses, respecto a los más de 5 mil amparos presentados en la Justicia.

Si bien la oposición acompañaría los requerimientos del máximo Tribunal bonaerense para que las jubilaciones del Banco Provincia dejen de actualizarse a través de la fórmula nacional y pasen a regirse por las paritarias bancarias, pondría sus reparos a las demás modificaciones que el Poder Ejecutivo, acorralado por el gremio La Bancaria, busca promover.

Es que, el proyecto de Kicillof, que podría entrar en la negociación junto con el Presupuesto 2024 y la Ley Fiscal Impositiva sobre el cierre del periodo de sesiones ordinarias, dispone la baja a 60 años de la edad jubilatoria de las mujeres y mantiene los 65 para hombres, cuando en la ley de Vidal es 65 para ambos.

Además, el articulado plantea que las jubilaciones del Banco Provincia deben volver a calcularse al 82% del promedio actualizado de las remuneraciones percibidas durante los 120 meses anteriores al cese, cuando en la ley de Vidal se ordena hacerlo al 70%. Mientras que el aporte de los activos pasaría del 14 al 16% para solventar el déficit de la caja.

En números, desde el ala opositora barajan que el déficit de la caja previsional del Banco Provincia durante el 2023 ascendió a los $35 millones, mientras que para este año rondaría en los $100 millones. Como contrapartida, cuestionan que una jubilación promedio haya llegado a $1.800.000 en 2024.

Reforma del Banco Provincia: la oposición pone reparos

Durante la audiencia con los integrantes de la Corte, el senador Marcelo Leguizamón planteó que “todos saben la postura del PRO”. “Nos hubiese gustado que haya el diálogo, hay muchas fuerzas políticas, con nosotros no han hablado, podríamos haber trabajado en una mesa conjunta”, cuestionó.

Desde el radicalismo, presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Agustín Maspoli, dijo que sigue teniendo una postura similar a 2022, que no acepta la derogación, aunque se mostró abierto a trabajar en modificaciones para cumplir con la solicitud de la Corte bonaerense.

Pese a que la convocatoria de la Corte marcaba de manera taxativa que debían ser convocadas las diferentes expresiones políticas de ambas Cámaras de la Legislatura, el bloque oficial de senadores bonaerense de la Libertad Avanza denunció que “fue apartado deliberadamente de dicho encuentro”.

“La actitud irresponsable del kirchnerismo, expresión mayoritaria en los recintos, constituye un pésimo comienzo para la empresa que encomendó la Corte y va en dirección completamente opuesta a la búsqueda de diálogo y consensos que amerita una ley de esta naturaleza, en las que tienen que estar involucradas todas las expresiones parlamentarias”, remarcaron los senadores libertarios.

Por último, los senadores que responden al presidente de la Nación, Javier Milei, advirtieron que “el proyecto del kirchnerismo se encamina a otro fracaso legislativo, que podría significar un millonario costo económico para la provincia de Buenos Aires que, si la Legislatura no se encuentra una rápida solución al conflicto, deberá afrontar los más de 5 mil amparos presentados en la Justicia, perjudicando a los bonaerenses que pagan sus impuestos”.