«Puerto Quequén: un negocio para pocos»
“Disparatado”, “Gran preocupación”, “Inaceptable” son los títulos de algunas de las notas firmadas por Belkis Martínez en el diario La Nación en favor de las corporaciones agrarias y financieras.
Las notas publicadas entre el 15 de agosto y el 22 de octubre por el portavoz del poder económico-financiero apuntan directamente los cañones al gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof a raíz del vencimiento de la concesión en Puerto Quequén de la razón social Terminal Quequén S.A.
Antecedentes de la Historia Presente
Estas corporaciones operan particularmente en Puerto Quequén desde por lo menos 1991 cuando el gobierno de Carlos Menem desreguló la Junta Nacional de Granos finalmente disuelta en 1995. En más, Menem transfirió puertos en 1992 y en el caso de los puertos de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Quequén y Santa Fe, a condición que se crearan entes públicos no estatales para administrar los mismos. Así se crearon en 1993 los Consorcios de Gestión del Puerto Bahía Blanca y Quequén.
Ahora bien, la administración y explotación de los Puertos son competencias públicas delegadas por el Estado, en estos casos el bonaerense, por determinado tiempo a través de concesiones, por ejemplo.
Y ello debemos establecer justamente el sentido de las políticas de la década del ’90 de destrucción de los resortes de la economía en manos de un Estado Benefactor hacia uno de desregulación de la economía como volvemos a padecer hoy con el gobierno neocolonial de Javier Milei.
En el caso de Puerto Quequén en 2023 se venció la concesión de los elevadores de granos otorgada hace 30 años a Terminal Quequén S.A. integrada entre otras corporaciones por el Centro de Acopiadores de Puerto Quequén, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Cámara Arbitral de Cereales, MatbaRofex, y exportadoras como Viterra, Bunge, Cofco y Crucija, todos con intereses económicos y financieros también en los puertos de Bahía Blanca y Rosario.
Terminal Quequén S.A. fue fundada casualmente en 1992 y en su página oficial se apropia además de la historia de la comercialización exterior de granos desde 1933 como si fuera una continuidad histórica empresarial sin distinguir que más allá de los gobiernos, dictaduras o democracias, el comercio exterior estuvo en cabeza del Estado argentino y que todas las inversiones, todas, las realizó el Estado nacional como lo fue la construcción de los elevadores en Puerto Quequén.
La voracidad a la medida del ataque
Las notas en cuestión tergiversan la información sobre la pretensión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de establecer una reserva de carga en un 30% de la producción primaria exportable para el Estado provincial, que además como lo ha informado la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén ese porcentaje es ínfimo comparado a los volúmenes de exportación.
La confrontación está dada claramente en la concentración privada de la exportación de granos en pocas manos con sus socios terratenientes representados por la Sociedad Rural y CARBAP que se sumaron a los ataques “disparatados”, “preocupantes”, “inaceptables”. Porque quienes distorsionan la información son estas entidades y su holding mediático pretendiendo desconocer al gobierno de la provincia en sus facultades para potenciar el desarrollo productivo, social y económico desde los resortes del Estado. Y de la misma manera, se ataca la intervención del Estado municipal de Necochea en la posibilidad de restablecerse una Tasa Portuaria para sostener los servicios y obras públicas por el uso del tránsito en las calles de Quequén, la preservación medioambiental de los habitantes de esa popular ciudad, entre acciones necesarias que se podrían tomar.
La medida del ataque está a la medida de la voracidad empresarial que en nada retribuyen a la sociedad en su conjunto más que llenarse los bolsillos sin agarrar la pala como ha sido en las últimas tres décadas.
La disputa en Puerto Quequén es una batalla más de estos tiempos entre un país neocolonial para pocos y entre la posibilidad cierta de un proyecto nacional que beneficie al conjunto de la sociedad, un proyecto soberano, emancipador, que incluye la concreción del Canal Magdalena.
Por Carlos Díaz, secretario gremial CTA Autónoma bonaerense
Fuente: https://ctabuenosaires.org.ar
