Piden frenar la venta de uno de los centros clandestinos que Milei quiere rematar
La Fiscalía solicitó una medida de “no innovar” para preservar La Perla Chica, de Córdoba, uno de los tres campos de concentración de la última dictadura incluidos en el decreto que autoriza la venta de 309 terrenos en propiedad del Estado. Crece el repudio.
Redacción Canal Abierto | El fiscal general Carlos Gonella, junto a Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, fiscales auxiliares de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado jurisdicción Córdoba, solicitaron hoy que el juez Sánchez Freytes “ordene con carácter de urgente una medida de no innovar en relación al predio que funcionara como centro clandestino de detención durante la última dictadura conocido como ‘Perla chica’ o ‘Malagueño’”.
Se trata de uno de los tres terrenos que funcionaron como sitios de exterminio incluidos en el decreto presidencial 950/2024, que Javier Milei firmó el viernes, en el que se dispuso poner la venta 309 inmuebles en manos del Estado nacional.
Los otros dos son “La Huerta”, situado en las afueras de la ciudad de Tandil, en Buenos Aires, y Puerta 8, un sector de Campo de Mayo sindicado como escenario de crímenes de lesa humanidad.
Hoy se conoció que la unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado pidió que la justicia federal de Córdoba dicte una medida de no innovar para que el Gobierno no pueda avanzar con la venta de esos terrenos.
El escrito de los fiscales en relación al campo de concentración que sirvió de apoyo a La Perla resalta que es fundamental “preservar” el lugar en cuestión porque “a la fecha hay delitos de lesa humanidad en plena investigación que están directamente relacionados” con el espacio.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial, anunció que el Poder Ejecutivo Nacional había autorizado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado “a disponer, enajenar y/o transferir inmuebles del Estado nacional” entre los que se encuentran varios inmuebles ubicados en la localidad cordobesa de Malagueño.
La iniciativa, explica el Ejecutivo, forma parte de “las medidas tendientes a eficientizar el rol del Estado” ya que, según se fundamenta en la norma, los inmuebles en cuestión “resultan innecesarios”.
Además, el texto argumenta que estos bienes generan “costos y gastos que deben evitarse” para así “ayudar a superar la crisis que enfrenta la economía de nuestro país”.
Este decreto reflotó 13 normas firmadas por el expresidente Mauricio Macri entre 2016 y 2019 que autorizaban procesos de enajenación de inmuebles propiedad del Estado que, según explica Milei, “no llegaron a concretarse” y ahora “resulta oportuno proceder a efectivizar”·
Repudios
La medida fue repudiada por distintos organismos y agrupaciones de derechos humanos.
“La Red Nacional de H.I.J.O.S. expresa su enérgico rechazo a la puesta en venta del predio del ex centro clandestino de detención y torturas «La Perla Chica”, publicó H.I.J.O.S en su cuenta de la red social X.
El organismo explicó que ese claustro de aniquilamiento “fue parte del circuito represivo del Terrorismo de Estado en Córdoba” y que “está señalizado desde hace varios años y su funcionamiento está largamente probado en los juicios por delitos de Lesa Humanidad desarrollados hasta el momento”.
“Rechazamos profundamente esta acción del gobierno nacional de Milei y Villarruel, que nuevamente niega y banaliza al Terrorismo de Estado y sus crímenes”, agregaron.
Por su parte, la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba también expresó su firme rechazo a la posible venta del predio.
A través de un comunicado, el organismo indicó: “La importancia de este lugar trasciende su valor patrimonial y cultural; es un sitio de memoria reconocido y señalizado, que es testimonio de las violaciones a los derechos humanos y de nuestra historia reciente”.
“La Perla Chica es además un sitio clave para distintas causas por delitos de lesa humanidad obrantes en la Justicia Federal, y debe preservarse para asegurar justicia y verdad para las víctimas del terrorismo estatal y sus familias. Instamos al Gobierno nacional a respetar el marco legal y a reconocer el rol fundamental del Estado en la preservación de la memoria histórica. La Provincia de Córdoba, a través de la Ley de la Memoria, y el municipio de Malagueño, dentro de cuya jurisdicción se encuentra el predio, tienen la responsabilidad de velar por la protección de este espacio”, agregaron desde la Mesa.
La Perla Chica fue un anexo de La Perla, considerado como el mayor campo de concentración del interior del país, que funcionó entre 1976 y 1983 a 25 kilómetros del oeste de la capital de Córdoba. Allí fueron detenidas y torturadas miles de personas secuestradas por las fuerzas armadas o por grupos de tareas dependientes del Poder Ejecutivo provincial o nacional.
En noviembre de 2023 la Secretaría de Derechos Humanos junto con el gobierno de la provincia de Córdoba, la municipalidad de Malagueño y el Archivo y la Comisión provincial de la Memoria, señalizaron como sitio de memoria La Perla Chica (foto prinicipal).
En tanto en La Huerta, situado a 10 kilómetros de la ciudad bonaerense de Tandil, no sólo funcionó el Regimiento de Caballería de Tanques 1 “Coronel Brandsen” durante la dictadura sino también un espacio donde eran detenidos y desaparecidos hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, social y sindical.
