Persecución judicial y violencia institucional en Bolivia

Por Mariano Vázquez | Medios locales informaron hoy sobre el allanamiento realizado en la madrugada en la vivienda de Juan Ramón Quintana, quien se desempeñó como ministro de la Presidencia y Embajador en Cuba durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019). Se reporta que un amplio despliegue de fuerzas de seguridad cercó la zona de Sopocachi, en La Paz. “Luego de varias horas de la requisa, se extrajo un CPU y dos cajas con información, las cuales fueron cargadas de inmediato en una camioneta color plomo con resguardo policial”, señala un reporte de la Red DTV. La acusación contra Quintana es por supuesto “terrorismo y alzamiento armado”, cargos relacionados con los bloqueos de rutas que tuvieron lugar en Bolivia entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre.

La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia de Argentina expresó que en “la imputación formal presentada por la Fiscalía en las siete audiencias no figuran los nombres de los tres nuevos acusados”, entre ellos Quintana, por lo que no se comprende el fundamento de dicha acusación.

Este miércoles, los dirigentes Humberto Claros, de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), y Ramiro Cucho, del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), fueron detenidos bajo los mismos cargos. A través de X (antes Twitter), Evo Morales repudió la detención de ambos dirigentes y acusó al gobierno de Luis Arce de actuar “al margen de la ley para disciplinar y acallar al pueblo que sufre por la inflación, la escasez de combustibles y la falta de movimiento económico”. Además, Morales denunció que “no hay respeto al debido proceso ni justicia, ya que esta se utiliza como un instrumento de represión gubernamental”.

Es importante recordar que Juan Ramón Quintana es un dirigente histórico del proceso de cambio en Bolivia iniciado por Evo Morales. Durante el gobierno de Jeanine Áñez (2019-2020), tuvo que refugiarse en la Embajada de México en La Paz. Ese régimen asedió varias veces la sede diplomática para intentar secuestrar a las autoridades asiladas, violando así el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece que “los locales de la misión son inviolables”.

Cabe preguntarse, ¿en qué se diferencia el gobierno de Arce del de Áñez, si ambos recurren a allanamientos y detenciones nocturnas ilegales, usando la justicia como un instrumento político? Un mal gobierno distrae la atención con fuegos de artificio y propaganda estridente.

Hace dos semanas, en una entrevista exclusiva con Canal Abierto, Quintana dio detalles escandalosos sobre el intento de asesinato contra Evo Morales: “Fue un ataque terrorista y criminal, organizado, planificado y ejecutado desde el Estado, con todos los recursos del Estado, contra un ciudadano. Es algo que jamás se había visto en Bolivia. Por esto hablamos de terrorismo de Estado […] Fue una operación abierta y explícita para matar a Evo Morales. Estamos hablando de 10 hombres que aún no hemos podido identificar, pero cuyo jefe era el mayor Rubén Moscoso Pinto. Al fracasar el intento de magnicidio, civiles se volcaron contra quienes dispararon y persiguieron las camionetas desde donde dispararon. Estas se refugiaron en el Regimiento de Infantería porque los iban a linchar […] Un helicóptero trasladó a los atacantes al aeropuerto de Chimoré, desde donde volaron hacia la ciudad de Santa Cruz, arribando a las 8:25 de la mañana”.

La Red por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, compuesta por organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, religiosas y de abogados laboralistas, también denunció el “clima de violencia social y política, que requiere un abordaje integral con todas las garantías constitucionales y convencionales propias de una sociedad democrática y respetuosa de la diversidad ideológica, cultural y étnica”.

Asimismo, alertaron “sobre las consecuencias del uso arbitrario del sistema judicial para perseguir, reprimir, encarcelar y proscribir a líderes políticos, sociales, sindicales y movimientos sociales”. Enfatizaron que, en su experiencia, este tipo de acciones ha sido el preludio de la instalación de regímenes neofascistas, como por ejemplo, en el caso de Argentina, mencionaron al gobierno de Javier Milei que “no solo ha derogado fácticamente la Constitución Nacional, sino que también ha suprimido nuestros derechos económicos, sociales y culturales, sumiendo a nuestro pueblo en la pobreza y devastación de recursos”.

“Ante esta situación, instamos a las autoridades de los distintos poderes del hermano Estado Plurinacional de Bolivia a que realicen todos los esfuerzos necesarios para una solución pacífica de los conflictos internos, garantizando los derechos humanos y el debido proceso, y salvaguardando muy especialmente la integridad física de Juan Ramón Quintana, Ponciano Santos, Humberto Claros y otros dirigentes, además de  sus respectivas familias”, concluyeron.