Asimismo, el Gobierno dispuso que prosigan las intervenciones en el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) y en el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) hasta que se constituya el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que absorberá a ambos. La decisión se tomó porque “persisten las circunstancias” que motivaron la emergencia.

La prórroga de la emergencia energética se aplicó en un contexto en el que falta finalizar el proceso de readecuación de tarifas y eliminación de subsidios al sector. Además, continúa la necesidad de inversiones para mejorar las instalaciones de las áreas de transporte y distribución, así como de ampliación de la oferta en la generación de gas y energía eléctrica.

“Resulta indispensable y urgente extender la declaración de emergencia hasta el 9 de julio de 2025, con el fin de permitir que los órganos competentes continúen adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural”, sostiene el decreto.

También, consigna que la emergencia contempla “la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes de los procesos de revisión tarifaria en curso”, así como “la intervención de los entes reguladores, con el fin de ordenar y unificar tiempos, acciones y objetivos”. Por eso, no se descarta que se puedan aplicar subas mensuales en los servicios.

Segmentación tarifaria

Por otra parte, la resolución hace hincapié en “la vulnerabilidad y el estado crítico” en que se habría encontrado el sistema económico recaudatorio y la funcionalidad de las instalaciones para asegurar el suministro. En esta línea, cuestiona la aplicación de la segmentación tarifaria adoptada durante la gestión presidencial de Alberto Fernández.

Según la normativa, esta segmentación tarifaria no permitió “una adecuada focalización de los subsidios”, ya que no tuvo “los cruces de información necesarios para que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitaban”. Por eso, critica que hubo una “dilapidación de los escasos recursos estatales” que provocó que “los usuarios desconocieran el costo real de los servicios”.