La vuelta de los CEOs: “55 de los 185 funcionarios del Gabinete participan en directorios de empresas privadas”

Redacción Canal Abierto | “Cuando investigamos las trayectorias de las personas que integran el Gabinete nos encontramos que 55 de los 185 funcionarios tienen participación en directorios de empresas privadas y eso llama poderosamente la atención”.

El hallazgo que relata la socióloga Ana Castellani forma parte del último informe de investigación del Observatorio de las Elites, que dirige, en el que queda en evidencia un vínculo particularmente estrecho entre el poder económico y el gabinete de Javier Milei.

En línea con su convencimiento de que los empresarios son “héroes” –aunque sin hacerlo explícito como sí lo hiciera Mauricio Macri durante su mandato– el Presidente conformó su equipo con CEOs de empresas privadas, sobre todo en el área económica.

“En algunos casos, tienen participación en directorios de empresas del mismo sector de actividad en la que esos funcionarios deben construir la política pública que es la que regula, la que norma –señala Castellani–. En otros, directamente son socios de una sociedad de responsabilidad limitada, son propietarios de una parte de esas empresas. Y eso nos habilita a pensar en los posibles conflictos de intereses”.

De creencias y realidades

Si bien el nombramiento de empresarios podría leerse como un acto de coherencia con la creencia presidencial de que el sector privado es más idóneo, se trata justamente de eso: de una creencia. Según la investigadora del CONICET “no existe evidencia empírica de que se construyan mejores políticas públicas si uno viene del sector privado que si bien en el sector público”, pero sí del perjuicio para los intereses públicos que acarrea esta dinámica.

“Esto está regulado en muchas partes del mundo. Hay recomendaciones de la OCDE muy explícitas sobre la necesidad de evitar lo que se llama la ‘puerta giratoria en el Estado’ “, aclara Castellani, un concepto que remite a la entrada y salida del Estado de altos funcionarios del mundo empresarial.

Luego detalla: “En el Gabinete de Milei esto es muy claro en el área de Minería, donde tanto el secretario a cargo (Luis Lucero) como el subsecretario (Carlos Cuburu) tienen cargos de autoridad en empresas mineras internacionales. La pregunta que a uno le dispara es ¿la política minera que van a propiciar estos funcionarios está ligada a la defensa de los intereses de la Nación o está ligada a la defensa de los intereses de los empresarios del sector minero?”.

Según el informe, junto al sector energético-hidrocarburífero  y minero los otros sectores donde abundan los funcionarios con puestos empresariales son el financiero, el sector agropecuario, el sector de la consultoría y el de las tecnológicas. Los que en su mayoría coinciden con aquellos que han registrado mayores tasas de rentabilidad durante los primeros meses de la presidencia de Javier Milei.

La puerta giratoria

Como antecedente, desde el Observatorio que depende del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA – CONICET/UMET) se realizó un análisis de las consecuencias de incorporar CEOs al frente del sector público en las áreas de las que provienen. ¿El resultado? Una correspondencia lineal entre las demandas del sector privado y las políticas públicas adoptadas.

“Por ejemplo, esto ocurrió en el sector petrolero, que tiene una lista de demandas históricamente muy estable sobre lo que quiere con respecto a la liberación de sus precios, de sus saldos exportables, a la posibilidad de dejar los dólares en el exterior y de disponer libremente de ellos. Todas y cada una de esas medidas que pedía el lobby petrolero fueron convirtiéndose en política pública durante la gestión de (Juan José) Aranguren al frente del Ministerio de Energía, que era una persona que venía de dirigir Shell”, relata Castellani.

También realizaron un seguimiento de los funcionarios-CEOs que pasaron por el Gabinete de Macri y verificaron una ‘puerta giratoria’ muy aceitada. “Revisamos a dónde fueron a parar aquellas personas que venían originariamente de dirigir empresas en el sector privado después de que salieron de su cargo en el sector público. Y ahí vemos cómo en algunos casos volvieron a ocupar altos puestos en empresas del sector que venían de regular y en otros directamente construyeron consultoras que asesoran a empresas del sector”, plantea la investigadora.

Aranguren es señalado, otra vez, como “un ejemplo paradigmático”: tras su paso por el Estado, conjuntamente con otros funcionarios que formaron parte de su gestión (Hugo Balboa, Juan Manuel Carassale y Marcos Porteau), armó la consultora Energy Consilium, cuyo principal servicio consiste en la asesoría a empresas extranjeras que quieren venir a invertir en la Argentina.

“En el sector público hay una cantidad de datos, una cantidad de información, una cantidad de relaciones que se pueden establecer, que después son un insumo, un capital para el sector privado que puede utilizarlo de manera preferencial si logra incorporar a sus filas a esos exfuncionarios”, sintetiza Castellani.

Para explicar la relevancia de este conflicto de intereses, desde el Observatorio rescatan el concepto de “captura de la decisión pública”. “Incluso hay autores que hablan de democracias capturadas. Lo plantean como un avance de las élites económicas muy directo sobre el Estado convirtiéndose ellas mismas en élites políticas transitoriamente”, desgrana la investigadora.

Y agrega: “La cuestión acá no es que no haya derecho a que una persona que venga de ser empresario no tenga derecho a ser una carrera política. El tema es que vos en realidad uses ese paso por el Estado circunstancial en beneficio del sector privado del que venís de trabajar y al que vas a volver a trabajar inmediatamente después de ocupar el cargo público”.

Filosofías

A diferencia de lo que ocurrió con su inmediato antecesor, Milei no pretende “modernizar el Estado” –como afirmaba Macri– sino “destruirlo desde adentro”.

“Milei tiene una postura más extrema que no solamente se visualiza en la máxima del superávit fiscal permanente, sino en la idea de que tiene que reducirse a su mínima expresión. Por eso el Ministerio que termina creía creando a mitad de año es de Desregulación y Transformación del Estado. Ya es una no es modernizarlo, sino es convertirlo en otra cosa”, explica Castellani.

Se trata, según la investigadora, de “un fenómeno muy novedoso de la gestión Milei”: el desmantelamiento de la Administración Pública Nacional.

“Lo que uno está viendo es cómo se van erosionando capacidades burocráticas, porque se desmantelan equipos, quedan paralizados, se cierran organismos y áreas –sostiene–. Y si en un contexto de desmantelamiento y debilitamiento de las capacidades le agregás mayor penetración de intereses privados el interés público es el que está quedando más debilitado en esta situación”.

Mientras señala la necesidad de una Ley de Ética Pública mejor, que regule la “puerta giratoria”, para que los funcionarios “que se han desempeñado nocivamente en contra de los intereses de la mayoría tengan vedado el ingreso al Estado”, Castellani afirma: “El tema es que la ciudadanía entienda la relevancia de tener (en el Estado) hombres y mujeres probos y muy comprometidos con los intereses públicos. Esto no es solamente una cuestión de que haya o no corrupción, sino de qué tipo de perfiles se necesitan para la construcción de la política pública que garanticen la defensa del interés general”.

“Si debilitas el Estado, le dejás toda esa maquinaria y ese poder político que contrapesa al poder del sector privado a los privados y las consecuencias terminan siendo perjudiciales para la mayoría, porque las que se van a beneficiar son las empresas de ese sector y los que se van a perjudicar son los ciudadanos”, concluye.

Fuente: https://canalabierto.com.ar