Condena histórica a los responsables de una comunidad terapéutica en la que murieron cuatro jóvenes

Redacción Canal Abierto |  El Tribunal en lo Criminal N° 5 de San Isidro condenó con penas de entre 18 y 35 años de prisión a los dueños, el director y la administradora de Resiliencia San Fernando, la comunidad donde en febrero de 2022 murieron durante un incendio cuatro jóvenes que se encontraban encerrados y sobremedicados en la institución que supuestamente brindaba tratamientos para adicciones.

Desde ARDA, la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, que participó en el juicio a partir del patrocinio legal de familiares de las víctimas, señalaron que el fallo de los jueces María López Ramos, Pablo Rolón y Silvestre Díaz es inédito en el campo de la salud mental. Así, porque además de ser encontrados culpables por el incendio, los responsables del centro fueron condenados por los delitos de reducción a la servidumbre y asociación ilícita.

El dueño y director de la comunidad terapéutica, Alan Emmanuel Cambra Sarife, fue señalado como el principal responsable y recibió una pena de 35 años. Mientras, la administradora Gisela Alejandra Machado, el director de admisión Alejandro Norberto Merenzon y Eliana Martín Wawrick, la otra dueña, recibieron penas de entre 18 y 25 años.

“Estuve presente en todas las audiencias y todo lo que se escuchó sobre cómo vivían los chicos ahí fue terrible. Un testigo dijo que era peor que una cárcel”, contó Willy Galfre, de la Unidad de Investigación de Derechos en Salud Mental de ARDA. En declaraciones a los medios, el especialista explicó que si bien había casos de internación voluntaria, en muchos directamente secuestraban a los jóvenes en sus casas.

Ante la solicitud desesperada de las familias, “los iban a buscar a las casas, les pegaban si se resistían, los inyectaban, los llevaban en un auto y los seguían sobremedicando dentro de la institución”, señaló. “De hecho, Rodrigo Moreno -una de las víctimas- estaba internado desde hacía 4 o 5 días y nunca se despertó. Estuvo esos días dormido y así murió”.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que también intervino en el juicio como particular damnificada institucional, explicaron que “Resiliencia San Fernado” se presentaba como una comunidad terapéutica para el tratamiento de adicciones pero “no contaba ni con la habilitación provincial ni municipal, y mantenía a los usuarios sobremedicados, en aislamiento extremo y sin tratamiento acorde a la normativa sanitaria”.

“El régimen de vida en el lugar no sólo no abordaba los padecimientos de los usuarios sino que era violento y abusivo: ellos mismos hacían las guardias nocturnas, se los medicaba a todos por igual como método de sedación y no como tratamiento, estaban constantemente vigilados y el método de internación había sido violento”, agregaron.

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En los fundamentos de la sentencia, el Tribunal además señaló que las víctimas se encontraban “sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad, salubridad, en condiciones de hacinamiento y sin la alimentación requerida y adecuada, comprometiendo de esta manera la integridad física y mental, como así también la dignidad de los allí alojados quienes se hallaban en situación de extrema vulnerabilidad por sus condiciones físicas y psíquicas”.

En ese contexto de graves violaciones de derechos humanos -precisaron desde la CPM- se produjo el incendio del 22 de febrero de 2022. Ese día había 26 personas alojadas en la comunidad terapéutica, y cuatro de ellas no llegaron a escapar del edificio, sobremedicadas por los psicofármacos suministrados ni siquiera llegaron a reaccionar. Las habitaciones estaban enrejadas, el lugar no tenía matafuegos ni plan de contingencia en caso de emergencias.

Desde la Comisión además alertaron que el caso de “Resiliencia San Fernando” no es aislado. “El caso y su trágico desenlace muestran el desamparo que enfrentan quienes atraviesan padecimiento mental o adicciones. También muestra la necesidad de ampliar y fortalecer controles adecuados de parte de la provincia de Buenos Aires y los gobiernos municipales donde se radican estas empresas ilegales”, expresaron desde el organismo que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Y añadieron que “esta condena, ejemplar y reparatoria, debería ser un llamado de atención para revertir las graves violaciones a los derechos humanos que se siguen perpetrando en las comunidades terapéuticas, muchas de las cuales, como en el caso de San Fernando, funcionan sin habilitación”.

Fuente: https://canalabierto.com.ar