La CIDH exhorta a la Argentina a respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas
El organismo internacional cuestionó la decisión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de suspender las solicitudes de las personerías jurídicas de las comunidades. “Los pueblos originarios tienen derecho a la libre determinación”, advirtió.
Redacción Canal Abierto | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación ante una serie de decisiones del Gobierno argentino “que podrían afectar la protección de los derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas y su ejercicio del derecho a la libre determinación”.
En ese contexto, el organismo internacional exhortó al Estado a cumplir con sus deberes internacionales en materia de derechos de los pueblos originarios al adoptar decisiones sobre reconocimiento de las personerías jurídicas y titulación de tierras de las comunidades.
El 30 de septiembre, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas suspendió las solicitudes de personería jurídica de comunidades indígenas en trámite en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), e invitó a los gobiernos locales de las provincias a crear registros propios. Dicha medida, adoptada sin la participación de los pueblos indígenas, podría llegar a impactar a al menos 250 de las 1881 comunidades identificadas oficialmente en el país y a cerca del 47% del total de ellas, que aún no han realizado el relevamiento territorial correspondiente.
La información proporcionada por el Estado indica que la suspensión del Registro no afectaría el relevamiento territorial de las comunidades indígenas, y que hasta la fecha se han suscrito convenios con 11 de las 24 jurisdicciones nacionales, con el propósito de gestionar localmente las personerías.
Sin embargo, la propia CIDH señaló que “la medida se enmarca en un contexto de retrocesos en el reconocimiento de los territorios indígenas y desalojos forzosos en provincias como Jujuy, Río Negro y Chubut, a pesar de la vigencia de la Ley de Emergencia Territorial que suspende los desalojos hasta noviembre de 2025”.
“Estos desalojos han estado acompañados de situaciones de violencia institucional y estigmatización hacia líderes e integrantes de comunidades indígenas. Entre estos hechos, se destaca el homicidio de Juan Carlos Villa, miembro de la comunidad mapuche, el 11 de agosto pasado por parte de un agente de las fuerzas de seguridad en la provincia de Rio Negro. Además, se han registrado declaraciones estigmatizantes de autoridades nacionales que desconocen los derechos culturales y espirituales de estas comunidades”, agrega el comunicado difundido.
Por toda respuesta, Argentina informó al órgano de la OEA que el agente de seguridad implicado en el hecho fue apartado de la fuerza y sometido a juicio.
“Además, se han registrado declaraciones estigmatizantes de autoridades nacionales que desconocen los derechos culturales y espirituales de estas comunidades”, advierte el texto.
“La CIDH reitera que, conforme al orden público interamericano, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación mediante el autorreconocimiento individual y colectivo, el derecho de asociación conforme a su cosmovisión y libres de violencia y discriminación. Este derecho es esencial para su desarrollo autónomo e implica el reconocimiento de sus tierras, territorios y recursos naturales como sujetos colectivos de derechos”.
Por ello, finalmente el organismo “insta al Estado argentino a implementar mecanismos administrativos eficaces para proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas, como el reconocimiento de personalidad jurídica y la restitución de tierras, garantizando la consulta y consentimiento libre, previo e informado, respetando la identidad cultural, espiritualidad y promoviendo relaciones interculturales armónicas”.
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Fuente: https://canalabierto.com.ar
