Firmá para que no liberen a los genocidas

Redacción Canal Abierto | Las agrupaciones de familiares y abogados que impulsan la supuesta “memoria completa”, que no es otra cosa que la impunidad de los genocidas y represores presos, presentaron un Habeas Corpus Colectivo que se tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27 de la Capital Federal, a cargo del juez Martín Yadarola. La intención es conseguir la inmediata liberación o la prisión domiciliaria para todos los presos por crímenes de lesa humanidad. Hoy mismo, el magistrado recibirá a los perpetradores del terrorismo de Estado condenados, para escuchar sus reclamos. También darán sus argumentos el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad.

Por su parte, organismos y referentes de los derechos humanos, la política y la cultura, difundieron una junta de firmas para evitar que el plan olvido y perdón avance, señalando que el recurso fue planteado ante un juez perteneciente a los tribunales penales ordinarios cuando los tribunales competentes son los federales.

“Exigimos el inmediato rechazo del habeas corpus en favor de los genocidas, que no liberen a ninguno de ellos y que no se siga concediendo prisiones domiciliarias sin razones humanitarias que las fundamenten”, comenzaron reclamando.

El recurso pide la inmediata liberación, o concesión de la prisión domiciliaria, de todos genocidas (estén condenados o procesados, con prisión preventiva) “mintiendo acerca de que no está garantizada su salud en sus lugares de detención”, denuncian, y aclaran: “La salud de los genocidas está garantizada en sus lugares de detención. Sus condiciones de detención son controladas permanentemente por los Tribunales Federales intervinientes”.

“Los genocidas están detenidos en cárceles especiales que cuentan con médicos, enfermeros, ambulancia (las 24 horas del día) y todas las condiciones para atender los problemas de salud que presentan. En particular, las Unidades 31 y 34 del Servicio Penitenciario Federal (Ezeiza y Campo de Mayo)”, agrega el texto.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos comprobó la vigencia  de dichas garantías en el “Relevamiento sobre las condiciones de detención de los imputados por crímenes de Lesa Humanidad en las Unidades Penitenciarias N° 31 y 34 del Servicio Penitenciario Federal” confeccionado en 2022.

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“Denunciamos el intento de liberar a los genocidas a través de un habeas corpus planteado ante un juez  perteneciente a los tribunales penales ordinarios cuando los tribunales competentes son los federales”, agrega el comunicado.

“Con esta acción se pretende lograr la impunidad  de los genocidas que aún permanecen detenidos en unidades carcelarias. Según las últimas estadísticas oficiales, del Ministerio Público Fiscal, hay 508 detenidos en prisión domiciliaria y 134 en Unidades del Servicio Penitenciario Federal (56 de ellas en la Unidad de Campo de Mayo)”.

“Hoy la mayoría de los genocidas gozan de prisión domiciliaria. Los que aún están en unidades del Servicio Penitenciario Federal son los que no pudieron encontrar la más mínima excusa para lograr una domiciliaria. El intento de imponer la impunidad hace peligrar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia conquistado por la lucha de nuestro pueblo”, sintetizan.

El documento que dio origen a la campaña lleva las firmas de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; del titular del Serpaj, Adolfo Pérez Esquivel, y de otros referentes como Sergio Maldonado, Horacio Pietragalla y Myriam Bregman.

Según informó la periodista Luciana Bertoia en Página/12, un grupo de seis fiscales que intervienen en causas por delitos de lesa humanidad le advirtió al juez Martín Yadarola que no es competente y que debe remitir los planteos a los tribunales federales.

Se trata de Miguel Palazzani, Adolfo Villatte, Marcelo García Berro, Alejandro Alagia, Felix Crous y Facundo Trotta.

Fuente: https://canalabierto.com.ar