Lesa humanidad: Condenaron en Neuquén a dos funcionarios judiciales de la dictadura
El exjuez Pedro Duarte y el exfiscal Víctor Ortiz recibieron una pena de once años de prisión por no buscar a los desaparecidos. Es el primer juicio que se desarrolla en la provincia por la complicidad judicial con el terrorismo de Estado.
Redacción Canal Abierto | El Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó este mediodía a dos funcionarios judiciales que actuaron en la provincia durante la última dictadura. El exjuez Pedro Laurentino Duarte y al exfiscal Víctor Ortiz fueron sentenciados a 11 años de prisión efectiva por su participación en delitos de lesa humanidad entre 1976 y 1983.
El juicio es conocido como “Escuelita VIII”, ya que investigó 22 casos de desapariciones y torturas cometidas en ese centro clandestino.
El tribunal conformado por María Paula Marisi, Alejandro Oliva y Sebastián Foglia condenó a Duarte como partícipe necesario por los secuestros, como autor por la omisión de la persecución penal y como autor de prevaricato. Por todos los casos, 15 de ellos de desaparecidos. En tanto a Ortiz se lo condenó como autor del delito de omisión de promover la persecución penal, también por todos los casos.
Duarte se desempeñó como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Neuquén entre el 8 de julio de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, y Ortiz fue procurador fiscal federal entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1 de abril de 1985.
Acusaron el fiscal general Miguel Palazzani y el auxiliar fiscal José Nebbia.
Duarte era miembro del Ejército y se había desempeñado como jefe de la sección Justicia de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén con el grado de Mayor hasta pocos días antes de ser designado a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Neuquén el 2 de agosto de 1976, cargo que ocupó hasta el 30 de septiembre de 1984. Ortiz era secretario de ese juzgado cuando fue nombrado fiscal federal el 23 de septiembre de 1976 y se mantuvo en el cargo hasta el 1 de abril de 1985.
El juicio hizo foco en la actuación de los ex funcionarios en las denuncias y habeas corpus presentadas por las familias de detenidos que no fueron investigadas, garantizando la impunidad las fuerzas represivas.
Ambos fueron acusados como autores del delito de omisión de promover la persecución penal y como partícipes secundarios del delito de privación ilegal de la libertad. Duarte, además, está imputado por prevaricato, ya que cerró investigaciones y dictó sobreseimientos basado en información falsa.
Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, Duarte y Ortiz habrían prestado una colaboración indispensable al personal militar, de la policía local, federal y penitenciario para la comisión de delitos tales como “detenciones ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos y desaparición forzada de personas con eliminación física”.
Las víctimas en su mayoría estuvieron cautivas en el centro clandestino de detención denominado “La Escuelita” de Neuquén, que funcionó en un predio del Ejército bajo el control del Destacamento de Inteligencia 182 y de la VI Brigada de Infantería de Montaña, y más de la mitad de ellas se encuentran desaparecidas.
Se trató del octavo y tal vez el último juzgamiento por los crímenes de la dictadura en Neuqén, ya que, si bien hay casos instruidos y elevados a juicio, no quedan responsables en condiciones de ser llevados al proceso.
Oscar Reinhold, en prisión domiciliaria con condena firme y acusado en todos los tramos como uno de los jefes que perpetró el plan criminal en la región, fue declarado inhábil este año.
