Los límites del programa económico

Redacción Canal Abierto | El proyecto de la Ley Ómnibus y el DNU 70/2023 incluyen, entre su batería inagotable de medidas, una serie de ítems que responden al programa económico que el gobierno de Javier Milei llama “de transición”.

Se trata de lo que los economistas caracterizan como un “típico ajuste ortodoxo”: fuerte recorte fiscal y monetario, desregulación de las finanzas y paulatina apertura comercial, y un deterioro de los salarios gracias a un fuerte cambio de precios relativos.

Con algunas diferencias en relación al programa de Cambiemos —como el sostenimiento del “cepo” cambiario y la baja en la tasa de interés— son varias las preguntas que abre este paquete de iniciativas: ¿hasta cuándo se sostiene el actual régimen? ¿Hacia dónde va este programa de transición? Dado el deterioro de las condiciones de vida, ¿hasta dónde llega la licencia social?

Sobre estos y otros interrogantes reflexionaron los investigadores del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) en un informe titulado La economía argentina: programa económico ¿de transición?

Allí rescatan que el programa que viene llevando adelante el gobierno asumido el 10 de diciembre último le permitió acumular al  Banco Central, hasta la fecha, unos US$ 4.000 millones en reservas. No obstante, “dicha acumulación se dio en gran medida en el marco de fuerte caída de la actividad, caída de los ingresos reales, y posponer importaciones. Así y todo, todavía parece ser insuficiente para eliminar las restricciones cambiarias y/o para aventurarse en una dolarización precoz”, detallan.

De acuerdo a su análisis, esto podría servir como “puente” hasta marzo-abril, meses en los que suele crecer el ingreso de divisas por la liquidación de la cosecha gruesa.

“Sin embargo, la aceleración inflacionaria de los últimos meses iniciada por el shock devaluatorio de diciembre pasado, combinada con la estrategia del crawling peg (devaluación administrada) del 2% mensual, vienen erosionando rápidamente el nuevo nivel del tipo de cambio real, lo que podría dar lugar a un nuevo pedido de devaluación por parte de los sectores agroexportadores para comenzar las liquidaciones”, advierten desde el CESO.

Son varias las preguntas que abre este paquete de iniciativas: ¿hasta cuándo se sostiene el actual régimen? ¿Hacia dónde va este programa de transición? Dado el deterioro de las condiciones de vida, ¿hasta dónde llega la licencia social?

Ante esto, desde el Gobierno podrían impulsar una nueva devaluación, pero estaría lejos de ayudar a combatir la inflación, objetivo que estaría —desde lo discursivo— en los horizontes oficialistas.

“En Argentina, además de contractivas, las devaluaciones suelen ser procíclicas: una devaluación genera rápidamente una aceleración inflacionaria que en un período relativamente corto provoca que el tipo de cambio real vuelva a su nivel anterior, lo que da lugar a que algunos sectores presionen por una nueva devaluación por el nuevo ‘atraso’ cambiario, generando un nuevo salto en los precios. Un círculo vicioso”, explican desde el CESO.

Lo social y lo político

La transferencia de ingresos a los sectores más concentrados que significó este ajuste ortodoxo que viene llevando adelante la gestión de Milei ha generado un fuerte deterioro en las condiciones de vida de las grandes mayorías.

“El objetivo de este cambio pareciera ser lograr una fuerte disminución en los costos laborales y en las prestaciones que brinda el Estado, para facilitar la implementación de una futura dolarización”, analizan en el informe.

Si bien alcanzar el déficit cero es más una necesidad autoimpuesta del propio Gobierno que una necesidad estrictamente económica, el hecho de no alcanzarlo podría hacerle perder credibilidad, debilitarlo en términos políticos, y ser un problema adicional a la hora de sostener el acuerdo con el FMI.

Sin embargo, ese podría ser el primer escollo que enfrente el Gobierno. “Con una clase trabajadora que viene perdiendo hace años frente a la inflación y que no logró recuperar la fuerte caída de los salarios reales generada durante el gobierno macrista –caída que en algunos sectores incluso se profundizó durante los últimos cuatro años, como es el caso de los trabajadores no registrados– el margen pareciera ser escaso. La pérdida adicional de poder adquisitivo de diciembre-23 podría ser el límite. El paro y la masiva movilización de las centrales obreras el 24 de enero pasado parecen ser un indicio de eso”, detallan desde el CESO.

Por otro lado, está la política. Hasta el momento, destacan los economistas, el Gobierno “mostró poca cintura” para lograr los consensos necesarios en el Congreso que le permitan aplicar las transformaciones estructurales propuestas en el proyecto de Ley Ómnibus, mientras que el Mega DNU que intentó meter por la fuerza parece ir perdiendo peso frente a la Justicia. Tal es así que la Cámara Nacional del Trabajo declaró la inconstitucionalidad de todos los artículos del capítulo laboral del DNU 70/2023, y para poder obtener dictamen de la Ley tuvieron que eliminar el capítulo fiscal.

“El capítulo fiscal es el que en gran medida respaldaba el prometido equilibrio fiscal, una de las principales banderas del gobierno libertario (…). Si bien creemos que el alcanzar el déficit cero es más una necesidad autoimpuesta del propio gobierno que una necesidad estrictamente económica, el hecho de no alcanzarlo podría hacerle perder credibilidad, debilitarlo en términos políticos, y ser un problema adicional a la hora de sostener el acuerdo con el FMI”, explica el informe.

También pone el foco en el recorte a las transferencias del Tesoro Nacional a las provincias y municipios, en el marco de una delicada situación financiera que ya están transitando muchas provincias a raíz de los menores ingresos que reciben por coparticipación por la eliminación del Impuesto a las Ganancias. “Eliminar de cuajo estas transferencias, que en parte compensaron esta caída durante los últimos meses de 2023, podría generar grandes conflictos sociales locales, que en mayor o menor medida podrán escalar a nivel nacional”, advierten en el CESO.

Finalmente, anticipan que “el fuerte ajuste fiscal podría generar una caída más que proporcional en la actividad económica, y por tanto, en la recaudación”.

Ilustración: Marcelo Spotti

Fuente: https://canalabierto.com.ar