Ley de Etiquetado Frontal: “Las nuevas modificaciones representan un retroceso significativo”, alertan
El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires rechazó los cambios implementados por el Gobierno nacional. Reglamentada en 2022, la Ley de Etiquetado Frontal busca garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable.
Mediante un comunicado, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires expresó su preocupación ante la serie de modificaciones implementadas por el Gobierno nacional a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, comúnmente conocida como “Ley de Etiquetado Frontal”. “Representan un retroceso significativo en la protección de la salud y el derecho a una alimentación adecuada”, alertaron.
Las modificaciones fueron introducidas a través de las disposiciones 11362/2024 y 11378/2024. Uno de los cambios que más polémica generó fue el nuevo sistema de aplicación de los octógonos negros. De ahora en adelante, los criterios para decidir si un producto lleva sello será diferente. Como resultado, se evaluará únicamente el exceso de los nutrientes críticos agregados.
De esa manera, se dejan de lado los intrínsecos, es decir, los que forman parte de la composición química de un alimento. “Al permitir que se consideren solo los nutrientes añadidos, se oculta información crucial sobre la composición nutricional real del producto”, consideraron.
Los cambios a la Ley de Etiquetado Frontal
Desde el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires también manifestaron que las modificaciones contribuyen a una “publicidad engañosa, desprotección a niños y adolescentes y generan falta de transparencia”. “La flexibilización en el uso de ‘claims’ como ‘light’ en productos con exceso de azúcares genera confusión en los consumidores y promueve la elección de productos no saludables”, explicaron.
“Además, la reducción de la edad límite para la protección frente a la publicidad de productos ultraprocesados y la permisividad en el uso de elementos de marketing dirigidos a niños y adolescentes vulneran sus derechos”, advirtieron, y lamentaron la eliminación de las declaraciones juradas ya que “implica una pérdida de control sobre la información nutricional de los alimentos”. “Deja a los consumidores a merced de la buena fe de las empresas”, agregaron.
Para concluir, destacaron que las políticas públicas en materia de alimentación “deben basarse en evidencia científica sólida y consensuada”. Asimismo, recordaron que el objetivo primero debe ser proteger la salud de la población, especialmente de los grupos más vulnerables. “Las nuevas disposiciones representan una regresión en los derechos adquiridos a la información, a la salud y a la alimentación”, remarcaron.