Ley Ómnibus: la subasta encubierta en el Gobierno de Milei
A la espera del tratamiento específico del megaproyecto que fue aprobado de manera general el pasado viernes en la Cámara de Diputados, Nota al Pie repasa los cambios en el apartado de privatizaciones y el análisis del CEPA sobre el aporte de las empresas estatales.
Esta semana fue una de las más tensas e importantes de los últimos meses debido al debate y la posterior aprobación general de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. Luego de tres jornadas de sesiones plenarias en el Congreso, el proyecto fue aprobado con 144 votos a favor y 109 en contra.
Sin embargo, el próximo martes 6 de febrero, a partir de las 14, iniciará el debate particular del megaproyecto donde se discutirá artículo por artículo. Una vez concluido, deberá ser tratado en el Senado.
Las modificaciones en la Ley Ómnibus
En primera instancia, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que propone una reestructuración de la Argentina, contaba con más de 600 artículos, pero a medida que avanzaron las negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, estos se redujeron a la mitad.
En ese contexto, al final de la tarde del jueves se anunciaron modificaciones respecto a la lista de empresas públicas que serían privatizadas, cuyo aspecto fue retomado durante la segunda jornada de debate por los bloques de Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
Las diferencias entre los distintos bloques sobre las privatizaciones de las empresas estatales conllevaron a una leve disminución del número que se proponía desde el Gobierno. El mismo se redujo de 36 a 27, al tiempo que están enlistadas en cuatro grupos.
Privatizaciones
El primer grupo concentra a Administración General de Puertos Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Construcción de Viviendas para la Armada Argentina, Energía Argentina, Intercargo Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, Playas Ferroviarias de Buenos Aires, Polo Tecnológico Constituyentes, Talleres Navales Dársena Norte, Nación Bursátil, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, y Nación Servicios.
El segundo grupo está conformado por las empresas Banco de la Nación Argentina (BNA), Nucleoeléctrica Argentina y Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT).
En el caso del tercero se encuentran Télam, Educ.ar, Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina, mientras que el cuarto nuclea a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Operadora Ferroviaria, Belgrano Cargas y Logística, Ferrocarriles Argentinos, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, y Corredores Viales.
Las empresas que quedaron afuera
Algunas de las compañías que ya no forman parte del proceso de privatización que plantea la Ley Bases son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A, Fábrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio y Radio de la Universidad del Litoral.
Esto último también aplica para Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), otra de las tantas empresas estatales que el Gobierno Nacional pretendía vender y la que más polémica generó entre los distintos bloques de la Cámara Baja.
La otra cara de moneda
Uno de los puntos en el que más coincidieron diputades de diferentes bloques durante los dos días de debate es la falta de análisis por parte del Gobierno libertario respecto a cada una de las empresas que se pretende privatizar y su rentabilidad.
En ese sentido, el Centro de Economía Política (Cepa) compartió un informe donde se analiza cada una de las empresas que podrían ser privatizadas, entre las que se destacan el BNA, ARSAT y Nucleoeléctrica Argentina.
De acuerdo a la investigación realizada por el Cepa, el Banco Nación obtuvo alrededor de 700 mil millones de pesos en 2023 y cuenta con más de 13 billones en depósitos públicos y privados que son codiciados como fuente de financiamiento por la competencia.
Además, se informó que el 15 de diciembre la agencia crediticia FIX SCR, perteneciente al Grupo Fitch, concedió al BNA la máxima calificación a corto plazo y la segunda mejor calificación a largo plazo, con una perspectiva estable.
La entidad afirma que los factores que influyeron en la calificación fueron muy claros: la franquicia tiene una posición dominante (con el 18,7% de los depósitos y el 17,8% de los préstamos totales del sistema), buena rentabilidad y calidad de activos considerando la diversidad de la cartera.
A ello se suma una cobertura correcta mediante previsiones, así como una liquidez adecuada. Además, la entidad determinó que desde diciembre de 2019 el Patrimonio Neto casi se triplicó en términos reales.
También se indicó que, a medida que los indicadores de rentabilidad se recuperaron, el BNA logró alcanzar una ratio de resultado del 27% en octubre de 2023. En términos monetarios, el Patrimonio Neto del banco experimentó un crecimiento del 332% en relación con el tipo de cambio oficial, según planteó Cepa.
Además, en el informe se detalló que el patrimonio creció un 116% en relación con el tipo de cambio MEP.
Otra de las empresas que serán privatizadas es Nucleoeléctrica Argentina, cuyo objetivo es desarrollar y comercializar la energía de generación nuclear relacionada con las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
Los accionistas de la empresa son el Estado, a través del Ministerio de Economía, quien posee el 79% de las acciones; la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con el 20% de las acciones; e Integración Energética Argentina S.A (IEASA), con el 1% de las acciones.
Las centrales producen energía limpia y fomentan la diversificación de la matriz energética con tecnología nacional. En conjunto, suman una capacidad de 1.763 MW, lo que representa el 4,1% del total de 42.989 MW de potencia instalada en el Sistema Argentino de Interconexión en 2022.
