Seguridad, Un Problema de Todos

Por Juan Severo

Vemos y escuchamos los cruces entre el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto a otros funcionarios de ambos lados, acusándose mutuamente por la inseguridad. También los ciudadanos opinan sobre el tema, pero la realidad es que ninguno de los gobernantes dice concretamente cómo se podría resolver el problema.

En este debate parecen quedar olvidados los actores principales: los diputados Nacionales y Provinciales, quienes deberían asumir su responsabilidad, dejarse de especulaciones políticas y demostrar que realmente están a la altura de representar a los ciudadanos. Por ejemplo, podrían modificar un artículo de la ley vigente que permite que un adicto decida si acepta ser medicado o no, cuando en muchos casos es evidente que no esté en condiciones de tomar esa decisión.

Otro actor fundamental en esta problemática es el sistema judicial. Jueces y fiscales muchas veces no cumplen con su labor como deberían, y en lugar de garantizar seguridad, terminan permitiendo que los delincuentes reincidan sin consecuencias reales. Se debate intensamente sobre la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, pero esto es solo una parte del problema. Si el Estado sigue ausente en la prevención y la contención de los jóvenes en situación de riesgo, bajar la edad de imputabilidad solo será un parche que no soluciona el problema de fondo.

Las fuerzas de seguridad también están bajo la lupa. En demasiadas ocasiones, algunos de sus miembros son cómplices de las redes delictivas. La falta de controles internos y de políticas serias de depuración dentro de las instituciones policiales contribuye a la sensación de impunidad que existe en las calles.

Mientras tanto, hay muchas familias que buscan ayuda desesperadamente para sacar a un ser querido de la droga, pero el Estado no las acompaña. Los pocos centros de rehabilitación públicos están desbordados y el sector privado resulta inaccesible para muchas personas. La solución debería centrarse en la prevención y en la asistencia temprana, obligando al adicto a internarse en centros con profesionales médicos y psicológicos que lo ayuden a salir de la adicción antes de que termine delinquiendo.

Pero la seguridad no es solo responsabilidad del Estado. Hay ciudadanos que compran teléfonos de alta gama por dos mangos o repuestos de automotor a precios sospechosamente bajos, alimentando el circuito del delito. Si no hubiera mercado para estos productos de dudosa procedencia, los robos disminuirían considerablemente.

Los intendentes, por su parte, parecen más preocupados en instalar cámaras de fotomultas para recaudar dinero en lugar de poner cámaras destinadas a la prevención del delito. Se podría mejorar la seguridad organizando cuadrículas más eficientes y priorizando la movilidad rápida con motos policiales en lugar de patrulleros, que muchas veces llegan tarde al lugar de los hechos.

La inseguridad es un problema que nos afecta a todos y que solo podrá resolverse con el compromiso de todos los sectores. No hace falta una ley de «ficha limpia» para evitar votar a corruptos, lo que hace falta es que los vecinos nos involucremos en la vida cotidiana de nuestros barrios. Tenemos que dejar de delegar en otros y hacernos cargos de nuestro destino, por nuestros hijos y nietos,

O lo resolvemos entre todos, o no se resuelve.