Siguen las críticas al decreto presidencial para nombrar jueces de la Corte Suprema
En declaraciones a El1, el presidente del Colegio de Abogados de La Matanza, doctor Martín Rivas, afirmó que “rechazamos el mecanismo” adoptado por el Gobierno, porque es “inconstitucional”. El letrado señaló que se podría haber esperado el inicio de las sesiones ordinarias del parlamento, el 1 de marzo, para nombrar a los magistrados.

La designación en comisión por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para que ocupen los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación generaron reacciones adversas. Además, ya juró como nuevo miembro del Máximo Tribunal García Mansilla. En tanto, el jueves 6 de marzo la Corte tratará la solicitud de licencia extraordinaria de Lijo como juez federal, medida necesaria para asumir su nuevo rol.
Consultado por El1, el presidente del Colegio de Abogados de La Matanza, doctor Martín Rivas, rechazó la medida de la Casa Rosada, tras un análisis realizado por el propio colegio, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. “Rechazamos ese mecanismo de designación por inconstitucional”, pese a que existe “una ventanita en la Carta Magna” para justificar la decisión.

Rivas detalló que esa “ventanita” es un “inciso de la Constitución Nacional previsto para cuando el parlamento “no funciona” para tratar los pliegos de los candidatos y es imperiosa la necesidad de ocupar un cargo vacante.
“Habla de un tiempo pasado cuando las sesiones ordinarias empezaban en mayo y duraban seis meses. Ese inciso estaba pensado porque en que ese medio año podría haber algún renunciamiento de algún miembro de la Corte y había que designar en comisión. Igualmente, después lo tenía que tratar el Senado. No es el caso que nos ocupa. Era para los tiempos de la carreta”.
Recordemos que las sesiones extraordinarias del Congreso empezaron el 20 de enero de 2025 y finalizaron el 21 de febrero. Para Rivas, el gobierno podía haber esperado hasta el 1 de marzo, día de la apertura de las sesiones ordinarias, para que se trate la aprobación de los pliegos en la Cámara Alta. El período legislativo finaliza el 30 de noviembre, según la ley.
Con respecto al futuro inmediato, Rivas se mostró cauto y señaló que “habrá que ver que pasa en la Corte y que sucede en el Senado con el pliego de Lijo, que está muy cuestionado por su desempeño desde distintos sectores de la sociedad”.