De que se trata

Trenes, camiones y tractores: se auditaron las acciones en pos del control de emisiones contaminantes

La Auditoría General de la Nación revisó la gestión de las tareas relacionadas con la reducción de gases contaminantes de los vehículos. Entre los hallazgos destacó la falta de procesos internos y las falencias administrativas.

Como buena práctica para reducir las emisiones se insiste en la mayor utilización del transporte público, el uso de la bicicleta y la posibilidad de compartir los autos particulares.

Caminar por cualquier ciudad es experiencia suficiente para percibir el impacto contaminante que los vehículos tienen en nuestro ambiente, en la salud y, a gran escala, en el ecosistema.

Los gases emitidos por la combustión de los motores representan más del 50% de los componentes nocivos presentes en el aire atmosférico de las zonas densamente urbanizadas del mundo, pero además, el ciclo útil de todo vehículo es en sí mismo contaminante, desde su producción hasta su destrucción o abandono como chatarra.

Es por esto que es menester la optimización de su uso y la disminución, al mismo tiempo, de su impacto en el ambiente.

En línea con esta búsqueda, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) a través de la Coordinación de Emisiones Vehiculares (CEV) lleva adelante acciones de fiscalización y control de las emisiones contaminantes y de los ruidos provenientes del transporte automotor, también denominadas contaminación atmosférica y sonora, respectivamente.

Sobre estas tareas, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó una auditoría de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, y entre los hallazgos destacó el buen desempeño en el control de vehículos previsto, en contraposición con las falencias en cuestiones administrativas y de procesos internos.

Deficiencias en tareas

En primer lugar, el informe explica que dentro de la CEV funcionan el Laboratorio de Control de Emisiones Gaseosas Vehiculares (LCEGV) y la Unidad Técnica Operativa de Emisiones Vehiculares (UTOEV).

El LCEGV realiza ensayos a vehículos livianos, consistentes en: homologaciones; control de producción (COP); investigación y desarrollo (I+D); y verificaciones, pero, según la AGN, durante el período auditado no se realizaron homologaciones, que son el procedimiento por el que se verifica que el vehículo cumple los requerimientos de seguridad activa y pasiva, emisiones contaminantes, ruidos vehiculares y radiaciones parásitas.

No se estipularon indicadores de resultados e impacto para medir el alcance y nivel de implementación de las políticas implementadas.

Por su parte, la UTOEV se encarga de emitir las Licencias de Configuración Ambiental (LCA) a partir del control de emisiones gaseosas y sonoras de los vehículos en las empresas, es decir, antes de salir al público, aunque el informe detalla que tampoco se realizaron dichas licencias para motovehículos, ni los ensayos de monitoreo previos.

En sumatoria a esto, a la hora desarrollar los resultados y alcance de las políticas implementadas, la revisión expone que no se han estipulado indicadores de resultados e impacto para medirlos. Esto incide directamente en el control de la contaminación del aire y en la salud de la población, particularmente en los centros urbanos.

Falencias administrativas

En relación a los aspectos administrativos, la auditoría expone que ni al LCEGV ni a la UTOEV se les dio reconocimiento institucional dentro del organigrama del MAyDS ni fueron definidas sus funciones por una norma legal. Es decir, el organigrama llega hasta el nivel de la CEV.

Tampoco cuentan con designaciones formales de sus directivos y, por este motivo, resulta muy difícil establecer metas claras y controlar la gestión.

Además, estos organismos no cuentan con un Plan Estratégico Institucional donde se establezcan prioridades, estrategias, y objetivos vinculados al control de emisiones vehiculares, ni con planes de acción ni planes operativos anuales.

El LCEGV maneja legajos físicos en lugar de electrónicos, y no cuenta con base de datos en los servidores del Ministerio.

Con respecto a la organización y los recursos humanos, la CEV no cuenta con una estructura formal de funcionamiento y división de responsabilidades para llevar adelante las diversas funciones que de ella dependen.

El LCEGV, además de lo mencionado, no se encuentra certificado en normativa internacional de calidad ISO 17.025 ya que la falta de estructura organizacional lo imposibilita.

Por otro lado, este laboratorio maneja legajos físicos (para los ensayos de COP e I+D) en lugar de utilizar expedientes electrónicos, y no cuenta con una base de datos en servidores del MAyDS.

Por ejemplo, para asignarse el número de informe en los ensayos de COP e I+D se ingresa al servidor del Instituto Nacional del Agua (INA). Esto imposibilita la interacción de forma ágil y segura en todas las gestiones administrativas que requiera la CEV dentro del MAyDS.

Sugerencias de mejora

La AGN concluyó que lo desarrollado “evidencia una fragilidad institucional que genera incertidumbre e imprevisibilidad de los funcionarios que ocupan cargos de dirección técnica en dichas unidades”.

Para tener en cuenta a futuro, con el fin de que la fiscalización de emisiones vehiculares en la Argentina sea eficaz, el oganismo recomendó la transformación en dos áreas con sus respectivas funciones y responsables; el avance en acciones de estandarización de procesos, caratulando expedientes en el sistema electrónico; la gestión, ante las áreas correspondientes del MAyDS, de la posibilidad de migrar la base de datos y toda información correspondiente a ensayos realizados por el LCEGV a los servidores del Ministerio.

 

Fuente: https://elauditor.info

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