La UCR también pide reglamentar la Ley de Prevención del Suicidio en la provincia

El diputado del bloque UCR + Cambio Federal, Valentín Miranda, presentó un proyecto para reclamarle al gobierno de Axel Kicillof que reglamente la Ley N° 14.991, con la que la provincia de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional de Prevención de Suicidios.

Según expresa el oriundo de Trenque Lauquen, la iniciativa busca que el Ejecutivo provincial reglamente y determine la autoridad de aplicación de la Ley de Prevención de Suicidios, que establece la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las víctimas del suicidio, entre otros.

“Los artículos 2° y 3° de la Ley provincial N°14.991 determinan la necesidad de designar la autoridad de aplicación y reglamentarla a los fines de ‘establecer las modalidades y los plazos que permitan coordinar con las autoridades nacionales competentes el cumplimiento efectivo de la Ley a la que se adhiere. Las razones que dieron origen a esa adhesión, se encuentran vigentes”, explicó Miranda.

En rigor, la Ley N° 14.991, sancionada en 2017, establece que la provincia de Buenos Aires adhiere a la ley nacional 27.130, que declara de interés en todo el país la atención biopsicosocial integral de las personas con riesgo de suicidio, y promueve acciones de prevención, asistencia, posvención y capacitación en todo el sistema de salud.

“El suicidio es una problemática de salud pública que requiere una respuesta del Estado ágil y coordinada, con un abordaje integral que contemple la prevención, la asistencia y el acompañamiento a los entornos. La falta de aplicación de estos dos artículos obstaculiza el despliegue pleno de políticas públicas efectivas”, sostuvo Miranda.

En este contexto, el alfil radical señaló que la Ley de Prevención de Suicidios tiene consideraciones tales como la interpretación de “intento de suicidio”, es decir toda acción auto infligida con el objeto de generarse un daño potencialmente letal, o la “posvención”, las acciones e intervenciones posteriores a un evento autodestructivo que están destinadas a trabajar con las personas, familia o instituciones vinculadas con la persona que se quitó la vida.

“La Ley de Prevención de Suicidios busca la disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio a través de la prevención, asistencia y posvención, estableciendo como metas el abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del suicidio, el desarrollo de acciones y servicios asistenciales, la capacitación de los recursos humanos, y la promoción de la creación de redes de apoyo de la sociedad civil”, precisó Miranda.

Entre todos los lineamientos de la normativa, el diputado opositor enfatizó en que la autoridad de aplicación que debe elegir el Gobierno provincial, debe tener como principal rol la capacitación de los recursos humanos en salud y educación para detectar a las personas en situación de riesgo a través de una formación sistemática y permanente.

Por eso, Miranda enumeró las maneras en las que el Ejecutivo bonaerense debería contribuir a la Ley de Prevención de Suicidios, como la elaboración de un protocolo de intervención para los servicios del primer nivel de atención de salud y de los de emergencia hospitalaria, y un protocolo de coordinación entre los servicios de salud, la línea telefónica de emergencia y otros ámbitos comunitarios intervinientes.

Vale recordar que, en las últimas semanas otro diputado opositor también presentó un proyecto para que Provincia apure la reglamentación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. La semana pasada, la legisladora libertaria dialoguista, Sabrina Sabat, pidió incorporar un artículo a la normativa para crear una línea telefónica gratuita y permanente destinada a contener personas en situación de vulnerabilidad.

Los datos del suicidio en Argentina

Es preciso mencionar que, en 2023 se registraron 4.195 suicidios en Argentina, lo que representa un aumento del 6% con respecto al año anterior y la cifra más alta desde 2014, año en que se comenzaron a compilar los datos del Sistema Nacional de Información Criminal.

La estadística nacional supera incluso a las muertes viales (3.955) y a los homicidios dolosos (2.046), por lo que el suicidio se consolidó como la principal causa de muerte violenta en el país.

Además, la prevención del suicidio de la que habla Miranda es especialmente necesaria entre adolescentes, ya que en 2023 se registraron 394 casos de autolisis en menores de edad, en su mayoría varones, con una edad promedio de 17 años.

Por caso, la provincia de Entre Ríos lidera la tasa nacional de suicidios ajustada por población, con 18,8 cada 100.000 habitantes. Allí, las autoridades sanitarias encendieron alertas por casos en chicos de apenas 14 años, una situación inédita hasta ahora.

Además, en los últimos años surgieron nuevos factores de riesgo del suicidio en adolescentes, como la ludopatía juvenil, vinculada al auge de las apuestas online, que en varias ocasiones afectan directamente a la economía de las familias.

El proyecto de Miranda sobre la Ley de Prevención de Suicidios