Operación Roca: cuando la ideología prima sobre la eficacia

Redacción Canal Abierto | El anuncio realizado por el ministro de Defensa acerca de la denominada Operación Roca, mediante la cual se pondría en práctica un viejo anhelo de los sectores más reaccionarios de la política argentina como es la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior.

Con un primer avance materializado hoy en la ciudad salteña de Tartagal donde llegaron más de una millar y medio de efectivos del ejército como una ampliación del Plan Güemes de fortalecimiento de las fronteras, son más las incógnitas que las cosas claras respecto a esta medida.

El CELS planteó que “en nuestro pedido de información al ministro Petri, además de la información contenida en las reglas de empeñamiento, le solicitamos que nos comparta con qué leyes se autorizó a las Fuerzas Armadas a realizar detenciones; que nos informen si las FFAA tienen permitido portar armas de fuego en esas actividades y bajo qué reglas del uso de la fuerza se realizarían”.

Y pidió explicaciones acerca “de qué manera se informarán a las autoridades civiles y judiciales las detenciones que los militares hagan en la frontera y cómo se implementará la supervisión y el control de otras áreas del Estado sobre esas actuaciones. Por último le solicitamos que nos entregue el diagnóstico y las hipótesis sobre las cuáles se basa la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en estas tareas”.

El organismo recordó que «esta decisión del gobierno sigue corriendo los límites para la intervención de las FFAA en tareas propias de las policías. En diciembre de 2024, con los decretos 1107 y 1112/24, a través de la incorporación de conceptos como `amenaza externa´ y `objetivos de valor estratégico´ ya intentó encontrar resquicios que permitan meter por la ventana a los militares en temas de seguridad”.

“En el escenario de la Argentina actual, sin ninguna amenaza que lo justifique, la decisión del Ministerio de Defensa solo tiene sentido desde un punto de vista ideológico, sostenido por sectores del gobierno que buscan profundizar la agenda de militarización de la seguridad”, evaluó el CELS.

“La Argentina estableció un esquema legal e institucional democrático que se caracteriza por la separación entre seguridad interna y defensa y la prohibición de que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos políticos internos. Ese esquema se basó en las leyes de Defensa Nacional (1988), la de Seguridad Interior (1991) y de Inteligencia Nacional (2001), todas sancionadas en presidencias distintas y que conformaron el acuerdo político más importante de la democracia. Así la Argentina estableció que el rol principal de las Fuerzas Armadas era la defensa contra agresiones externas de otros estados”, señala un escrito de la institución.

El director del área de Justicia y Seguridad del CELS, Manuel Tufró, respondió a la consulta de Canal Abierto que “el anuncio sigue estando muy flojo de papeles en cuanto a la justificación o el respaldo normativo que pueda tener esta decisión”, ya que “ese fundamento se supone que tiene que estar en las reglas de empeñamiento que acompañan el decreto que instala este operativo” y éstas “siguen siendo secretas, son reservadas”.

Tufró también se refirió a la posibilidad de que efectivos de las Fuerzas Armadas estén autorizadas a realizar detenciones en caso de presenciar delitos flagrantes y evaluó que “salvo que estén invocando un artículo del Código Procesal Penal, que es el de las muchas veces llamadas detenciones ciudadanas, en las que el código en realidad ahí autoriza a cualquier persona a detener a otra persona, o a retenerla en realidad, hasta que lleguen las fuerzas de seguridad o las policías para realizar la detención, es confuso lo que dice el Gobierno”.

“No queda claro si están marcando esta facultad, que en realidad tiene cualquier ciudadano o si está autorizando las Fuerzas Armadas a detener a las personas, es decir, a hacer también el trámite de la detención. De ser así, estaríamos ante un avasallamiento de facultades que son policiales y no militares”, advirtió el abogado.

En tal sentido, Tufró observó que “hay que volver a poner de relieve que el Gobierno le está dando facultades a las Fuerzas Armadas para intervenir en temas de seguridad y lo hace bajo normas secretas que en realidad son incompatibles con el ejercicio de las tareas de seguridad ciudadana”

Referido al carácter secreto, Tufró expresó que “una cosa es el secreto en situaciones de conflicto bélico y el secreto en el campo de la acción militar. Allí, el carácter secreto tiene todo un sentido, que es que fuerzas enemigas no conozcan los planes o las capacidades de las propias fuerzas. Pero en temas de seguridad ciudadana esto no funciona así”.

Y señaló que “en las facultades policiales, por ejemplo, lo que pueden o no pueden hacer las policías y las fuerzas de seguridad no son temas secretos. Son temas públicos, están las leyes, los ciudadanos pueden y deben saber cuáles son los límites de la intervención de las fuerzas de seguridad. Entonces, estaríamos ante una intervención de fuerzas militares que no sabemos qué atribuciones tienen”.

Sin embargo, el fondo de la cuestión pareciera estar más en un posicionamiento ideológico, quizá de cara al año electoral, que en medidas que puedan contribuir efectivamente a solucionar el problema que buscan atender.

“Está claro que todo este operativo, todas estas intervenciones que está proponiendo el Gobierno Nacional de Fuerzas Armadas, responden más a un criterio ideológico que a un criterio de eficacia o que esta medida pueda tener algún resultado relevante en términos de vigilancia de la frontera o de disminución de de ciertos delitos en las fronteras”, expuso Tufró.

“Las fuerzas armadas no están preparadas para este tipo de tareas, las fuerzas de seguridad son mucho más numerosas que las fuerzas armadas. Entonces, desde el punto de vista de la eficacia o de los medios con los que se cuenta para resolver algún problema, no tiene ningún sentido esta medida. Sólo tiene sentido desde el punto de vista más ideológico de seguir profundizando la agenda de que los militares intervengan en temas de seguridad interior”, concluyó el especialista.

Fuente: https://canalabierto.com.ar