En nuestro país hay 4.800.000 hogares que no tienen gas natural. Después de más de 30 años de la privatización de los servicios de gas natural, porque dependía del Estado hasta 1992. Y esto fue con la promesa de que todos los argentinos íbamos a tener gas natural, pero pasaron más de 30 años y esto no pasó. En el caso de La Matanza, el 38 por ciento de la población no tiene gas natural.

Por eso, es muy importante el fondo fiduciario de gas licuado de petróleo, el gas con el que nosotros compramos las garrafas. Pero el mes pasado, a través de un decreto, el Gobierno nacional eliminó el fondo fiduciario que sostenía los recursos necesarios para darle un subsidio a los usuarios de gas licuado de petróleo. Este gas tiene un costo aproximado de 120 pesos por metro cúbico.

Según datos oficiales, los recursos de este fondo fiduciario, entre el período de enero de 2015 a agosto del 2020, correspondieron a los aportes del Tesoro Nacional, con 4.347.145.086, 63 pesos, y a recargos a usuarios, con 25.909. 549.500 pesos. Esto representa un total de 30.256.694.586,63 pesos. Es decir, una gran porción de este subsidio lo destinábamos los usuarios.

Los fundamentos del Gobierno

Para la disolución, el Gobierno argumentó la carencia de manuales de procedimientos y de instructivos que pauten la operatoria del fondo; la ausencia de sistemas informáticos utilizados en la operatoria; la ausencia de documentación de respaldo de las transferencias de los fondos y de rendiciones de cuentas de los años 2022 y 2023; la existencia de un manual de cuentas que describa el funcionamiento de cada cuenta usada en el 2023 firmados y auditados por las autoridades competentes. Esto lo denuncia el Gobierno en el decreto de la disolución, pero no hay ninguna denuncia efectuada ante la Justicia.

Además, hay un informe anterior de la Auditoría General de la Nación, del año 2020, que contempla al fondo fiduciario entre 2015 y 2020, y eleva el informe del 2022 a la Secretaría de Energía de la Nación. Y esto dice algo parecido a lo que dice el Gobierno ahora. Entre otras cosas, menciona la ausencia de controles sobre las declaraciones juradas presentadas por los agentes de percepción. Y agrega que ni la Secretaría de Energía ni AFIP ejercen controles sobre la veracidad de los montos declarados por los agentes responsables. Esto es como cobrar en la palabra de las empresas de gas, como Naturgy y Metrogas, es decir, no había controles sobre lo que las empresas declaraban.

Sobre Zona Fria y decretos

Por otra parte, el Gobierno tiene la idea de eliminar el subsidio de Zonas Frías a otras zonas, más allá de la Patagonia. Esta quita de subsidios termina generando que cada vez sean más los hogares que se calefaccionan con instalaciones deficientes. Porque la gente no deja de calefaccionarse, menos con estas temperaturas bajo cero.

Desde que Javier Milei asumió en la presidencia, dictó 62 decretos de necesidad y urgencia. De ellos, el 70/2023 modificó más de cien leyes nacionales. Así, la información no es clara, no se informa al usuario de las consecuencias de la quita de estos subsidios y de la disolución del fondo fiduciario de gas licuado de petróleo. Los usuarios no tienen acceso a la información y no se enteran que esto puede significar que paguen mayores valores, por ejemplo, en las garrafas.