“La discapacidad en nuestro país no es prioridad”, lamentaron desde el colegio Nuevo Día de Ramos Mejía
Si bien la ley que establece declara la emergencia en el sector hasta 2026 fue aprobada en el Senado, el Presidente adelantó su intención de vetar la normativa. “No existe humanidad ni empatía para las personas con discapacidad”, manifestó Virginia Fernández, directora de la institución.
La Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto que establece declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026. La iniciativa contó con 55 votos afirmativos, cero en contra y ninguna abstención. No obstante, organizaciones sociales, personas con discapacidad y familias continúan visibilizando la situación crítica que atraviesa el sector.
La nueva norma puede ver vetada por el Presidente Javier Milei, quien ya expresó su rechazo hacia esta ley, junto con el aumento excepcional y de emergencia para los jubilados (junto con la actualización del bono a 110.000 pesos), la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.
En este contexto, Virginia Fernández, directora general del Colegio Nuevo Día de Ramos Mejía y miembro de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), alertó sobre la situación “extrema” actual. “En 44 años de vida como institución hemos pasado muchas plazas, congresos y gobiernos. Uno se da cuenta que la discapacidad en nuestro país no es prioridad”, consideró, en comunicación con Radio Universidad.
Según Fernández, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) era un organismo que representaba al sector y que funcionaba como intermediario entre las asociaciones, instituciones y el gobierno de turno. “Hoy, la ANDIS es una sola persona, Diego Spagnuolo, quien le dijo a una madre que ‘no es culpa del Gobierno que usted tenga un hijo con TEA’”, recordó.
El futuro incierto de los tratamientos
El Colegio Nuevo Día de Ramos Mejía, ubicado en Belgrano 248, cuenta con aproximadamente de 600 alumnos, más de cien de ellos incluidos y otros en sede. “Muchos necesitan del apoyo de profesionales externos para poder hacer un trabajo en conjunto. Pero, actualmente, no sabemos si recomendarles o no a los padres que continúen con el tratamiento psicológico de sus hijos”, destacó.
Debido al ajuste en el sector, los jóvenes que se encuentran en tratamiento temen por el cierre de la escuela y la continuidad de sus vínculos con los terapeutas. “Yo siento que, para gran parte de la sociedad, los discapacitados y los jubilados son descartables: no existe humanidad ni empatía para con ellos. Sinceramente no sé por cuánto tiempo más podamos aguantar en estas condiciones”, aseguró.
«No sé por cuánto tiempo podemos aguatar en estas condiciones».
Ante la incertidumbre sobre cómo continuar con las actividades diarias, Fernández denunció “abandono de persona” por parte de las autoridades nacionales. “Lo único que hace la política es negociar conveniencias. Nadie piensa que alguna vez puede ser una persona discapacitada”, expresó.
