Primer semestre represivo: más de 1.200 heridos y policías con armas de fuego en las marchas

Redacción Canal Abierto | La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó este martes el segundo informe “Monitoreo de la represión de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones públicas” de la Era Milei, que muestra —números mediante— que la avanzada represiva del Gobierno sobre las expresiones de disidencia callejera viene en aumento.

“Cuando se aprueba el Protocolo Antipiquetes decidimos llevar adelante una tarea de monitoreo de la represión de la protesta social, imaginando lo que después confirmaríamos: que eso iba a generar hechos de represión muy graves en el marco de las manifestaciones en Argentina, y que el proceso político que se iniciaba era un proceso de de despojo de derechos”, explicó Roberto Cipriano García, secretario del organismo, en diálogo con Agenda propia*.

La escalada

Con el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura como marco, ley que ya tiene ocho años de vigencia y obliga a la Argentina a cumplir con el compromiso internacional de implementar la Convención contra la Tortura, la CPM comenzó esta tarea de control hace 18 meses, haciéndose presente en las manifestaciones, registrando, y también llevando adelante las denuncias penales correspondientes, incluso ante los organismos internacionales de derechos humanos.

Y tras un primer informe sobre 2024, presentó este martes un segundo relevamiento del primer semestre de 2025, que muestra una escalada: 1.216 personas fueron heridas durante todo 2024, y hubo 1.251 en sólo seis meses de este año. Lo mismo ocurrió con las detenciones arbitrarias, que pasaron de 93 en todo 2024 a 130 en un semestre.

“Lo que vemos este año es la aceleración de la represión y la consolidación de una política de Estado que no solo es una amenaza y una bravuconada de la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) —aseguró Sandra Raggio, directora general de áreas de la CPM—. Es una política a la que se le ponen recursos, porque ahí no hay ajuste: en muchas de las movilizaciones, las fuerzas uniformadas duplican o triplican la cantidad de manifestantes. Se supone que el Protocolo Antipiquetes es para que los ciudadanos y ciudadanas tengan derecho a la circulación, etcétera, pero los que obstruyen de manera sistemática todas las arterias de circulación son la Fuerzas de Seguridad. Claramente, el objetivo es otro: dar un mensaje a la sociedad y a los sectores políticos y sociales de que no van a aceptar que la disidencia se exprese”.

De igual manera, Raggio advirtió que “hay una administración de esa violencia” ya que “no en todas las movilizaciones reprimen de la misma manera”. Y señaló que las manifestaciones de los jubilados de todos los miércoles son “uno de los epicentros de la represión sistemática”, donde el informe de la CPM relevó 12 de las 20 represiones con un saldo de 1.206 heridos.

“Hay un encarnizamiento especial en ese control de la calle (contra los jubilados). Hoy reprimen en las veredas, reprimen en las plazas, se suben a las plazas y a las veredas para reprimir —agregó Cipriano—Lo que están intentando es que no exista la manifestación, que no exista la protesta, atemorizar a la gente para que no vaya a movilizarse”.

Los números del relevamiento

La Justicia y el simbolismo

La CPM también observó que la Justicia demora las causas e investigaciones donde las organizaciones denuncian estos abusos policiales. “Hay una presión muy fuerte también sobre jueces y fiscales para que no investiguen estos hechos”, observó el abogado de la organización.

Finalmente, está la cuestión simbólica e ideológica de la represión.

“Cuando uno mira cómo se está vinculando la policía con los manifestantes, ahí uno ve que ahí hay un contenido de odio, de intolerancia, de violencia. Hay un contenido ideológico que expresan esas Fuerzas de Seguridad en el territorio —planteó Raggio—. Los derechos humanos son la base constitutiva del Estado de derecho. No hay democracia ni siquiera Estado nacional si no se lo puede pensar en relación con los derechos. Hay un intento de desintegración de estos pilares básicos que son un obstáculo para el despliegue de una política económica brutal que genera un montón de consecuencias que no quieren pagar”.

Sin embargo, también hay reacciones y desde la CPM señalaron que, por el contrario, el efecto de de disuadir, de atemorizar no está dando resultado. “La resistencia, la movilización, el compromiso de determinados gremios y sectores del sindicalismo ha sido indispensable para ponerle freno, para visibilizar, en un momento donde también se producen transformaciones legales muy importantes”, resaltó Cipriano.

Y agregó: “Este gobierno está metiendo a las fuerzas intermedias de seguridad, como son la Prefectura, la Gendarmería y la Policía Aeroportuaria, en la represión. Están metiendo a las Fuerzas Armadas también, vulnerando la Ley de Defensa Nacional, en el norte de nuestro país con el Plan Güemes y el Plan Roca. Han modificado leyes y decretos fundamentales para la democracia para que la inteligencia vuelva a ser parte de una política represiva. Los agentes de inteligencia tienen cada vez más poder y la Policía también puede hacer inteligencia. Esto tiene que preocuparnos y tenemos que visibilizarlo porque pueden pasar cosas mucho más graves”.

La presentación pública del informe se realizó por la tarde en el anfiteatro de ATE Nacional, en un evento acompañado por dirigentes sindicales y referentes de los derechos humanos encabezados por Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM y del Serpaj

Mirá la entrevista completa en Agenda propia, un programa producido por Canal Abierto que aborda la coyuntura disputando el sentido de la agenda.

Con la participación del secretario General de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, y del economista y presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano.

Con la conducción de Ariel Crespo y Gladys Stagno.

*Todos los martes a las 18, por Somos (Canal 7 de Flow), y en el canal de YouTube de Canal Abierto.

Equipo audiovisual: Pablo Martínez Levy, Ramiro Lorenzo y Juan Alaimes.

Fuente: https://canalabierto.com.ar