Congreso: activan la comisión Bicameral de Inteligencia para investigar a la SIDE

Legisladores nacionales activarán la semana próxima la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia para investigar el supuesto espionaje ilegal que habría realizado la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), a cargo de Sergio Neiffert, mano derecha del asesor presidencial, Santiago Caputo, a dirigentes, sindicalistas y periodistas opositores al Gobierno nacional, a cargo Javier Milei.

Es que, según el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, la SIDE habría elaborado informes sobre dirigentes opositores, sindicales, periodistas y funcionarios del Estado, violando la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), sancionada en 2001, que prohíbe espiar a organizaciones o personas por razones políticas e ideológicas.

Frente a esta situación, el titular de la comisión Bicameral, el senador radical por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Martín Lousteau, junto con otros miembros del órgano de control legislativo, decidieron incluir la denuncia contra la SIDE al orden del día del encuentro, que tendrá lugar el próximo martes 12 de agosto.

Cabe destacar que, si bien la convocatoria no lo menciona, fuentes legislativas indicaron que el titular del organismo, Sergi Neiffert, podría concurrir a la reunión a brindar explicaciones sobre varios puntos de la denuncia que sacudió el tablero político, así como de otros temas.

Por caso, Neiffert tiene pendiente además dar explicaciones en torno al polémico contenido del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), cuya redacción da lugar a que el organismo pueda hacer seguimiento a dirigentes políticos y economistas ante la eventualidad de que sus análisis afecten el plan económico del Gobierno.

En esa línea, diputados nacionales del bloque Democracia para Siempre presentaron en las últimas horas un pedido de informes al organismo, así como la interpelación en el Congreso del funcionario que responden a Santiago Caputo.

“Están espiando opositores con la plata del Estado, no vamos a quedarnos de brazos cruzados, desde el año pasado venimos denunciando que se usa la SIDE para perseguir y espiar a quienes no están alineados con la Casa Rosada, esto es inadmisible en un país democrático”, alertó el titular de la bancada radical, Pablo Juliano.

Según detallaron los radicales, el informe de Alconada Mon evidencia que se esta violando la Ley de Inteligencia Nacional poniendo recursos del Estado para conocer en detalle qué hace y con quién se reúne, por ejemplo, un integrante del bloque de Democracia Para Siempre, el legislador Facundo Manes, quien tuvo un encontronazo físico con Caputo hace varios meses.

Kicillof también evalúa presentar una denuncia por espionaje ilegal contra la SIDE

Sin embargo, el espionaje ilegal de la SIDE también salpica a dirigentes del peronismo como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner.

En ese marco, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, adelantó este lunes que la administración provincial evalúa presentar una denuncia penal por “espionaje ilegal” realizado por la SIDE a opositores del gobierno nacional.

“Nuestros equipos legales están examinando el caso con el objetivo de determinar si corresponde realizar una denuncia penal porque lo que se desprende del informe de Hugo Alconada Mon es que se está violando la ley 25.520, que regula las tareas de inteligencia del país”, explicó Bianco.

En paralelo, la administración de Kicillof se presentará nuevamente este martes ante la Corte Suprema de Justicia con un nuevo pedido para exigir el pago de fondos provisionales que el Ejecutivo nacional adeuda a la provincia de Buenos Aires. En efecto, se trata de $12,1 billones en total, incluyendo $1,6 billones en fondos previsionales gestionados por la ANSES.

En ese contexto, Bianco criticó la falta de avances en la causa presentada en abril de 2024 y anticipó que la Fiscalía de Estado provincial solicitará a la Corte Suprema que confirme su competencia en el caso y convoque una audiencia de partes, siguiendo precedentes establecidos en los conflictos que involucran a Córdoba y Santa Fe.