Cuando vetar es condenar a la miseria: Milei ruge como león contra los más vulnerables, con los fuerte se transforma en un simple gatito

Por Juan Severo

Llegó la hora de hablar claro. El presidente Javier Milei vetó una ley votada por amplísima mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional. Una ley que no buscaba otra cosa que garantizar un mínimo de dignidad para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad: jubilados, personas con discapacidad, y quienes, por culpa de los que gobernaron este Pais en beneficio de los poderosos, han quedado fuera del sistema.

Entre los artículos vetados, se encontraba la recuperación del derecho de las personas con discapacidad a acceder a una pensión no contributiva. ¿Qué significa esto? Que el Estado, a través de sus propios recursos fiscales —no de aportes personales ni de favores políticos— garantice un ingreso mínimo a personas que no tienen ni tendrán otra posibilidad de subsistir dignamente. No hablamos de privilegios, hablamos de humanidad.

Esta pensión por invalidez tiene su historia: comenzó a implementarse formalmente en 1948, luego fue ampliada y reglamentada por distintas leyes y decretos como el 432/97. Su espíritu siempre fue claro: brindar un mínimo de justicia social. Pero hoy ese espíritu fue dinamitado por un decreto presidencial. ¿El argumento? El eterno y ya desgastado “equilibrio fiscal”.

¿De qué equilibrio hablamos cuando se condena al hambre y la miseria a quienes no tienen posibilidad de defenderse? ¿Cómo puede hablarse de superávit mientras se niega una pensión a una persona con discapacidad sin ingresos? ¿Qué tipo de sociedad construimos si empujamos aún más a los que ya están en el margen?

Al mismo tiempo que veta leyes humanitarias, Milei celebra los millones del Fondo Monetario Internacional que, como sabemos, no son ayuda solidaria, sino más deuda, más condicionamientos, más dependencia. De los 2.000 millones recibidos, 800 se quedan en Washington. El resto, va a reforzar reservas para que los mercados estén tranquilos, mientras la gente está desesperada.

En paralelo, la Iglesia Católica, esa institución que rara vez levanta la voz,  lanzó una dura crítica a este modelo de crueldad planificada. En su reciente comunicado por San Cayetano, denunció la falta de trabajo, la criminalización de los cartoneros y la violencia económica contra los más pobres. “Ninguna medida puede considerarse exitosa si implica que los trabajadores pierdan su empleo o vivan con angustia e incertidumbre”, dijeron los obispos. Y tienen razón.

La situación es grave. Hay un 7,9% de desempleo y 1,7 millones de argentinos sin trabajo. Mas menos, el pluriempleo y la economía informal crecen sin freno. Y frente a ese escenario, en vez de ampliar derechos, Milei los reduce. En vez de generar empleo, criminaliza a los que buscan sobrevivir reciclando basura. En vez de escuchar al pueblo, escucha a los mercados.

La política tiene una oportunidad y una obligación histórica: demostrar que todavía puede ser instrumento de justicia social. Los diputados y senadores tienen que revertir este veto infame. No pueden fallarles a millones de argentinos y argentinas que necesitan un Estado presente. Los gobernadores deben elegir de qué lado están: del pueblo que los eligió o del capricho de un presidente que cree que gobernar es arrasar.

Hoy, más que nunca, necesitamos unirnos para defender lo básico: pan, trabajo y dignidad.

Porque vetar no es solo rechazar una ley. Vetar, en este caso, es condenar a la exclusión a quienes más necesitan de todos nosotros.