El Gobierno admitió que el Fondo Hídrico acumula recursos sin ejecutar y estalló la bronca del campo bonaerense

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció en el último informe de gestión que brindó ante el Congreso que el Fondo Hídrico Nacional acumula recursos sin ejecutar, mientras los campos bonaerenses padecen graves inundaciones y demandan obras urgentes para proteger la producción y los vecinos que se radican en el interior de la provincia de Buenos Aires.

Es que, durante su exposición en la Cámara de Diputados, el funcionario de Javier Milei dejó al descubierto que el Fondo Hídrico Nacional, alimentado por un 5% sobre el valor de combustibles y 9% sobre GNC, cuenta con casi $155 mil millones en plazos fijos y Lecaps al cierre de julio, pese a que sólo se ejecutaron $14.090 millones en el primer semestre, lo que generó una ganancia de $76.932 millones sin aplicarse en obras necesarias.

En ese sentido, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió que más de un millón de hectáreas en el centro de la provincia de Buenos Aires se encuentran anegadas, mientras que la producción agropecuaria resulta inviable en distritos como Bolívar, 25 de Mayo, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio.

En respuesta, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresó su solidaridad con los productores rurales bonaerenses y respaldó los reclamos al Gobierno nacional por respuestas urgentes, como financiamiento con tasas diferenciales, disponibilidad de maquinaria vial, alivio fiscal y medidas extraordinarias para recomponer la infraestructura productiva y social.

Es que, como expuso este medio en reiteradas oportunidades, la crisis hídrica en el centro de la provincia de Buenos Aires no sólo afecta a los productores del centro bonaerense, sino también a las comunidades rurales que quedan aisladas por la intransitabilidad de los caminos. “Escuelas sin clases, ambulancias que no pueden llegar y familias sin acceso a bienes básicos exigen soluciones inmediatas”, advirtieron desde CRA.

Por su parte, Francos detalló que mientras el Plan Maestro de la Cuenca del Salado fue paralizado por el Gobierno nacional, otras provincias continuaron con intervenciones hídricas, e incluso se destinaron recursos del fideicomiso al mantenimiento de radares meteorológicos en lugar de obras preventivas esenciales para Buenos Aires.

Ante este escenario, la Provincia retomó la iniciativa y convocó a productores y vecinos en Bragado, donde técnicos de Evaluación de Recursos S. A. (Evarsa) y la Dirección de Hidráulica provincial presentaron un plan preliminar para el Nodo Bragado con balances de caudales e intervenciones específicas para mitigar inundaciones.

Así, las declaraciones de Francos no sólo desataron la furia del campo bonaerense, sino que expusieron un reclamo creciente del agro y las comunidades rurales hacia el Gobierno nacional por la falta de ejecución de obras clave y la demora en respuestas efectivas, lo que pone en riesgo la producción y la vida cotidiana de miles de familias bonaerenses.

Emergencia hídrica: el campo bonaerense pide respuestas reales tras declaraciones de Francos

Es preciso recordar que, la CARBAP declaró la emergencia hídrica en el centro-oeste bonaerense luego de detectar más de 700.000 hectáreas anegadas, especialmente en Bolívar, Carlos Casares y 9 de Julio, donde la falta de drenaje y lluvias extraordinarias profundizaron la crisis.

Las precipitaciones superaron los promedios históricos y se extendieron durante el invierno, lo que, sumado al deficiente mantenimiento de canales y desagües, impidió el drenaje natural, hasta el punto de paralizar campañas como el trigo y dejar maíz sin cosechar.

En tanto, productores del oeste bonaerense denunciaron que la expansión del agua, que en distritos como 9 de Julio alcanzó un 40% de anegamiento, convirtió la producción en una misión casi imposible, y alertaron que las próximas siembras están comprometidas.

En este contexto, CARBAP insistió en la necesidad de finalizar el Plan Maestro del Río Salado, diseñado para mitigar inundaciones y sequías, cuya ejecución acumuló solo un 50% pese a estar concebido hace 25 años, y advirtió que la demora ya provocó pérdidas productivas estimadas en USD 5.000 millones.