Familiares de víctimas del fentanilo contaminado apuntan contra un diputado por la demora de la Comisión Investigadora

En las últimas horas, un grupo de familiares de las víctimas del fentanilo contaminado denunciaron que la ausencia del diputado nacional Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, en la reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento del pasado 4 de septiembre, impidió avanzar con la conformación de la Comisión Especial Investigadora que busca esclarecer las responsabilidades.

Según detallaron los familiares de los fallecidos por el fentanilo contaminado en un comunicado que hicieron público, la inasistencia del legislador libertario retrasó al menos veinte días el inicio de un trabajo clave para esclarecer las responsabilidades y garantizar justicia en una de las crisis sanitarias más graves que atravesó la Argentina en los últimos años.

En tanto, el reclamo pone de manifiesto la impaciencia de los allegados de las víctimas, quienes consideran que el Poder Legislativo debe responder con mayor celeridad frente a un hecho que dejó casi un centenar de muertes confirmadas y abrió un debate profundo sobre la capacidad de control de las autoridades sanitarias. “Cada día sin avances significa mayor incertidumbre y dolor para las familias afectadas”, advirtieron en la carta pública.

Los familiares de las víctimas fallecidas por la aplicación del fentanilo contaminado también remarcaron que la comisión investigadora en el Congreso es una herramienta necesaria para conocer cómo se produjo la distribución de las ampollas afectadas, cuáles fueron los organismos que fallaron en su tarea de fiscalización y qué medidas deben adoptarse para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

Al mismo tiempo, los familiares pidieron compromiso institucional de todos los bloques políticos que integran la Cámara de Diputados y el Senado nacional, y recordaron que la demora en este tipo de procesos e investigaciones “sólo aumenta la desconfianza social hacia la dirigencia”.

En el comunicado, los firmantes se dirigieron directamente a Mayoraz, adjuntando la carta en la que lo instan a cumplir con sus responsabilidades parlamentarias. “Confiamos en su compromiso con la justicia y la protección de la sociedad frente a la tragedia del fentanilo contaminado”, señalaron, aunque dejaron en claro que no tolerarán más dilaciones.

De esta manera, la presión pública sobre el diputado libertario se da en un momento en que el Congreso ya había aprobado la necesidad de conformar esta comisión investigadora, con el objetivo de esclarecer de manera integral las causas y responsabilidades del caso del fentanilo contaminado. El dictamen pendiente, por lo tanto, es el último paso formal que falta para que se conforme la comisión investigadora y comience a trabajar en la recopilación de información, citación de testigos y análisis de documentación oficial.

Además, el reclamo de los familiares de las víctimas se suma a los pedidos que distintas organizaciones de pacientes y profesionales de la salud ya habían elevado en semanas anteriores, todos ellos orientados a exigir mayor transparencia en la cadena de producción, distribución y control de medicamentos en el país. Es que, la crisis del fentanilo contaminado, además de las muertes confirmadas, dejó al descubierto fallas estructurales en el sistema de fiscalización y control del Estado nacional.

Fentanilo contaminado: el rol de los legisladores en la búsqueda de respuestas

En paralelo al reclamo por la demora en la Comisión Investigadora, la Cámara de Diputados bonaerense ya viene siguiendo de cerca el tema. Desde la Comisión de Salud se impulsaron pedidos de informes dirigidos a la Nación y a la ANMAT, donde se exige esclarecer qué falló en los mecanismos de control que permitieron la circulación del lote contaminado y cómo se actuó una vez detectado el problema.

Por su parte, Pablo Yedlin, advirtió que este caso constituye “la peor intoxicación medicamentosa desde la existencia de la ANMAT” y reconoció que si bien se logró retirar de circulación todas las ampollas contaminadas, el daño ya está hecho. A su vez, remarcó que es indispensable que la investigación parlamentaria avance para determinar responsabilidades políticas e institucionales.

Los diputados bonaerenses también advirtieron que la investigación no debe circunscribirse únicamente a la empresa HLB Pharma, propietaria del lote adulterado, sino que debe analizarse el rol de los organismos de control y del propio Ministerio de Salud en las fallas de supervisión. El objetivo es garantizar que esta tragedia derive en reformas concretas y que las falencias detectadas no vuelvan a repetirse.

En ese marco, la presión de los familiares de las víctimas de fentanilo contaminado se articula con el trabajo legislativo en la Provincia, donde se busca dar un mensaje claro de que habrá seguimiento y control. La creación de la Comisión Especial Investigadora a nivel nacional es vista como un paso imprescindible para complementar las acciones que ya se llevan adelante en Buenos Aires, y para dar respuesta al reclamo de justicia de quienes perdieron a sus seres queridos por el consumo del opioide.