Ecuador: Denuncian el traslado de manifestantes a cárceles comunes y el cierre de una televisora indígena
En la quinta jornada del paro indígena, el Gobierno ecuatoriano incrementa la violencia de la represión y recurre al bloqueo de cuentas bancarias de organizaciones y dirigentes. Doce comuneros fueron trasladados a penales donde ocurrieron masacres en las últimas horas.
Por Nahuel Croza | Doce comuneros y comuneras indígenas kichwas de Otavalo, ciudad andina de la provincia de Imbabura, fueron detenidos arbitrariamente por la fuerza pública, por manifestarse en las protestas en el marco del Paro Nacional dispuesto por la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador). Sin el debido proceso y en un acto claramente intimidatorio para toda la población, fueron trasladados a cárceles en crisis en las provincias de Esmeraldas y Manabí que fueron escenario de masacres en las últimas horas, con 17 muertes por el momento.
“Son luchadores sociales que salieron a luchar por todos, por el beneficio del campo y la ciudad. Exigimos su liberación inmediata y respeto a los derechos humanos”, sostienen desde la CONAIE.
Andrés Tapia es biólogo y comunicador social y se desempeñó como vocero de la CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana), organización de base de la CONAIE. Desde su casa en Puyo, capital de la provincia amazónica de Pastaza, mantuvo una charla con Canal Abierto. Tras cinco días de paro, “La situación que desencadena la movilización es el retiro del subsidio al diesel. El precio del combustible sube un dólar por galón, llevándolo a 2,80 dólares el galón. Eso genera una serie de impactos económicos que originan las protestas que se iniciaron hace 12 días, en principio fueron los transportistas y luego el movimiento indígena indicó su adhesión al paro”, explica. Recordemos que el aumento de los combustibles fue uno de los motores del final abrupto del gobierno anterior, el de Guillermo Lasso.
Otra razón del levantamiento indígena es la oposición al referéndum que planea realizar en noviembre el gobierno de Daniel Noboa, para consultar al pueblo sobre la necesidad de hacer una nueva Convención Constituyente para reformar la Carta Magna. La intención del recientemente reelecto presidente es llevar adelante “una asamblea constituyente que prácticamente borraría la Constitución vigente, del 2008, y representaría una regresión de derechos conquistados en las calles por el movimiento indígena”.
Según Tapia, los puentes de diálogo están dinamitados, “el desarrollo del paro ha hecho que se vuelva irreconciliable la relación entre el movimiento indígena y el Presidente”. En la quinta jornada del paro indígena, el Gobierno recurre al bloqueo de cuentas bancarias de organizaciones y dirigentes, incluso la del entrevistado que ya no ocupa un lugar dirigencial en la entidad.
Otro frente de ataque es el comunicacional. No contento con manejar la prensa hegemónica, el Gobierno, a través de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), dictó medidas para mantener el “orden y la seguridad nacional”, en la coyuntura del paro nacional, y suspendió la emisión de la señal del medio de comunicación comunitario fundado por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), TV MICC. “Es el primer y único canal de televisión comunitaria del país. Fue clausurado hace dos días y es un atentado contra la libertad de expresión que mereció el rechazo de múltiples organizaciones del país y el mundo”, concluye Tapia.
Fuente: https://canalabierto.com.ar
