Diputados lilitos piden interpelar a Caputo por el escándalo de las retenciones

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC), Victoria Borrego y Juan Manuel López, presentaron en las últimas horas un pedido de informes para el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, por la reinstauración de las retenciones a las exportaciones de granos, carnes bovinas y avícolas, apenas tres días después de haber anunciado la medida.

Es que, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que el esquema de retenciones cero a los granos y carnes para la exportación alcanzó el cupo estipulado por la administración libertaria, por lo que se dio de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) y se volvió al esquema anterior.

En ese contexto, los legisladores referenciados en Elisa “Lilita” Carrió solicitaron al titular del Palacio de Hacienda que informe “si los bienes declarados efectivamente existían y estaban bajo la tenencia del exportador en la fecha de la declaración”.

Además, en la carta enviada a Caputo, donde formulan el pedido de acceso a la información, los legisladores le consultaron al funcionario libertario qué pasará con los exportadores en caso de no verificarse la tenencia de la mercadería declarada.

“¿Adoptará el Estado nacional alguna medida para exigir el pago de la alícuota correspondiente por fuera del programa conforme lo previsto por la ley N° 21.453?“, interpelaron los Borrego y López, tras señalar que con esta información la ciudadanía sabrá si hubo o no un acuerdo previo.

Vale recordar que, los exportadores cuentan con 360 días para embarcar la mercadería declarada. Durante la ventana de retenciones cero, registraron ventas al exterior por más de 19,5 millones de toneladas.

No obstante, si no contaban con la mercadería en físico, deberán adquirirla ahora, pero bajo un esquema de retenciones del 26% para la soja, lo que reduce su precio interno y abarata la compra para los exportadores.

Lo que sucede es que, con la aplicación de retenciones, el valor interno de la tonelada disminuye por el descuento del impuesto, por lo que comprar en este contexto resulta más conveniente. Esta situación alimenta las sospechas de que pudo haber existido un acuerdo previo con el Ejecutivo nacional.

Frente a este panorama y ante el decreto que reinstaura las retenciones, los diputados señalaron: “Lejos de ser una solución de fondo, constituye la continuidad de una práctica que se ha consolidado en los últimos años: la utilización de mecanismos excepcionales para forzar la liquidación de divisas y atender desequilibrios externos de corto plazo“.

“Tal como ocurrió con los distintos ‘dólar soja’, implementados por el exministro Sergio Massa, se trata de medidas transitorias y limitadas que, en los hechos, tienden a concentrar los beneficios en un grupo reducido de empresas sin representar un alivio significativo para la mayoría de los productores”, ampliaron desde la bancada de los lilitos.

Por todo ello, desde la Coalición Cívica solicitaron al oficialismo que, en la previa al tratamiento del Presupuesto 2026, se convoquen a las comisiones de Presupuesto y Hacienda así como de Agricultura y Ganadería “a fin de retomar el debate sobre los proyectos de ley de eliminación de los DEX, con el propósito de alcanzar un dictamen que pueda ser tratado en el recinto previamente al inicio del nuevo ejercicio fiscal”.

Diputados bonaerenses cruzaron al Gobierno por el fin de las retenciones cero

Los diputados bonaerenses con actividad en el sector rural, Luciano Bugallo de la Coalición Cívica y Silvina Vaccarezza del bloque UCR + Cambio Federal, cruzaron al Gobierno nacional por la reinstauración de las retenciones al campo luego de 48 horas de “retenciones cero“, y acusaron a la administración libertaria de beneficiar a exportadoras y cerealeras en detrimento de los productores.

De esta manera, los dos legisladores de la provincia de Buenos Aires que también son productores bonaerenses afirmaron que se trata de una “estafa institucional” en la que el Estado retiene lo que antes no, mientras las ganancias se concentran en las grandes empresas que comercian con el exterior.

En ese sentido, Bugallo cargó con dureza contra los exportadores que “compraron con retenciones y vendieron sin ellas”, y cuestionó la responsabilidad del Gobierno nacional en esa operación. Es que, el legislador aseguró que mientras se liquidaron US$ 7.000 millones, hay US$ 1.500 millones que deberían corresponder a los productores, pero que terminaron en “los bolsillos de las cerealeras y exportadores”.

Así, el diputado y productor bonaerense analizó que el anuncio de las “retenciones cero” para el campo argentino fue un “curro” del Gobierno nacional, que finalmente benefició a quienes manejan la información de mercado y trabajan detrás del escenario político en línea con la administración libertaria de Javier Milei.

Por su parte, Vaccarezza advirtió que todo fue “una estafa, como casi toda la política del Gobierno nacional a los sectores productivos”, y enfatizó: “Fue un negocio redondo para las exportadoras y de espaldas al productor. El Fisco perdió 1500 millones de dólares por la voracidad electoral de una administración sin rumbo. Cinismo al 1000%”.

En tanto, la legisladora bonaerense por la Cuarta sección electoral compartió el análisis del periodista argentino especializado en agro, Matías Longoni, que respaldó denuncias similares a las de Bugallo en torno al mecanismo de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), al señalar que en apenas dos días las exportadoras anotaron operaciones por US$ 7.000 millones y agotaron el cupo habilitado por el Gobierno, lo que dejó afuera a todos los pequeños y medianos productores, que quedaron sin acceso a ese beneficio por la rapidez con que las empresas de mayor escala capturaron las ventajas del esquema de retenciones cero.

En el escrito compartido por Vaccarezza, el especialista responsabilizó directamente a la autoridad económica de la Nación vigente, imputando al ministro Luis Caputo entre otros, por la ausencia de controles al lanzamiento masivo de las DJVE bajo retenciones cero, y denunció que al no poner límites ni condiciones para la inscripción de operaciones, se volvió casi automático el “saqueo” en favor de las exportadoras.

Finalmente, Longoni advirtió que el gobierno de Milei podría apelar a la vieja Ley Martínez Raymonda para intentar revertir al menos las DJVE que se registraron sin respaldo real de granos, aunque dejó claro que no cree que el Ejecutivo esté dispuesto a usarla: “Este Gobierno no tiene interés en los productores, lo que le importa es el superávit fiscal y los dólares que pueda conseguir de corto plazo”, afirmó.