Los discas vuelven a la calle

Redacción Canal Abierto | Tras que, en una misma jornada, el Gobierno promulgara y suspendiera la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad movilizará este miércoles a Plaza de Mayo para exigir la inmediata aplicación de la normativa.

La Ley 27.793, que declaraba la emergencia en el área hasta el último día de 2026, había sido aprobada por amplio margen en ambas cámaras. Tras su sanción definitiva, el presidente Javier Milei la vetó. Pero el Poder Legislativo volvió a insistir y ratificó la ley en ambas cámaras, con un margen aún mayor que en el tratamiento inicial.

Entre la espada y la pared, el Gobierno encontró un atajo al plantear la suspensión bajo el argumento de que la ley aprobada no contemplaba su financiamiento. Podría tomarse hasta como un chascarrillo que, en la misma fecha, se inició el raíd de tres días con retenciones 0%.

En el comunicado de la convocatoria, el Foro plantea que “la postergación de esta ley constituye una grave vulneración de derechos y un debilitamiento de nuestra democracia. Una norma votada y aprobada por el Congreso debe cumplirse: los derechos no pueden quedar a discreción del Gobierno”.

Además, se envió una carta a organismos internacionales para informar sobre la grave situación que atraviesan las personas con discapacidad en nuestro país. Además de la suspensión de la ley, se denuncia la vulneración de derechos y el impacto de las políticas que afectan pensiones, prestaciones básicas y talleres protegidos.

En la misiva, se manifiesta que “el Gobierno encabezado por Javier Milei no ha impulsado políticas favorables para esta población. Desde el inicio de su gestión ha desplegado una campaña de estigmatización, vinculando a las personas con discapacidad con supuestas irregularidades en el otorgamiento de pensiones, según su propia consideración”.

Y advierte que “este gobierno, con el objetivo de reducir el gasto público, ha intentado eliminar las pensiones no contributivas que, en los últimos 20 años, se otorgaron a personas con discapacidad en situación de pobreza, y no únicamente a quienes presentan una incapacidad laboral”.

La carta suraya la intención expresada en el proyecto de Presupuesto Nacional 2025, que finalmente no fue tratado en el Congreso de la Nación, donde se preveía la eliminación de 270.000 pensiones no contributivas. “Como parte de esta estrategia, el Gobierno dispuso una reevaluación masiva de todos los titulares de dichas pensiones”, relata el texto.

“Esta auditoría ha sido fuertemente cuestionada a partir de numerosas denuncias de irregularidades, tales como: telegramas de convocatoria que nunca fueron recibidos; exigencias de estudios innecesarios o de difícil realización en los plazos fijados; citaciones en lugares inexistentes; turnos de atención en condiciones que no respetaban la situación de discapacidad de las personas; y bajas o suspensiones sin la debida notificación”, agrega.

Otro aspecto del que se da cuenta es que el de la baja o suspensión de aproximadamente 120.000 pensiones, que “está siendo actualmente objeto de impugnaciones legales impulsadas por diversas organizaciones y por organismos gubernamentales de distintas provincias”.

“A esta situación se suma el atraso en la actualización arancelaria que padecen los prestadores de servicios para personas con discapacidad. Esta falta de actualización ha puesto en seria crisis al sistema de prestaciones básicas, regulado por la Ley 24.901, que obliga a obras sociales, empresas de medicina prepaga, al Estado y al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a garantizar la atención de aproximadamente 250.000 personas con discapacidad”, denuncia el Foro ante organismos internacionales.

También que “durante 2024, el aumento de los aranceles de estos servicios se mantuvo por debajo del incremento del costo de vida en la Argentina. En lo que va de 2025, no se ha dispuesto ninguna actualización, a pesar de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya supera el 19% en el presente año”.

“El apoyo del Estado Nacional destinado a más de 6.000 trabajadores con discapacidad de los Talleres Protegidos se mantiene, desde febrero de 2023, en apenas $28.000 mensuales (equivalentes a aproximadamente 20 dólares estadounidenses)”, lamenta el Foro.

La misiva revela que “el Gobierno no ha presentado obstáculos para destinar recursos a otros fines, mientras que, frente a esta problemática, exige precisiones adicionales al Congreso, generando una dilatación injustificada en la ejecución de la ley”.

“Por todos estos motivos, albergamos la esperanza de que la comunidad internacional exprese su preocupación al Gobierno Argentino, recordándole la obligación que tiene con esta población. Confiamos en la solidaridad internacional para que esta situación encuentre una respuesta justa. Agradecemos su atención y quedamos a disposición para ampliar la información que consideren necesaria”, concluye el escrito.

Fuente: https://canalabierto.com.ar