Comenzó el alegato fiscal en el juicio por la Masacre del Pabellón Séptimo

Redacción Canal Abierto | Se llevó adelante la primera de las tres audiencias en las que la fiscalía desarrollará su acusación. “Las víctimas fueron destruidas como si fueran residuos”, graficó el fiscal que encuadró los hechos como crímenes de lesa humanidad. Se juzga a tres expenitenciarios por la aplicación de tormentos contra 153 personas y la muerte de 65 de ellas, durante una violenta requisa que derivó en un incendio el 14 de marzo de 1978 en el penal de Villa Devoto.

El titular de la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Capital Federal, Abel Córdoba, inició ayer la primera parte de su alegato en el juicio a tres expenitenciarios por la denominada “Masacre del Pabellón Séptimo”.  Calificó los hechos como “crímenes de lesa humanidad” perpetrados en el marco del terrorismo de Estado implementado por la última dictadura cívico militar.

En el debate, iniciado hace un año ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°5, son juzgados el exdirector del Instituto de Detención de Devoto, Juan Carlos Ruiz; el exjefe de la División Seguridad Interna, Horacio Martín Galíndez; y el excelador de la División Seguridad Interna, Gregorio Bernardo Zerda.

A todos ellos se les imputa la aplicación de tormentos contra 153 personas -65 de esos casos, seguidos de muerte- durante y después del incendio ocurrido el 14 de marzo de 1978 como resultado de una requisa en el pabellón séptimo de la Unidad Penitenciaria N°2 de Devoto.

“Una agresión a la condición humana”

Durante la primera de las tres jornadas previstas para su acusación, el fiscal afirmó que los hechos imputados fueron acreditados con la certeza que requiere esta instancia y destacó que los acusados “mostraron desprecio por la condición humana de las víctimas”.

El representante del MPF sostuvo que los agentes penitenciarios torturaron y exterminaron a los detenidos “con armas de fuego y sufrimiento”, en lo que describió como “un despliegue de violencia inusitada”. Según detalló, los imputados buscaron “la destrucción absoluta de los detenidos en el pabellón séptimo”.

“Las víctimas fueron amontonadas, y se abrió fuego en todo sentido”, subrayó. “Se los aplastó y se los quemó. Fueron destruidos como si fueran residuos”, describió, y calificó el accionar de los imputados “como una agresión a la condición humana”.

Quienes sobrevivieron fueron sometidos a una segunda fase de represión a lo largo del trayecto que lleva del pabellón a los calabozos de castigo.

Córdoba argumentó que “el contexto histórico es definitorio” y que “los crímenes tienen conexión con el proyecto político iniciado en 1976”. En ese sentido, sostuvo que la represión ilegal en las cárceles respondía a una “voluntad de disciplinar y amedrentar a las personas detenidas”. Para la fiscalía, se trató de una “masacre plural” y el hecho más grave dentro de un establecimiento penitenciario de toda la historia argentina.

“El accionar de los imputados no fue espontáneo, sino que fue parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, cometidos por agentes de una fuerza de seguridad, en este caso del Servicio Penitenciario Federal, bajo control operacional de los mandos militares”, puntualizó el fiscal.

Además, explicó que “la categoría de lesa humanidad no está solo circunscrita a la disidencia política, sino también a un método de disciplinamiento social”, vinculando así la represión en los penales con la metodología del terrorismo de Estado.

Tras la exposición, el TOF N°5, integrado por los jueces Nicolás Toselli (presidente), Daniel Obligado y Adriana Palliotti pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 29 de octubre, cuando la fiscalía continuará con su alegato.

La Retaguardia transmitió en vivo

La querella

A principio de mes el juicio entró en la etapa final con los alegatos de la querella de víctimas y familiares, representada por las abogadas Claudia Cesaroni y Natalia D’Alessandro, que este miércoles reclamó penas de 22 y 25 años de prisión para los tres imputados.

“Hay una consigna que sintetiza  el reclamo de sobrevivientes y familiares: mientras no haya justicia, el fuego seguirá quemando”, señaló Cesaroni al finalizar el pedido de penas.

“Esta historia tiene memoria, tiene relato y tiene verdad. Lo que no ha tenido hasta ahora es justicia y reparación para las víctimas”, agregó la letrada que además es autora del libro con la investigación sobre los hechos.

La acusación particular además pide que se ordene a los diarios Clarín, Crónica y La Nación que rectifiquen la información publicada en 1978 sobre esos hechos, a los que mencionaron como un motín.

En noviembre del año pasado se realizó una inspeccionaron el Pabellón Séptimo de la Unidad Penitenciaria N°2 de Devoto.

Con información de fiscales.gob