Perú, indefinidamente en crisis

Por Nahuel Croza | El pasado 9 de octubre el Congreso peruano declaró la “permanente incapacidad moral” de la presidenta Dina Boluarte y la removió del cargo con 122 votos sobre 130.

La ex mandataria enfrenta once investigaciones por violaciones a los derechos humanos y corrupción. En su reemplazo fue elegido el titular del Parlamento, José Jerí.

Esta “salida” política, la de la vacancia, ha sido utilizada hasta el hartazgo en el país andino. En la última década cinco presidentes han dejado el cargo tras ser incapacitados moralmente o renunciaron antes de ser vacados del cargo: Pedro Pablo Kuczynski (en 2018), Martín Vizcarra (en 2020), Manuel Merino, ocupó cinco días el cargo, entre el 10 y el 15 de noviembre de 2020; Pedro Castillo (en 2022, tras intentar disolver al Congreso); y Boluarte. En 2000, Alberto Fujimori inauguró esta lista cuando, comprometido por denuncias de corrupción (el escándalo de los “vladivideos” de su mano derecha, Vladimiro Montesinos), intentó renunciar por fax desde Japón.

Tras la asunción de Jerí, las protestas callejeras no paran de incrementarse y en la noche de este miércoles 15 se multiplicaron en número y en extensión geográfica ocupando las calles de las principales ciudades del país. En la violenta represión en Lima, fue asesinado Eduardo Ruiz Sáenz, un joven músico de 32 años, por un disparo a quemarropa efectuado por un «terna» (policía de incógnito) y se contabilizan más de 100 heridos.

La vacancia de Dina

“Viendo en perspectiva, la vacancia de Boluarte es producto de varias cosas. La principal tiene que ver con que las fuerzas que están en el Parlamento, que son las que realmente tienen el control del poder, consideraron que Dina se volvió más un pasivo que un activo para las próximas elecciones. Esas fuerzas buscan garantizarse la reelección y el control del Congreso y, obviamente, alguna de ellas, ganar el gobierno”, explica en diálogo con Canal Abierto Alvaro Campana, analista político y politólogo peruano, exsecretario general del movimiento Nuevo Perú y director de la asociación Nuestro Sur.

“Había varios posicionamientos tácticos en el Legislativo, pero la mayoría terminó convencida de que Dina Boluarte era más un lastre y aprovecharon la oportunidad. Todo apunta a que ya venían fraguando esta posible salida”, sostiene el referente desde Cuzco.

Los motivos para que el Congreso procediera a la destitución eran sobrados. Desde las denuncias por la represión a las protestas de 2022-2023, con un saldo de más de 50 muertos a manos de las fuerzas estatales; las denuncias por corrupción y enriquecimiento ilícito (el affaire de los relojes Rolex no declarados); las cirugías estéticas por las que quedó temporariamente impedida para ejercer funciones, entre otras. Pero no habían avanzado hasta estos días.

Una serie de hechos recientes “terminó detonando esta situación. Uno es el atentado criminal contra el grupo de cumbia Agua Marina. En un concierto, les disparan y hieren a cuatro de sus integrantes. Un segundo hecho que genera repudio es el ataque al periodista Phillip Butters, precandidato presidencial por Avanza País, en Juliaca (Puno). El tercer factor son las movilizaciones populares que han estado creciendo”.

Este escenario ha configurado las razones para sacar del camino a Boluarte, que hasta el momento les era funcional, “ante el temor de que la situación se les vaya de las manos”, analiza Campana.

La exmandataria, según las encuestas, es una de las personas más odiadas del Perú, su gobierno tenía una valoración casi nula por parte de la sociedad. El segundo espacio más odiado es el Congreso.

Otro presidente controvertido

“Jerí es un personaje bastante controversial. Está acusado de violación sexual, pero el fiscal supremo Tomás Gálvez archivó la investigación”, alegando falta de pruebas suficientes para vincularlo de manera directa al delito. “también se sabe que su patrimonio se ha multiplicado desde que es congresista y se lo relaciona con el tráfico de influencias”.

“Jerí asumió con la promesa de reconciliar al país pero ha tenido dificultades para armar su gabinete, que se conformó con personas de derecha a extrema derecha”. Lo que sí ha desatado, igual que su antecesora, es una brutal represión sobre las movilizaciones encabezadas por la denominada Generación Z que ganó las calles.

En las últimas horas, tras la crítica situación social y sus antecedentes, ya comenzó a fogonearse una nueva vacancia.

“El gobierno actual tiene una situación muy frágil y por más que busque resolver el problema de la inseguridad y otros, no es coherente con lo que ha sido su actuación hasta ahora ni con lo que representan estos personajes con quiénes se está rodeando”, sostiene Álvaro.

Otro señalamiento sobre el nuevo primer mandatario es su apoyo a la aprobación de las denominadas “leyes por crimen”, un paquete de normas sancionadas a principios del 2025 que limitan la capacidad del Ministerio Público Fiscal para perseguir el delito y comprometen su autonomía.

Las elecciones del 2026 “no resolverán el problema”

Para los comicios del año entrante hay 36 listas. “Sólo de la izquierda o del campo popular tenemos cuatro opciones. Se han intentado hacer alianzas, pero ha primado esta lógica de fragmentación”, analiza el ex dirigente de Nuevo Perú.

“Yo creo que las elecciones no van a resolver el problema que tenemos enfrente. Quienes están en el poder han capturado instituciones y siguen capturando instituciones, ahora tienen el ejecutivo, ni más ni menos. Se ha sacado del camino a candidatos que podrían haber tenido posibilidades de hacer un mejor gobierno, y no hablo de gente de izquierda necesariamente, gente más de centro, incluso liberal, peo se los ha inhabilitado”.

A pesar de este escenario, Campana, un férreo defensor de una salida constituyente para esta profunda y dilatada crisis en todos los niveles, advierte: “la movilización popular nos da esperanzas de que esto pueda cambiar y precipitar la caída de este régimen que, a todas luces, es no solo autoritario, sino corrupto”.

Fuente: https://canalabierto.com.ar