Asimismo, difundieron que presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía N° 11 y el Juzgado de Garantías Nº 1 de La Matanza, donde solicitan que se investigue la posible comisión de delitos penales durante la ejecución de tres incendios que “se habrían iniciado en forma intencional” entre el 30 de enero y el 2 de febrero de este año.

De esta manera, en el comunicado los vecinos expresaron: “Tras las fuertes lluvias de hace apenas 24 horas, queda en evidencia una vez más la importancia del Pulmón Verde Esperanza como función de humedal para absorber y contener las fuertes lluvias. Esta puede ser una de las muchas razones para seguir protegiendo como espacio natural, que siempre vemos en peligro”.

También, estos vecinos difundieron que, a causa de “los graves incendios ocurridos en los últimos tiempos” decidieron llevar adelante una denuncia para que “se investiguen sus causas y no quede como una simple quema de pasto, ya que en el pastizal hay diversidad de vida”.

“Creemos muy indispensable el Pulmón para los habitantes de Virrey del Pino, no sólo como espacio natural y cultural, sino también como un lugar de ‘esponja’ del agua de lluvia que disminuye los riesgos de inundación de la comunidad. Los ciudadanos contamos con leyes nacionales y provinciales para proteger y levantar la voz”, recordaron estos vecinos.

La denuncia

En el texto de la denuncia, a la cual tuvo acceso El1, estos vecinos solicitan “que se investigue la comisión de delitos penales en el marco de la ejecución de los incendios” acaecidos en el lote donde está situado el Pulmón Verde Esperanza. Entre la noche del martes 30 de enero y el viernes 2 de febrero de 2024 se habría iniciado, presumiblemente de forma intencional, tres focos de incendio consecuentes en espacio y tiempo en una franja de terremo equivalente a diez (10) hectáreas del pastizal”, plantearon.

Además, en la denuncia recordaron que los humedales “se encuentran protegidos por las normas signadas en la Convención Internacional Ramsar sobre los humedales”. También señalaron que Argentina aprobó esa Convención en 1991 “a través de la ley 23.919”, que entró en vigor en 1992.

“Nuestro país tiene el deber de incorporar consideraciones relativas a la conservación de los humedales en su planificación del uso del suelo. A la vez, debe crear reservas naturales que incluyan humedales –figuren o no en la lista oficial de la Convención- y promover la capacitación en la gestión y preservación de los humedales”, sostuvieron. En este sentido es importante recordar que en los últimos años diversos sectores sociales y políticos impulsan, hasta el momento sin éxito, una ley de humedales nacional.

En relación a los incendios, los vecinos marcaron que, según la Ley 26.562 de “Presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema en todo el territorio nacional”, más precisamente en su artículo 3º, se establece que “queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica”.