3 años de la ley IVE, la ley Ómnibus y las amenazas al derecho a decidir

Redacción Canal Abierto | Este sábado 30, se cumplen 3 años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una de las leyes más discutidas y militadas en la historia de nuestro país. Antes de su aprobación en 2020, las dos cámaras del Congreso de la Nación ya la habían debatido en 2018. Ese año, unos 700 expositores presentaron sus argumentos a favor y en contra en el Senado. 4,5 millones de personas vieron la transmisión en vivo de esas jornadas, solo en los canales oficiales.

Pero el germen de ese día histórico había nacido mucho antes. Ya en 2005, a partir de una propuesta surgida del Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario dos años antes, se conformó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La alianza de organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales elaboró y presentó en ocho oportunidades -la primera en 2006 y la última en 2019- proyectos de ley para que se garantice el derecho a decidir.

También fueron las feministas las que en ese Encuentro acuñaron el lema que hoy define el espíritu de la norma: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

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El reporte de diciembre/2023 del Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad -CEDES- junto al Ibis Reproductive Health, que desde 2020 monitorea la implementación de la Ley IVE, señala que desde su sanción, el aborto se incorporó como una práctica en centros de atención primaria de la salud y en hospitales en todas las provincias. Hasta octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a interrupciones seguras y legales en instituciones públicas de salud.

En ese contexto de expansión y penetración territorial de las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva, se produjo un descenso progresivo de las niñas que llevan embarazos a término (desde 2.350 en 2018 a 1.394 en 2021), lo que implicó una disminución de la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años del 43% entre 2018 y 2021.

Desde el Proyecto Mirar explican que esto se debe en gran medida a la Educación Sexual Integral (ESI) y al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA). “Por eso, el acceso al derecho a decidir es también una oportunidad para que niñas, niñes, niños y adolescentes hablen del abuso, de maternidades forzadas y de sus necesidades de cuidados”, subrayan.

En paralelo, solo entre 2020 y 2021 las muertes maternas por aborto se redujeron de 23 a 13. Como indica el reporte ‘Es mucho más que un aborto’, “son mujeres, adolescentes y otras personas gestantes con ciudadanía plena, que no mueren y pueden elegir acerca de sus vidas en libertad e igualdad”.

Aborto, mega DNU y la ley Ómnibus

A pesar de la eficacia de la que dan cuenta las cifras y lo democrático del proceso que culminó en la aprobación de la IVE, el presidente Javier Milei insiste con que “no es un derecho ganado” y de que se trata de una “ley viciada”, lo que habla de un posicionamiento puramente ideológico, en línea con lo que plantean las derechas radicalizadas a nivel global. Durante la campaña, prometió que al asumir llamaría a un plebiscito para derogarlo, algo que además es ilegal para el caso de leyes.

Fiel a ese ideario, a poco de asumir suprimió el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, pero además, el proyecto de la llamada “Ley Ómnibus” y el mega DNU 70/2023 –vigente desde ayer- incluyen medidas que erosionan el derecho a decidir, entre otras cuestiones vinculadas a políticas de género.

Así lo afirmó, en diálogo con Canal Abierto, Soledad Deza, la reconocida activista tucumana, abogada de causas emblemáticas como la de “Belén”, y miembro fundadora de la Fundación Mujeres por Mujeres (MxM).

“No hace falta revertir la ley 27.610 para vaciar de contenido el derecho a decidir. También se puede desfinanciar una política pública, también se puede empobrecer a las usuarias de tal modo que no puedan llegar a consultar. También, el estigma propio de los discursos conservadores conspira contra el derecho a decidir. También está la cuestión de la tergiversación de la terminología que no es narrativa, es política”, expresó.

Y agregó: “Esta reforma del Estado que propone Milei implica acabar con la República e instaurar una monarquía ciega a las desigualdades de género”. Así, por ejemplo, “la modificación de la ley Micaela saca la palabra “género” y se circunscribe a la violencia familiar, con lo cual se despolitiza el conflicto y nos retrotrae décadas”. “Otro tanto ocurre con las referencias normativas a “madres” e “hijos por nacer” en la modificación de la Ley 27.610 de los Mil Días. Es mucho más que semántico, es reconocer una personalidad jurídica fetal que no existe con la cual imponer maternidades forzadas”, señaló. “El giro biologicista también es innegable cuando sacan “persona gestante””, advirtió Deza.

Al respecto, Silvina Ramos, investigadora del CEDES y del Proyecto Mirar, explicó que ese corrimiento discursivo “eventualmente podría afectar a futuro a la Ley 27.610”. Así, “sabemos que el concepto de “niño por nacer” ha sido históricamente parte de una batalla ideológica, algo que no existe en las regulaciones y que en realidad trae consigo una carga estratégica vinculada a la penalización de las mujeres con relación, por ejemplo, a la interrupción voluntaria del embarazo. Un debate que la sociedad argentina y la dirigencia política ya saldó en el 2020 con la Ley 27.610”, precisó.

La exclusión de la denominación de “persona gestante”, en tanto, “nos hace pensar en qué va a pasar con las personas que quedan embarazadas y no son mujeres desde el punto de vista de la identidad de género. Hay una exclusión del reconocimiento a algunas poblaciones que es preocupante y discriminatorio”, alertó la especialista.

Otro punto grave que trae la propuesta de la Ley Ómnibus -apunta Ramos- es la supresión del principio de autonomía progresiva de los adolescentes, lo que va en contra de un principio constitucional, que forma parte del corpus normativo de Argentina y que está reconocido por el derecho internacional, por ejemplo, en la Convención de los Derechos del Niño.

“Concretamente, implica que los adolescentes en vez de poder tomar decisiones autónomas -según su edad, con el apoyo de algún referente significativo para su vida afectiva-, sea un médico, un padre, una madre, un miembro del equipo de salud quien decida en su nombre, por ejemplo, respecto a si continuar o no un embarazo, a si llevar a término un embarazo. Eso obviamente mella sustancialmente un derecho de las adolescentes a tomar decisiones sobre sus propias vidas”, explicó.

El mega DNU 20/2023 trae otra medida que podría afectar la implementación de la IVE: el cierre de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y la derogación de la ley de fabricación estatal de medicamentos.

Según Ramos, “esto podría impactar en la disponibilidad de dos drogas que son básicas para la atención de un aborto seguro: el misoprostol y la mifepristona, declaradas esenciales por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. “Al mismo tiempo -aclaró -es importante señalar que existen laboratorios públicos provinciales, como el de Río Negro, San Luis, y otras provincias, que fueron establecidos por leyes provinciales, que muy difícilmente puedan ser eliminados por ley nacional”. Sí, agregó, podrían surgir desafíos vinculados a incentivos fiscales.

A tres años de la Ley IVE, Ramos también informó que la Línea 0800 de Salud Sexual, “piedra angular en la política de acceso a derechos sexuales y reproductivos”, sigue activa y “esperamos que siga vigente”, subrayó. Desde su puesta en marcha, la línea recibió 40.563 consultas, 92% de las cuales fueron sobre aborto. La Línea, que cuenta con un equipo “altamente capacitado”, “permitió que la población con dudas de a dónde acudir, de qué le podía pasar, o qué necesitaba resolver frente a lo que se percibía como una dificultad -sea en relación a anticoncepción, aborto o abuso- pueda recibir información actualizada, científica, respaldada por el marco normativo, y tomar decisiones libres e informadas, o acudir a un servicio de salud en el que le ayudaran a resolver su situación”, detalló la investigadora del CEDES.

En esta línea, Deza sí llamó la atención sobre el rol del ministerio de Salud. “Lo vemos complejo porque porque la rectoría de la política pública que ejercía el ministerio de salud desaparece o se desdibuja al desjerarquizar”, indicó.

La abogada también se refirió a otros aspectos que trae el proyecto de la Ley Ómnibus, vinculadas a la posibilidad de defender esos derechos. “El agravamiento de penas para la protesta social, la criminalización de la resistencia a autoridad y las reuniones, y el incremento de poder policial pondrán a su vez en jaque la resistencia y la capacidad de quejarnos”.

Por esto, “veo un ensombrecimiento muy desolador en el país y la clave estará en que el Congreso no entregue al pueblo a la rapiña de los poderosos, porque estas “bases” son de una Argentina donde unos pocos domesticarán a todo un país a través del hambre y la violencia”.

30 D

Con la consigna de “en la calle la conquistamos, en la calle la defendemos”, la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito llama a sumarse a las acciones que se desarrollarán hoy en distintas ciudades como CABA, La Plata y Santa Fe. 

Como dijo hoy Elsa Schvartzman, histórica de la Campaña, en declaraciones a Radio UNLA, “desde que se sancionó la ley sabíamos que era indispensable seguir activando y monitoreando la aplicación de la ley, sabíamos que haber conquistado y obtenido la legalización era una etapa”.