Un 2023 definido por las urgencias ambientales
Año a año se multiplican los esfuerzos de la comunidad científico-tecnológica, junto a otros actores sociales, para dar lucha al cambio climático y a las adversidades que plantea la destrucción de hábitats y ambientes.
Desde hace algunos años, las problemáticas ambientales han ganado terreno en la agenda periodística y el 2023 no ha sido la excepción. Ya para comienzos de año, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) presentaba en conferencia de prensa su Informe de Síntesis, un reporte que reúne lo más destacado de los seis informes realizados desde 2018 y que se consolidaba como la más extensa literatura y la mayor evidencia científica sobre cambio climático de la historia.
El mensaje de la comunidad científica en este documento fue contundente y claro: no hay más tiempo y, si no se avanza en acciones concretas de adaptación al cambio climático y no se reduce el uso de combustibles fósiles para pasar hacia un modelo económico basado en energías renovables, los daños serán irreparables. Eso sí, aún parecería haber un margen de esperanza, solo posible a través de la cooperación internacional política y del financiamiento equitativo para que se implementen las medidas necesarias.
“La incorporación de una acción climática efectiva no solo reducirá las pérdidas y los daños para la naturaleza y las personas, también proporcionará beneficios más amplios”, aseguró, durante la conferencia, el presidente del IPCC, Hoesung Lee. «Este informe de síntesis subraya la urgencia de emprender acciones más ambiciosas y muestra que, si actuamos ahora, todavía podemos asegurar un futuro sostenible y habitable para todos”, afirmó en su presentación.
Por otra parte, y en el plano local, científicos de diversas disciplinas trabajaron para conformar un Inventario Nacional de Humedales, un instrumento para la gestión sustentable de los humedales y para el ordenamiento ambiental del territorio.
“Hay que pensar que los humedales están en el territorio, junto con los habitantes, que son quienes están vinculados y viven en los alrededores. Es lo que nos lleva a pensar que un inventario tiene que estar al servicio de la población, para que se conozca la biodiversidad con la que contamos y qué posibilidades de desarrollo existen en estas zonas”, señaló Patricia Kandus, investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de San Martín.
Su particularidad es que son ecosistemas que se definen desde su función y no desde su estructura. Los humedales pueden ser bosques, praderas de plantas herbáceas o lagunas de aguas abiertas, entre otros. “Lo que los clasifica es cómo funcionan y esto depende mucho de qué es lo que hay alrededor, si son ciudades, edificaciones o más vegetación”, explicó la doctora en Ciencias Biológicas.
Menos plástico en el agua, menos pilas en la naturaleza
En el plano regional llegaron buenas noticias ambientales: la Autoridad de la Cuenca Matanza- Riachuelo (ACuMaR) venía realizando semestralmente estudios que permiten conocer el tipo de residuos extraídos del agua y el porcentaje estimado de la cantidad de desechos. Las cifras del reporte de abril fueron alentadoras: se redujo la cantidad de plásticos.
“Desde la organización, dividimos la Cuenca en tres tramos: Alta, Media y Baja. En cada una, según el uso del suelo y la situación socioambiental, se generan distintos tipos de residuos”, explicó Ricardo Rollandi, director de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la ACuMaR.
En el estudio anterior, publicado en septiembre de 2022, los residuos más predominantes habían sido restos de ramas forestales y desmalezado, con un 30 por ciento. Aunque, en febrero de 2022, el primer puesto se lo quedaron los plásticos, con un 46 por ciento. Para Rollandi, el panorama parece dar buenas señales. “Lo que está claro es que bajaron las cifras de residuos sólidos flotantes. Esto quiere decir que se está resolviendo el problema antes de que el residuo llegue al río”, aseguró.
A su vez, especialistas de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) y la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) pusieron en marcha en la localidad matancera de Aldo Bonzi la primera planta piloto de Argentina que utiliza microalgas para descontaminar el agua, al mismo tiempo que produce biofertilizantes. El objetivo del proyecto es valorizar la biomasa algal que se cultiva en los reactores de la Planta, usando como insumo los efluentes cloacales que llegan a la Planta Depuradora Sudoeste de AySA.
Estas microalgas, que generan el característico color verdoso en los cuerpos de agua, son las encargadas de, mediante fotosíntesis, eliminar los nutrientes y favorecen la actividad de bacterias que degradan la materia orgánica del agua residual para lograr su saneamiento. “Hay un concepto de economía circular que engloba el proceso y eso es lo que lo hace tan innovador. Buscamos sanear y descontaminar con un producto -las microalgas- que, a priori, carecen de valor, pero al generar biomasa se produce un valor ecológico y, por ende, potencialmente económico”, afirmó Carolina González, especialista del Centro de Investigaciones de AySA (CIAySA) y parte del proyecto.
En la misma línea de poder recuperar elementos que en un primer momento parecen altamente contaminantes, un grupo del CONICET busca alternativas para recuperar los metales peligrosos que componen las pilas y baterías para reutilizarlos en diversos ámbitos de la industria. Los expertos advierten que es necesario un manejo sostenible y circular de estos desechos para transformarlos en recursos.
“Cuando decimos que una pila está agotada, es porque, quizás, ya no puede hacer funcionar ciertos artefactos, pero, en realidad, por dentro, siguen ocurriendo reacciones químicas. Cuando llegan al agua o al suelo, estos metales, en ciertas cantidades, pueden ser tóxicos y, por este motivo, no pueden tirarse junto a los residuos comunes”, explicó Victoria Gallegos, investigadora del CONICET.
Entre las recomendaciones del equipo para la vida cotidiana, los expertos destacaron la reducción del consumo de artefactos y dispositivos que requieran este tipo de baterías o, bien, el uso de pilas y baterías recargables que presentan una mayor durabilidad y calidad y, por ende, un impacto más positivo en el ambiente.
Según la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, Argentina importa al año entre 5.000 y 6.000 toneladas de pilas, las cuales tardan entre cien y 300 años en degradarse y sólo tienen tratamiento menos del 50 por ciento de ese total. Además, se estima que cada pila puede contaminar alrededor de 6.000 litros de agua.
“La reutilización es una gran salida, sobre todo, en estos tiempos. Avanza todo tan rápido y todo tiene una vida útil finita, que pensar en reciclar y volver a insertarlo en una cadena productiva es novedoso y acompaña los principios de la economía circular”, agregó Gallegos.